Apenas 24 horas después de la inscripción del frente Unidad Ciudadana encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal federal Guillermo Marijuan se metió de lleno en la disputa electoral al solicitar que se cite a prestar declaración indagatoria a la ex presidenta por presuntos vínculos comerciales con el empresario Lázaro Báez. La embestida judicial tiene lugar en el marco de la causa denominada Ruta del dinero K: el fiscal acusa a la ex jefa de Estado de integrar una “sociedad delictual” con el dueño de Austral Construcciones, quien está detenido en una causa por lavado de activos, que le habría permitido al empresario actuar “al amparo del poder”. La decisión de citar o no a indagatoria a CFK está ahora en manos del juez federal Sebastián Casanello.

Cristina Kirchner “no puede negar, bajo ningún punto de vista, los numerosos vínculos que demuestran su inexorable sociedad delictual con Lázaro Antonio Báez”, escribió Marijuan. “Su aporte no sólo fue para decidir el negocio que disparaba los fondos estatales a manos de aquel sino que también debió encargarse de que se mantuvieran en reserva todas las maniobras”, sostuvo el fiscal en un dictamen de 65 carillas.

Para justificar su solicitud en el arranque de la campaña electoral, el fiscal Marijuan argumentó que tanto durante la presidencia del fallecido Néstor Kirchner como en la de su esposa hubo una “incidencia del poder político de máximo nivel”. Según dijo, eso quedó demostrado en la ausencia de “alertas de organismos oficiales nacionales -Banco Central, Unidad de Información Financiera, Oficina Anticorrupción, etc-, ni tan siquiera del Banco de Santa Cruz”. También considera que está demostrado que ambos ex mandatarios eran “socios” del empresario.

En la causa por lavado de activos, el juez Casanello debe resolver las situaciones procesales de 27 acusados. En la lista de acusados están los cuatro hijos del empresario Báez.

El pedido de Marijuan de que la ex presidenta sea indagada se suma al que a fines de abril realizó la Unidad de Información Financiera (UIF). Ese organismo solicitó la indagatoria de CFK y la de un grupo de ex funcionarios como miembros de una asociación ilícita destinada a cometer una pluralidad de delitos. Casanello, sin embargo, lo rechazó.

La solicitud de la UIF se produjo luego de que la Cámara Federal porteña frenara la elevación a juicio oral de un tramo de la causa en la que se investiga al detenido empresario Báez y le ordenara a Casanello ampliar la imputación en relación al presunto origen en la obra pública de ese dinero. La UIF pretendía que la ex mandataria y los ex funcionarios fueran indagados como integrantes de un grupo que desvió dinero público, como delito precedente a la maniobra de lavado por la que se encuentra procesado Báez. Por ese hecho, sin embargo, la ex presidenta ya está siendo investigada en otros expedientes, por lo que de haber lugar al reclamo de la UIF, implicaba perseguir a CFK por segunda vez por el mismo delito, cosa que es ilegal.

Casanello deberá definir ahora si hace lugar al pedido de Marijuan hizo tras la inscripción del kirchnerista frente Unidad Ciudadana y en momentos en que la ex presidente prepara su lanzamiento electoral.