Tras el fuerte paro de colectivos de Córdoba, que paralizó por nueve días el transporte urbano en la capital provincial, el oficialismo logró declarar en la legislatura local al transporte como un “servicio esencial” para limitar el derecho a protestar de los trabajadores. El PRO había intentado hacer lo mismo a nivel nacional pero no consiguió la cantidad de avales necesarios en el Congreso. La declaración fue aprobada por los legisladores de Unión por Córdoba, UCR, PRO y el Frente Cívico, quienes también calificaron “servicio esencial” provisión de agua potable y energía y limitaron así el derecho de huelga en dicho rubros. La ley especifica  que los trabajadores deberán avisar con una anticipación de cinco días la realización de cada protesta y establece penas para los casos en que no se garantice el servicio mínimo. La aprobación de la norma reforzó la postura del intendente radical Ramón Mestre, quien apoyó a las empresas de transporte urbano local y desconoció el acuerdo que habían alcanzado los trabajadores en el Ministerio de Trabajo provincial. La Mesa de Enlace de Gremios de Córdoba, las CGT Regional Córdoba, la Nacional y Popular Rodríguez Peña, la CTA Autónoma y la CTA de los Argentinos se manifestaron en las cercanías de la Legislatura para expresar su rechazo a la ley, que calificaron de inconstitucional. “Una vez más, el poder político intenta avanzar sobre los derechos de los trabajadores. Vienen cocinando a fuego lento la criminalización de las protestas sociales y gremiales”, señalaron desde las centrales obreras y anticiparon que recurrirán a la Justicia.