Los familiares de una joven que murió como consecuencia de una golpiza que le dieron tres hombres en la calle anunció que apelarán la decisión judicial por la cual los acusados, tras un juicio abreviado, fueron sentenciados a una pena de un año de prisión en suspenso. “Le dieron 25 fierrazos; los vecinos la filmaron 4 horas y ninguno saltó para salvarla. La llevaron arrastrando todo lo que pudieron hasta reventarla contra un poste de luz. La tenían atada, le pegaban, la filmaban y se reían”, relató  Marta Pozo, madre de Marisela. En compañía de su abogado, adelantó, además, que el acuerdo del juicio abreviado impidió que el crimen, cometido en marzo del año pasado en Gregorio de Laferrere, fuera considerado femicidio.

La familia Pozo denunció el acuerdo judicial y adelantó sus acciones durante una conferencia de prensa organizada por la “Mesa de Trabajo con familiares de víctimas de femicidios”, del Consejo Nacional de las Mujeres. 

El 9 de junio, tras un acuerdo entre la defensa de los acusados y la fiscalía, el Tribunal Criminal Nº 1 de La Matanza dio por terminado el proceso por el crimen con condenas de un año de prisión en suspenso para los tres acusados. En diálogo con PáginaI12, el abogado de la familia de Marisela, Matías Bernal, adelantó que va a apelar el fallo. “Ni siquiera nos dan lugar para tener un juicio justo, una instancia de debate para esclarecer todo lo que pasó. Estamos convencidos de que en un juicio vamos a probar que se trató de un femicidio”, aseguró. Voceras del Consejo Nacional de las Mujeres indicaron a este diario que “van a acompañar al abogado con el pedido de nulidad del fallo”. 

Según fuentes judiciales, el 16 de marzo de 2016 Marisela Pozo, de 26 años, afectada por un ataque de nervios, salió de su casa fuera de sí, causó disturbios en la vía pública y rompió el vidrio de un kiosco en Laferrere, partido de la Matanza, en donde vivía. Fue entonces cuando tres hombres se acercaron a ella y la atacaron. Varios vecinos de la zona filmaron con sus celulares, desde adentro de sus casas, cómo los tres hombres la golpearon con un fierro, y la arrastraron por la calle. Lo que no llegaron a registrar fue cómo luego estos tres hombres llevaron a Marisela hasta un terreno ferroviario, en donde la siguieron golpeando y la dejaron atada a un poste. El ataque duró cerca de tres horas, durante las cuales no intervinieron ni policías ni vecinos.

“En la causa consta que hubo 25 llamados al 911 durante las 3 horas en que golpearon a Maricela. Pareciera que hubo complicidad de la policía, sino por qué los asesinos se manejaron con total impunidad en el medio de la vía pública”, planteó el abogado Bernal. Marisela fue encontrada en estado crítico, todavía atada al poste, por lo que fue llevada a un hospital en González Catán en donde murió tres días más tarde. 

El 2 de junio de este año, la fiscalía y los representantes de la defensa firmaron un acuerdo que establece un año de prisión en suspenso, en el marco de un juicio abreviado, lo que no deja lugar para avanzar con un juicio oral en el que participe la querella. Esto fue homologado por el Tribunal Criminal Nº 1 de La Matanza, y comunicado una semana más tarde a la familia de la víctima. “Ellos dicen que fue un homicidio preterintencional, es decir que los agresores no tuvieron la intención de matarla, aunque la hayan golpeado durante tres horas. La golpearon y se deshicieron de ella, que es una típica práctica de los femicidas”, explicó Bernal para dar cuenta de los argumentos de la defensa. “Además dicen que no le perpetraron ningún golpe en un órgano vital que le haya provocado la muerte”, agregó el abogado, que aclaró que “el dictamen médico dice que Marisela tenía fallas multiorgánicas, esto es porque había sido golpeada en muchos lugares de manera violenta y tenía varios órganos dañados”. 

“Con este fallo, la Justicia la vuelve a asesinar a Marisela. Esto tiene que ver con la falta de perspectiva de género que tiene la Justicia, que es arcaica, clasista y machista”, sostuvo Bernal. Para el abogado no hay dudas de que se trató de un femicidio porque “fue un asesinato en contexto de desigualdad”, y la resolución de la justicia no les permite siquiera debatir en el marco de un juicio para probar su postura. “Lo terrible es que el propio fiscal es el que celebró el acuerdo. La fiscalía, que representa a la ciudadanía, tendría que garantizar la búsqueda de la verdad a través de un juicio”, agregó. 

El caso fue acompañado por el Consejo Nacional de las Mujeres. “Estábamos preparándonos para el juicio, pero esta resolución ni siquiera dio lugar a que ocurriera. Ahora acompañamos al abogado Bernal en el pedido de nulidad del fallo”, dijo una vocera. En el caso, “hay un montón de acciones de alevosía que son evidentes y la justicia desoyó”, agregó. El Consejo, explicó la vocera del organismo, presta contención psicológica y apoya a los abogados particulares de las víctimas.

Informe: Juan Funes.