Sasha estaba de pie sobre el pedestal del mástil mientras levantaba un cartel manuscrito que era centro de la mirada periodística. Estoica, con sus 7 años, rodeada de un mundo de gente, enseñaba el texto a quien mostrara interés. “Si me quitás mi pensión/me quitás mi traslado/me quitás mis sonidos/me quitás mis derechos/me discriminás”, se leía. Sasha es hipoacúsica y es apenas una de las personas con algún tipo de discapacidad que ayer irrumpieron en el Obelisco, se hicieron visibles, para reclamar por sus derechos que para funcionarios y cierto periodismo son meros beneficios.

El anuncio de baja de las pensiones por diferentes tipos de discapacidad por parte del gobierno fue el disparador. Pero alrededor hubo más que eso. O el reclamo no vino solo. Ayer, en el Obelisco, irrumpió la presencia, el reclamo por ser vistos y reconocidos por buena parte de la sociedad. Ayer, fue un conglomerado de dolor en sintonía con risas, de ternura como soporte de algunas dificultades visibles y muchas más que no lo son. Porque para la sociedad entrecomillas normal (quién será capaz de fijar esa línea difusa) la discapacidad es lo visible de un iceberg al que la misma sociedad ayuda a sumergir.

La plazoleta sur del Obelisco quedó atravesada por la concentración. Estaban las banderas de ATE, de la CTA, una carpa levantada por la organización No Matarás; los Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires; institutos de formación en educación especial como el ISPEE (Instituto Superior del Profesorado en Educación Especial), o APEBI (Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia), o Hablemos de Autismo. Estaba Nilda, de Salta, con su bandera whipala multicolor, para extender su mano solidaria.

Pero especialmente había una multitud de carteles y cartelitos individuales, trazados a mano sobre cartulinas con birome de color. Sostenidos por sus manos, colgados de sus cuellos, por chicos, por adultos, cuadripléjicos, no videntes, con síndrome de Down, hipoacúsicos, mudos. Estaban en sillas de ruedas, o tomados de la mano como la línea de no videntes del Instituto Rosell, de San Isidro, que ingresaron a la multitud de la concentración guiados por delante y tomados de la mano, en una línea. “Lo que vos llamás error son derechos humanos”, decía uno de los carteles personales. “Tengo capacidad diferente, vos sos un incapaz indiferente”, sintetizaba otro.

Era la presencia pura y directa de los sujetos de la discriminación habitual. Para una sociedad donde las rampas para bajar la vereda son parte del estacionamiento, imagen de la más pura discriminación y del desinterés por el otro, la aparición de uno o dos millares de personas con dificultades físicas de algún tipo pudo resultar urticante. Especialmente si el reclamo incluyó el corte total de la 9 de Julio y Corrientes (sí, ambas) produciendo una infinita columna de vehículos en ambas avenidas a las siete de la tarde. Hora precisa para ser vistos.

Fue tal el impacto que produjeron los chicos down blandiendo sus carteles, o personas en sillas de ruedas confrontando con los paragolpes de la congestión, fue tan visible el reclamo, y tan evidente y patética la carga sobre el gobierno y su decisión de discriminación, que la propia Carolina Stanley anunció en un comunicado una marcha atrás en la quita, que no es tal marcha atrás sino un filtro para reclamos (ver aparte). 

“Primero dan de baja todas las pensiones, y después dicen que fue un error y ponen un 0800 para que reclames, estos tipos son unos desgraciados”, comentaba una madre con un chiquito down en brazos, mientras a unos metros, una pareja jugueteaba con un cochecito doble, con mellizos, uno de los cuales también sufría el síndrome.

Macri, Stanley, pero especialmente Michetti, se llevaron la reprobación y el odio de los manifestantes. Macri es la cabeza del gobierno que decidió poner en práctica el decreto; Stanley es la representante del Ministerio encargado de la presunta acción social (invertida); Michetti, en la concentración, fue lisa y llanamente considerada una traidora, y vincularon a su pareja, Jorge Tonelli, vinculado a la industria de los medicamentos, con los negociados sobre la salud. En un twitter que circuló durante la marcha se mencionaba “Michetti y Triaca, lo que es capaz de hacer la diferencia de clase”.

En un micrófono abierto que convocó la atención de parte de los concentrados, una joven, Dolores, de los Judiciales, denunció la ceguera discriminadora del gobierno, y a la sociedad, al doble estándar, a la Corte de Justicia para que dicte de oficio la inconstitucionalidad de la medida del gobierno. “La mayoría de la gente no tiene la menor idea de lo que sufrimos”, gritó Dolores y cientos la aplaudieron.

A un costado, sobre uno de los bordes de la plazoleta sur, David distribuía sus remeras para la venta sobre el piso. Todas tenían alguna alusión al momento: “Clarín miente”, decía una con la imagen de Videla. Otra decía “Nunca más” y así, cantidad de motivos que ofrecía, ofrece y ofrecerá este gobierno. David trabajaba en el Ministerio de Desarrollo, en el programa “Las calles son nuestras”. Cuando llegó Macri, tomó el nombre sin metáfora, en lo literal, y los dejó en la calle.

Más allá, Ulises, con su poquito tiempo de vida, y su síndrome de Down, sonreía a la cámara mientras mostraba desde su cochecito de bebé un cartel contra la quita de las pensiones. Del otro lado, los chicos del equipo de Fútbol Diferente bailaban al compás de los bombos. Por una vez, el dolor y el sufrimiento se entreveraron con las miradas públicas y salieron a la luz. Mientras, la larga fila de autos de Corrientes y de la 9 de Julio se transformaba en una serenata de bocinas por la pérdida de derechos de libre circulación y llegada al lugar que sea sin-que-el-mundo-me-moleste. No se recuerda semejante serenata de indignación por el escándalo de Su Giménez cuando se hizo pasar por discapacitada para importar con facilidades un Mercedes-Benz durante el menemato.

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Miguel y Aidéen

“La solución es divorciarnos”

“La solución que nos queda es divorciarnos”. A esa extraña conclusión llegaron Miguel y Aidéen, casados desde hace más de treinta años. Ambos son personas con discapacidad: Miguel sufrió la amputación de sus dos piernas luego de contagiarse la polio en 1956, mientras que su esposa, de 67 años, tiene una reducción visual importante como consecuencia de una enfermedad en las córneas. “Desde 1983 que recibo la pensión en tiempo y forma. Ella (Aidéen) hizo los trámites para obtener un subsidio por discapacidad”, explicó Miguel, actualmente desocupado. Con las dos pensiones más la jubilación de ella, los dos lograban, según explicaron, “alquilar una casa y vivir el día a día”. El 6 de febrero, Miguel se acercó al Banco Nación para cobrar las dos pensiones. Todos los meses, la plata que se depositaba en la cuenta de cada uno de ellos era el mismo monto (4.500 pesos) y ese día no iba a ser la excepción, aunque con un número diferente: los dos saldos dieron cero. La explicación que dio la Anses fue que Aidéen recibía, además de la pensión, una jubilación mínima y que por eso le quitaban la pensión. “Si a mi me querían sacar el subsidio, no tengo ningún problema. Pero, ¿por qué metieron a Miguel en la misma bolsa?”. La respuesta de la empleada fue que, en realidad, la actualización se hace por familia y ellos están casados legalmente. “¿Y si nos separamos?”, le preguntó Aidéen. “Esperemos que se solucione y no llegar a eso”, contestó, entre risas, su marido.

Graciela Reglof

“Personas sin corazón”

A Graciela Reglof nunca le llegó la pensión por discapacidad. La solicitó hace cinco años, tras sufrir un ACV cuando se endeudó –al punto de hipotecar su casa– para continuar con la Fundación Uuramuru (“Allá vamos” en mapuche, según explicó) que brinda asistencia integral a personas con discapacidad en la localidad bonaerense de Marcos Paz. En diálogo con PáginaI12, la mujer –que tuvo una hija con parálisis cerebral– aseguró que no vino al Obelisco a reclamar su caso sino que llegó como representante de los chicos internados. “A Ricardo Estrada, un chiquito que vive en la Fundación, le quitaron la pensión sin darle ninguna explicación a la familia. Él debe vivir con un asistente las 24 horas y la plata que recibía era un gran alivio para los padres”, mencionó Reglof. Sin la pensión no contributiva, Ricardo tampoco tiene obra social, por ende, en caso de querer cambiarse de escuela especializada, la plata debería salir del bolsillo de sus padres. “El problema con las personas con discapacidades es algo que viene de arrastre. Desde que creamos Uuramuru, en los noventa, siempre tuvimos conflictos con Profe (la obra social para las personas con pensión no contributiva). Pero esto es impensado. Que recorten el subsidio a los chicos que más los necesitan es de personas sin corazón”, comentó Reglof, directora de esta fundación que aloja a más 90 chicos con discapacidad.

David Jara

“Nadie me quería explicar”

“Me encantaría que los funcionarios de este gobierno me acompañen, tan sólo un día, a buscar trabajo.” El testimonio es de David Jara, de 26 años, quien dejó de cobrar la pensión no contributiva hace cinco meses y desde 2015 que no encuentra un empleo formal. Al igual que muchos, el joven se enteró del recorte al momento de retirar el dinero en el banco. “Recuerdo que le pedí ayuda a los empleados porque no entendía por qué tenía mi cuenta en cero”, explicó y agregó que “nadie me quería explicar por qué había perdido el beneficio”. Finalmente, un representante del Ministerio de De- sarrollo Social le contó, por teléfono, la causa del ajuste a su esposa: “La plata que cobra usted le sirve para mantener a su esposo”, fue la respuesta. “Si vivíamos mal con la pensión, imaginate ahora”, indicó Jara, quien vive en la localidad de Merlo. A la pregunta de cuándo fue la primera vez que recibió el subsidio estatal, el joven la contestó con papeles: mostró el certificado de discapacidad (le diagnosticaron retraso madurativo) y el primer recibo, con fecha de 2008, que demostraba el cobro de la pensión. “Lo que más me molesta no es el ajuste en las pensiones sino que no mejoran nuestras posibilidades. No hay trabajo, no se cumple la ley. En mi caso particular, las veces que pude entrar a una fábrica fueron porque mentí con mi enfermedad. Después de un tiempo se daban cuenta y me despedían”, dijo Jara.

Mara

“Que Michetti apoye esta lucha”

Lucas tiene 15 años. Su mamá, Mara, explica que el año que viene él tiene derecho a voto y aunque sabe que será secreto, está seguro a quien no va a elegir. “Después que un funcionario (Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales) dijo que los chicos con síndrome de down no merecen recibir una pensión, me agarró una angustia que me dura hasta el día de hoy”, explicó la madre de Lucas. Luego de diez años, Mara dejó de cobrar la pensión no contributiva por su hijo. No hubo explicación por el recorte. “No me dijeron nada, ni en la Anses, ni en el Ministerio de Desarrollo Social, ni en ningún lado. Por suerte estoy en la fundación (Obras Solidarias) que me dan una mano, pero es todo a pulmón”, comentó Mara y agregó que “la gran mayoría de la gente no tiene noción de lo que supone mantener a una persona con discapacidad, entre las camas especiales, ropa, medicamentos”. Lucas asiente a casi todas las frases que comenta su mamá y cuenta que él concurre a una escuela pública de lunes a viernes. “Los sábados y domingos voy a la fundación”, sostuvo. Esta madre contó que la mayor indignación no fueron los 4.500 pesos que dejó de recibir en su cuenta bancaria sino en “el atrevimiento de los políticos de meterse con las personas más vulnerables”. Antes que termine la noche, Mara tiene un deseo: “me encantaría ver a Michetti acá, apoyando nuestra lucha”. “Esperá tranquila”, contestó otra madre de la fundación.

Testimonios recogidos por Jeremías Batagelj.