Esa mediocre empresa pública llamada SBASE le hizo una demanda a Basta de Demoler y a Sonia Berjman porque le señalaron a la justicia que estaban haciendo la estación Plaza Francia de la Línea H en la Plaza Intendente Alvear. El inolvidable papelón fue demasiado para el macrismo en funciones, que decidió vengarse pleiteando contra ciudadanos que se plantan frente al poder del Estado por puro idealismo, sin fines de lucro, algo que al PRO le cuesta entender. La chicana no funcionó pero parece que sentó un ejemplo, porque ahora una empresa privada le hace lo mismo a los vecinos que quieren defender el Cine Teatro Urquiza.

La chicana barata la protagoniza una firma llamada Establecimientos Campana SA, que es dueña del edificio donde funcionó el cine teatro y luego un supermercado sobre la avenida Caseros. La Asamblea de Vecinxs en Defensa del Cine Teatro Urquiza fue fundada en 2013 para pedirle a la Legislatura que el edificio no sea demolido sino preservado. Lo hicieron a través de actividades legitimadas por lo mejor de nuestra tradición política y judicial, las de peticionar a las autoridades, pedir amparos a las cortes y manifestarse en la vía pública y por las redes sociales. Algún abogadito parece considerar esto ofensivo y lesionante a los intereses privados.

Y sin embargo, la demolición del cine para construir un edificio de treinta metros de altura está parada por cuestiones que no hacen a los vecinos. El 16 de enero de este año la Dirección General de Interpretación Urbanística y Registro, que no es una ONG dedicada al patrimonio ni mucho menos, le comunicó a la empresa que el proyecto que habían presentado infringe la ley. En la misma nota les avisaba que hasta el COPUA, el vergonzoso Consejo del Plan Urbano Ambiental -cómplice de toda barrabasada posible- también consideraba el proyecto inviable por infringir tanto el código como una ley nacional. 

La ley en cuestión es la 14.800, la que dice que si se demuele un teatro hay que construir otro en el nuevo edificio, exactamente lo mismo que dice la ley municipal 4104. La ley es clarísima y no presenta ambigüedades, ya fue aplicada más de una vez y hasta le da el changüí al especulador de hacer un diez por ciento menos de butacas y dividirlas en más de una sala. Pero la empresa quiere reemplazar una sala de más de 1.100 metros cuadrados por otra de apenas más de 200. Tanto la DGIUR como el COPUA pueden hacer la cuenta y ver que no cierra, con lo que bocharon el proyecto.

Nada de esto fue o es alzada de los vecinos sino de la administración porteña, pero evidentemente la empresa Establecimientos Campana SA quiere culpar a los vecinos por llamar la atención hacia un edificio de valor patrimonial. Los vecinos respondieron con altura, renovando el pedido a la legislatura porteña de proteger por ley el edificio de modo urgente. Los legisladores tienen tres opciones para cumplir con sus gobernados. Una es tratar el proyecto 385-P-2016 que presentó la Asamblea y busca catalogar con el grado estructural al cine. La otra es el 1794-F-2016 presentado por el Defensor del Pueblo porteño Alejandro Amor que protege con grado cautelar la fachada y la sala. Y la tercera es el proyecto 828-P-2017 que directamente busca expropiar el edificio y ponerlo en valor. Los tres proyectos tienen estado parlamentario. 

Para repudiar a la empresa que demanda y apoyar a los vecinos del Urquiza se puede acceder a la página https://www.change.org/p/horaciorlarreta-recuperemos-el-cine-y-teatro-urquiza-de-parque-patricios-cineurquiza y firmar pidiendo una solución al problema. Ya firmaron las ONG Observatorio del Derecho a la Ciudad, Observatorio de Patrimonio y Políticas Urbanas, Basta de Demoler, Vecinos X Roccatagliata, Manzana 66, Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Hábitat International Coalition (HIC), Movimiento Popular La Dignidad (MPLD), Frente de Organizaciones Salvador Herrera, Proyecto Riachuelo, Usina Cultural del Sur-Almagro, Red Nuestras Ciudades, La Boca Resiste y Propone, Emancipación Sur-CABA y Fundación Rumbos.