Guillermo Calviño, ex jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana de la Policía Federal, se entregó hoy en el Palacio de Tribunales, donde quedó detenido, y se dispuso su traslado a una dependencia de Gendarmería a la espera de ser indagado el lunes próximo.
Además, el juez de la causa, Ricardo Farías, ordenó un allanamiento en la casa de Calviño en busca de pruebas para el expediente en el que está imputado y que comparte junto a Pedro Potocar, ex titular de la Policía de la Ciudad, quien se encuentra detenido y procesado.
La detención de Calviño había sido pedida por el fiscal del caso, José María Campagnoli. Según fuentes judiciales, Campagnoli solicitó la prisión del ex integrante de la Federal luego de la ampliación de indagatoria que pidió el propio Potocar a principios de mayo pasado. También había sido sugerida por la Sala VII de la Cámara del Crimen porteña cuando confirmó el procesamiento de Potocar.
En aquella declaración, ante una pregunta de Campagnoli sobre qué significaba la sigla SSM hallada entre las anotaciones de un cuaderno del aún prófugo titular de la comisaría 35 Norberto Villarreal, Potocar respondió: "Supongo debe ser superioridad metropolitana, que estaba a cargo de Calviño en el año 2015 y en el año 2016 de Oscar Cejas".
Calviño había sido designado jefe de la Policía Federal transferida a la Ciudad de Buenos Aires en febrero de 2016, después de haber sido Superintendente de Seguridad Metropolitana de la tradicional PFA, y en momentos de alta tensión por la decisión política de traspasar la tradicional fuerza a la órbita porteña. En diciembre de 2016, Calviño fue pasado a retiro por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En el historial de Calviño se encuentra una imputación como partícipe de la represión a artistas en la Sala Alberdi, en marzo de 2013. Entonces era jefe de la Dirección General de Conducción Operativa de la Federal. La querella entonces lo imputó por "incumplimiento de los deberes de funcionario público en calidad de coautores" ya que, a pesar de estar en conocimiento de que había heridos con bala de plomo disparadas por la Policía Metropolitana, no adoptó ninguna medida al respecto.
En la causa central que dirige el juez de instrucción Farías se investiga el cobro de dinero ilegal a comerciantes y "trapitos" (cuidacoches callejeros) para acceder a mayor "protección" y poder ejercer su actividad sin controles, respectivamente.
Potocar está procesado como jefe de una asociación ilícita. Al tomar esa medida, el juez Farías dijo que Potocar “conformó y dirigió una organización que funcionaba paralelamente a sus funciones específicas con el objeto de que se cometan diversas conductas delictivas en procura de obtener beneficios de origen ilícito".
