Desde San Salvador de Jujuy

En septiembre de 1979, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inspeccionó la Escuela de Mecánica de la Armada uno de los centros clandestinos con más de 5.000 desaparecidos. Para evitar coincidencias con las denuncias que hacían sobrevivientes y familiares, el Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA realizó numerosos cambios estructurales para enmascarar el edificio visibles hasta hoy. Anuló la escalera al Sótano donde funcionaban las salas de tortura. Sacó el ascensor de cuyo sonido hablaban los testimonios. Y trasladó a los detenidos a una isla del Tigre. A más de 37 años, otra delegación de la CIDH vuelve al país a visitar por primera vez a una detenida política. Pero en el Penal de Mujeres del Alto Comedero en Jujuy, donde está Milagro Sala encontrará totalmente transformada la celda de aislamiento, castigo y tormentos. Los trabajados de remodelación contra reloj comenzaron hace tres semanas, cuando el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, anunció su visita a Jujuy. El Servicio Penitenciario pintó la celda para trasformarla en oficina. Como notaron que el embellecimiento era demasiado obvio, volvieron a dar otra mano de pintura para añejarla. Cuando el 11 de mayo una delegada del Grupo de Trabajo de la ONU visitó a Milagro Sala y a sus compañeras el Penal del Alto Comedero, las presas lograron hacer que le mostraran el lugar. Entonces, todavía estaba. El gobierno de Gerardo Morales no quería que se repitiera ese escenario. 

La delegación que llegará hoy está compuesta por el presidente de la CIDH, el peruano Eguiguren, también relator para los casos de Argentina. La segunda vicepresidenta del organismo, comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y el abogado especialista en derechos humanos Jorge Meza, del Grupo de Protección encargado de tramitar las solicitudes de medidas cautelares, entre las que está en estudio el caso Milagro Sala presentado por el CELS, Amnistía Internacional y Andhes el año pasado. De acuerdo a la información del área de comunicación del organismo internacional, la delegación llegará por la mañana y dejará la provincia por la tarde. Mantendrá una reunión de 45 minutos con el gobernador Gerardo Morales –entre las 10.30 y 11.15– un encuentro que estaba previsto inicialmente para la tarde, pero que fue reprogramado por un viaje a Salta del gobernador. A partir de las 14.30 los miembros de la CIDH estarán en el Penal del Alto Comedero por un largo período de tres horas, lo que fue leído como una buena noticia.

Milagro está ansiosa desde hace días. “Los espero con muchísima expectativa”, dijo ella misma a Telesur. “Que vengan a ver las condiciones y también que vean cómo está Jujuy, militarizada y donde lamentablemente nadie puede manifestarse sin que le abran causas, como quien les habla, que está detenida para frenar la protesta social”. Ella es muy consciente de lo que sucede fuera de las paredes de la cárcel. 

  El último 11 de mayo llegó la delegación de dos integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que ordenó al Estado argentino la libertad inmediata de Milagro Sala. A la tarde, Sètondji Adjovi, de la República de Benín y Elina Steinerte, de Letonia, hicieron una reunión con unos cincuenta representantes de organismos de derechos humanos, de ATE, del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar y líderes de la Tupac Amaru, entre otros espacios. En el noveno piso del hotel Howard Johnson escucharon a Santiago Hamud, dirigente de la Fede de Jujuy, contar aquella persecución que sufrió el año pasado cuando tres policías lo amenazaron con volarle la cabeza de tres tiros. Al hacerlo, Hamud les dijo que lo había seguido una camioneta sin patente con policías de civil, “igual a la que ahora mismo está estacionada acá afuera”, explicó. Al terminar, Adjovi bajó con Hamud en el ascensor para ver la camioneta. La camioneta ya no estaba, pero el joven le mostró un video que había grabado al entrar al hotel en el que se veía la camioneta y el edificio mientras se oía su relato.

–¡Ah, sí! –exclamó Adjovi–: son los mismos que nos siguieron a no-  sotros desde que llegamos a Jujuy.

Volvieron al ascensor. Hamud le dijo que no sólo eran esas camionetas, sino que también hay patrulleros que no usan patente. 

–Sí, si –lo tranquilizó el delegado–. No te preocupes, soy negro pero no soy ciego.

Esa misma mañana Elina Steinerte, del GT de la ONU, había estado con Milagro Sala. Cuando Steinerte pasó por la celda de castigo del penal, las celadoras le dijeron, para intentar despistarla, que era una habitación en desuso con caños rotos. Graciela López es una de las cuatro detenidas políticas de la Tupac Amaru presas en el penal.

–¡Noooo! –gritó cuando escuchó a las celadoras–. ¡Esa es la celda de castigo! 

Las celadoras intentaron sacarla de ahí pero Graciela siguió hablando en voz alta. A los gritos le dijo que ese era el lugar al que llevan a las presas cuando las torturan. “Yo estoy pared de por medio, escucho los gritos y en esos momentos pateo las puertas para que paren, para que sepan que los estamos escuchando. Yo tengo la obligación de decirlo –agregó tal como el mundo al vio en su declaración frente a los jueces–: porque soy una presa política”. 

Steinerte observó, entonces, lo que muchos visitantes del penal escuchan cuando se encuentran con las detenidas. La celda de castigo está/estaba ubicada al lado de los calabozos de Graciela, Gladys Díaz, Mirta Aizama y Mirta Guerrero, todas de la Tupac. Ellas cuentan que en muchas ocasiones escuchan por las noches los gritos de las personas a las que llevan ahí, en algún caso las esposaron con las manos atrás y engrillaron los pies y suelen hacerlas dormir arriba de una chapa. Las detenidas se quejan. Y dicen que esas historias que escucharon en documentales de la dictadura ahora las están viviendo.

“Para todos los que vivimos escuchando declaraciones de los juicios de lesa humanidad existe un paralelismo completo en esta causa”, dice Elizabeth Gómez Alcorta, defensora de Milagro Sala. “Cuando Graciela me contaba esto hice una asociación directa con ese contexto. Así se lo dije. No poder dormir escuchando los gritos de las torturas es el relato de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención. Pero ella también decía que para ella era una tortura tener que escuchar los relatos de la tortura, y eso es así: eso forma parte de los tormentos. Pero esto no es un centro clandestino de detención, justamente ese es el problema”.

El 17 de abril de 2017, el juez Gastón Mercau –padre de los nietos de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy– rechazó un pedido de habeas corpus por el agravamiento de las condiciones de detención presentado a favor de dos detenidas. El juez, que es uno de los dos magistrados a cargo de la persecución de Milagro Sala, expresó que el aislamiento condicional está previsto para los casos de infracción disciplinaria, con lo cual justificó los tormentos. 

Pero los castigos están inscritos en un sistema de control aún mayor. Gómez Alcorta recuerda que no sólo el penal impone un sistema de control de material político sino todo tipo de restricciones ilegales. “No sólo no permiten el ingreso de todo tipo de material, como un diario, de papeles, como sucedió con las cartas o las fotos. El Servicio Penitenciario tampoco deja entrar nada con la imagen de Milagro, nada con una imagen que entienda que puede ser política. Otra instancia es que en el ingreso al penal a las personas les preguntan a qué partido político pertenecen. Son cosas que se dan en ese mismo marco con un sistema ilegal por donde se lo mire y donde el control político es perfecto”. 

El 27 de abril visitaron a Milagro los parlamentarios Ana María Corradi y Mario Metaza de Argentina y Lilian Galán por Uruguay. Quisieron entrar con una nota de solidaridad firmada por los diputados del Parlasur en la que describían a Milagro Sala como presa política. Como el texto decía “presa política” no pudieron entrarlo al penal. El detalle forma parte de una denuncia que ellos mismos presentaron a la CIDH. Ahí incluyen además una foto de un patrullero sin patente que los siguió todo el día, como los que se mueven por Jujuy.

“Posteriormente a la visita del penal fuimos a conocer las instalaciones de la organización barrial Tupac Amaru, así como el barrio construido por la misma –explicaron–. Durante todo ese tiempo fuimos escoltados sin nuestro consentimiento por una camioneta policial con efectivos armados. Uno de los integrantes de la delegación realizó fotografías al vehículo, lo cual provocó la inmediata reacción del personal policial bajándose rápidamente del móvil. Por nuestra parte se les explicó que las fotografías se tomaban para salvaguardar su función. Puede apreciarse en las fotos que se adjuntan, que el vehículo no portaba matrícula en forma visible. Al ser consultado el personal policial allí presente, por los motivos que justificaban el seguimiento de nuestra recorrida, se nos contestó que era ‘por prevención’. En nuestra opinión la presencia policial entorpeció nuestra tarea, en tanto evitó eficazmente que ningún vecino se acercara a dialogar con la delegación. Creemos que toda la situación refleja el clima de intimidación que se vive en la provincia”.