El fallo de la Corte Suprema que habilitó el 2x1 para represores de la última dictadura militar sigue sumando voces en contra. A más de un mes de la acordada que sacó a cientos de miles de personas a la calle, un grupo de expertos en Derechos Humanos de la ONU solicitó al máximo tribunal que revise el fallo del pasado 3 de mayo.
“La liberación anticipada de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad con fundamentos contrarios a estándares internacionales, constituye un agravio a las víctimas”, señala el texto enviado en carácter de oficial al Estado argentino.
El fallo aprobado con tres votos de los cinco integrantes de la Corte favoreció a los represores de la dictadura con el 2x1, una ley que rigió entre 1994 y 2001. Establecía que cada día de prisión sin condena firme debía computarse doble. Aquella norma buscaba dar solución a la crisis habitacional de las cárceles, que en los 90 estaban súperpobladas. Así se dio luz verde a la libertad de un represor del Hospital Posadas sin condena firme, con la posibilidad de que por jurisprudencia el beneficio llegase a cientos de represores.
Los argumentos en contra se levantaron desde un primer momento: el 2x1 no era aplicable a crímenes de lesa humanidad, sino a delitos comunes; y en los 90, al mantenerse impune el delito por su carácter de imprescriptible, no hacía falta acogerse a ese beneficio, dado que los represores contaban con el resguardo de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, anuladas en 2003.
“La aplicación del beneficio ‘2x1’ en los juicios por crímenes de lesa humanidad implica grandes riesgos respecto de la obligación del Estado Argentino”, señalaron los expertos sobre el fallo que, una semana después, el 10 de mayo, motivó una concentración multitudinaria de repudio en Plaza de Mayo. Una ley del Congreso evitó beneficios legales a futuro, pero falta aun que la Corte se exprese en los casos en curso. Para ello convocó a las partes para opinar sobre la nueva norma emanada del Poder Legislativo.
“Al reducir la severidad de las penas impuestas, desconociendo la especial gravedad de estos delitos, viola los principios que exigen la proporcionalidad de las sanciones y podría generar una situación de impunidad de hecho”, señala la carta.
Los expertos Houria Es-Slami (Presidenta-Relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias) y Pablo de Greiff (Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición) apuntaron además que “la búsqueda de beneficios y privilegios para quienes han sido declarados responsables de este tipo de violaciones es difícil de entender para las víctimas y la sociedad, y socava los esfuerzos en favor de la memoria y la reparación de las víctimas. No sólo porque estos delitos son particularmente graves, sino también, porque esta decisión ocurre en un contexto donde la lucha contra la impunidad ha sido larga y difícil, y que no sólo en Argentina sino globalmente, está lejos de ser ganada”.
Ambos expertos también hicieron un llamado al gobierno que encabeza Mauricio Macri para reducir la demora en los juicios por crímenes de lesa humanidad que se sustancian actualmente en los tribunales.
