La Justicia bonaerense volvió a frenar el aumento de la electricidad dispuesto por la gobernadora María Eugenia Vidal. Luego de que se dictara una medida precautelar (que es de carácter provisorio) y posteriormente esa decisión fuera revocada por la Cámara, el juez Luis Arias volvió a suspender el incremento tarifario con una medida cautelar. De esta forma, la suba de la luz queda congelada en todo el territorio bonaerense menos para el área del Conurbano cuya cobertura está a cargo de Edenor y Edesur. Arias justificó el dictado de la cautelar a raíz de una supuesta vulneración del criterio de “razonabilidad” que deberían tener las tarifas. Ahora la pelota pasa a la Cámara en lo Contencioso provincial. 

Más allá de los idas y vueltas que viene teniendo este tema en la Justicia bonaerense, la cautelar que ayer dictó el juez Arias y a la que accedió este diario contiene la respuesta oficial emitida ante la demanda de la Defensoría del Pueblo. Eso ofrece valiosa información porque deja al desnudo que la gobernación aplicó aumentos superiores a los que se desprendieron de la audiencia pública (y a los informados a la prensa) así como también exigió a las distribuidoras menores inversiones de las que las propias empresas se habían comprometido a realizar en las audiencias.

Luz roja

A principios de mayo, la administración de Vidal definió el aumento de la luz en la provincia de Buenos Aires, al otorgar el incremento tarifario para las distribuidoras que se sumaría a la suba de la energía que cobra Cammesa, establecida por el Gobierno nacional. El incremento tarifario, que se detalla en esta nota más abajo, superó con creces cualquier medición de inflación y de suba de salarios. En consecuencia, la Defensoría del Pueblo bonaerense, a cargo de Guido Lorenzino, junto a una serie de entidades de defensa de los consumidores, presentó el pedido de una medida precautelar, que tiene un carácter provisorio previo a la cautelar. El 20 de mayo, el juez Luis Arias dio visto bueno a ese reclamo y le pidió al Gobierno provincial que determine las tarifas de manera “justa y razonable”.

Sin embargo, el pasado 10 de junio, la Justicia en lo Contencioso Administrativo bonaerense habilitó la aplicación del aumento de la tarifa de luz para los usuarios del interior de la provincia de Buenos Aires, al hacer lugar al recurso de queja presentado por la Fiscalía de Estado provincial en contra de la medida precautelar. La medida de la Cámara, integrada por los jueces Gustavo Juan De Santis, Claudia A.M. Milanta y Gustavo Daniel Spacarotel, volvió a poner en vigencia el aumento.

Como anticipó este diario, la Defensoría volvió a presentarse ante el juez, esta vez para pedir una medida cautelar. Ayer, Arias dictó la cautelar que nuevamente pone en suspenso el aumento provincial de la luz.

Más papista que el Papa

Más allá de las idas y vueltas en la Justicia bonaerense, la cautelar de Arias ofrece valiosa información sobre el aumento de la luz en la Provincia. El juez detalla que la Dirección Provincial de Energía le entregó un informe que sintetiza los aumentos. De allí desprende que la suba es del 125 por ciento para el área de Edelap (La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena y Punta Indio), del 55 por ciento para el área de Edea (centro-este, que incluye a las ciudades balnearias bonaerenses), del 75 por ciento para Eden (norte y centro de la provincia de Buenos Aires, con cabeceras en las ciudades de San Nicolás, Arrecifes, Campana, Junín, Chivilcoy, Mercedes, Lincoln y Carlos Casares) y del 85 por ciento para Edes (sur de la provincia, con cabecera en Bahía Blanca).

El juez recuerda, no obstante, que según lo informado por el Comité de Ejecución del Proceso de Revisión Tarifaria Integral (CERTI), “la propuesta de aumento definida para la tarifa final de los usuarios residenciales en la audiencia pública fue del 38 por ciento para Edelap, 33 por ciento para Edea, 65 por ciento del Eden y 75 por ciento para Edes”. En todos los casos, los números de aumento que se manejaron en la audiencia resultaron inferiores a los efectivamente aplicados por la Provincia.

Por otro lado, el informe del CERTI, cita Arias, indica que de la audiencia se “desprenden las siguientes propuestas de inversión: Edelap, 3382 millones de pesos; Edea, 2252 millones de pesos; Eden, 7775 millones de pesos; y Edes, 1557 millones de pesos”. Sin embargo, “las inversiones efectivamente impuestas por la demandada –el Ejecutivo provincial– a las empresas se redujeron a las siguientes sumas: Edelap 1307 millones de pesos; Edea 601 millones de pesos; Eden 2931 millones de pesos; y Edes 983 millones de pesos”. Es decir que el gobierno provincial autorizó un aumento superior a lo evaluado en la audiencia pública, al tiempo que obliga a realizar inversiones que están por debajo de lo planteado en la audiencia.

“Si bien la determinación de la tarifa puede contemplar la sustentabilidad del sistema eléctrico, el rendimiento de las empresas concesionarias del servicio, el plan de inversión para el mantenimiento y ampliación de la red de distribución, entre otras cuestiones, ninguno de ellos puede estar desvinculado del acceso a la energía de todos los habitantes de la Provincia”, concluye el juez.

[email protected]