La puesta en común de aportes para elaborar intervenciones que permitan avanzar en la ampliación de derechos, con el objetivo de construir una sociedad más igualitaria y solidaria, es el gran objetivo del Primer Congreso Argentino de Políticas Sociales, que se llevará adelante en septiembre en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). El encuentro reunirá a referentes académicos de todo el país y actores vinculados con el Estado y los movimientos sociales.

El congreso, que en un principio estaba programado para antes de la pandemia, es organizado por la Red Interuniversitaria de Postgrados en Políticas Sociales (RIPPSO) y la UNTREF, y se desarrollará el 22 y 23 de septiembre, aunque se baraja la alternativa de sumar una jornada ante la gran cantidad de participantes con la que se espera contar.

La exorbitante deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las consecuencias de la pandemia potenciaron una crisis que requiere la intervención del Estado a través de políticas sociales. Para hacer un análisis detallado de cada una de ellas, las exposiciones estarán organizadas alrededor de ejes temáticos que incluyen debates sobre medio ambiente, feminismos, género, ciudadanía, políticas de emergencia, institucionalidad, gestión y la construcción de conocimientos para el diseño de planes de acción.

La comisión organizadora está compuesta por referentes de maestrías y especializaciones que se dictan en las universidades nacionales de Buenos Aires (UBA), La Plata (UNLP), Córdoba (UNC), Cuyo (UNCUYO), Mar del Plata (UNMDP) y San Juan (UNSJ), además de la UNTREF, todas ellas con distintos enfoques, pero con un mismo objetivo: encontrar soluciones ante el avance de la pobreza y la indigencia.

Por un nuevo pacto social

Para el presidente de RIPPSO, Jorge Carpio, urge la necesidad de “establecer un nuevo pacto social que venga a equiparar la profunda inequidad que se aprecia en el siglo XXI”. Quien está a cargo de la coordinación de la comisión organizadora y de la presentación formal del congreso asegura que discutir sobre políticas sociales “implica hablar de calidad de vida”. En esa línea, recuerda que la construcción del Estado de bienestar que se expandió tras la Segunda Guerra Mundial “fue obra de las luchas trabajadoras, y lejos estuvo de venir por gracia de los que más tienen”.

Sobre esa base, afirma que ese bienestar estaba dado por la participación ciudadana en el mercado del trabajo, que era suficiente para alcanzar una calidad de vida estándar, con condiciones sólidas de acceso a la salud para trabajadores y trabajadoras.

“Hoy eso no está, la sociedad ha cambiado sustancialmente y ese viejo modelo de mercado laboral está por los aires. Pese a esto, las formas de intervención social siguen siendo un poco rutinarias, y de ahí surge la necesidad de actualizarlas para acomodarlas a una nueva dinámica. Es precisamente lo que vamos a discutir”, explica al Suplemento Universidad.

En ese orden, Carpio aclara que tanto el contexto nacional como el global están signados por una “alarmante desigualdad”, por lo que impera ir en busca de un pacto social “diferente al de 1945, por la presencia de nuevos actores en relación con aquella época”. Un aspecto positivo, en su opinión, es que el evento a realizarse en septiembre no se reducirá al ámbito académico, algo que se evidencia en la participación que tendrán representantes de movimientos sociales que ayudarán a discutir “qué tipo de país se desea construir”.

Otro gran tema que estará sobre la mesa para el sociólogo es el vinculado al género. Sobre ese punto, señala que en aquella vieja concepción del Estado benefactor “la mujer cumplía un papel de subordinación, en el que no se consideró su rol central en la construcción de la sociedad, algo que 50 años después ha cambiado”.

“Hoy la mujer no solo juega un papel clave en la actividad económica fuera del hogar, sino que también se reconoce su trabajo dentro de la casa. Esto permite ampliar una mirada de trabajo que anteriormente estaba circunscripta a quien actuaba en la escena pública o a una fábrica. La sociedad argentina es pionera en esta temática, en lo que a movimientos feministas refiere, y a su capacidad de construir”, sintetiza.

“Ingreso Ciudadano” y reforma tributaria

Una de las propuestas más discutidas en las últimas semanas gira en torno a la posible implementación de un Salario Básico Universal (SBU), un proyecto pensado para personas de sectores vulnerables por una suma equivalente a la canasta básica alimentaria de un adulto. Este planteo se enlaza con otro tema de la agenda pública: qué hacer con los planes sociales.

Si bien el debate cobró mayor vigor como consecuencia de la crisis económica, la creación de un SBU o de un “Ingreso Ciudadano” es una iniciativa impulsada desde hace varios años por distintos actores sociales, incluido el sector académico. En ese sentido, Carpio indica que los planes sociales serán parte del análisis del Congreso, pero considerados “desde otra óptima”, enfocada a establecer un ingreso general para los sectores indigentes y/o pobres.

Laura Garcés, secretaria de Extensión de la UNSJ y una de las coordinadoras en el congreso del eje “Políticas sociales y construcción de ciudadanía”, lleva diez años promoviendo la idea de un “Ingreso Ciudadano” para toda la población, como un objetivo de máxima. “Es una propuesta similar, pero no igual al Salario Básico Universal, porque acá hablamos de una renta básica, como se la conoce en Europa, que sería un ingreso incondicional financiado por impuestos progresivos”, explica a este suplemento.

Desde su concepción, el alcance a toda la población “sería equivalente a la salud y educación pública, es decir, un derecho de ciudadanía que otorga una garantía mínima”. A pesar de una prueba piloto que hoy se lleva adelante en Cataluña, al igual que otra en Alaska, solventada con las regalías del petróleo, no es una política estable en ningún país; es por eso que la otra alternativa gira alrededor del salario básico para todas las personas que no tengan trabajo formal.

“El término universal genera confusión, porque no es para todos, sino para quienes no tienen trabajo registrado, que son muchos, y la pandemia lo ha mostrado con crudeza. Más allá de esta distinción, está claro que algo hay que hacer, es necesario sostener una transferencia permanente con un 40 por ciento de la población por fuera del mercado de empleo formal”, asegura Garcés.

Según la licenciada en Trabajo Social y directora de la Maestría en Políticas Sociales de la UNSJ, como el trabajo registrado no llega a toda la población, es necesaria la intervención del Estado para llevar adelante “una reforma del sistema tributario, que es el punto donde se pone en juego la verdadera redistribución”.

“Es por eso que la propuesta original de un ‘Ingreso Ciudadano’ contempla su financiamiento por parte de los que tienen grandes fortunas. Como sabemos que es muy difícil la idea original, desde la Facultad de Ciencias Sociales no nos vamos a oponer en absoluto a la idea del SBU, y valoramos que alcanzaría a muchas más personas que el Potenciar Trabajo, además de ser una transferencia directa sin intermediarios”, amplía.

Por otra parte, Garcés destaca la “mirada federal” que tendrá el congreso a celebrarse en septiembre, así como el diagnóstico sobre las distintas políticas sociales que se desarrollan en América Latina.

Una deuda con la participación popular

En sintonía con su colega de San Juan, Adriana Clemente, ex vicedecana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y una de las coordinadoras del eje “Institucionalidad y gestión”, considera que la discusión por la distribución del ingreso es una problemática impostergable.

“Cuando se observa un divorcio entre las áreas de economía y trabajo, la política social pasa a ser insuficiente”, enfatiza Clemente a este suplemento. Por esa razón, asegura que la discusión exclusiva por un ingreso universal “no es suficiente”, debido a que se trata de “una propuesta necesaria, pero insuficiente para atender la complejidad del momento social que se vive”.

Sobre este punto, indica que es imperioso dar una respuesta, aunque resalta la importancia de analizar los mecanismos a implementar “para que esta propuesta no se transforme en otra causa inflacionaria y licúe el valor del ingreso”.

Es por eso que la docente titular de la carrera de Trabajo Social pondera el poder que tiene la política “como arte del acuerdo” y lamenta la estigmatización instalada sobre esa palabra en amplios sectores de la sociedad: “Muchos dicen ‘yo no participo en política´, pero cuando desglosás su cotidianeidad ves que muchos son miembros de comisiones en clubes barriales o cocinan en ollas populares, y eso involucra una participación que también es política, más allá de no ser partidaria”.

Tras resaltar que es un retroceso que el lenguaje se desdibuje y genere confusiones, punto sobre el que las políticas neoliberales hacen mella, expresa: “Estamos en deuda con la participación popular y no ciudadana como se buscó instalar desde el Banco Mundial, que hace alusión a una participación decorosa. Es necesaria la presencia de múltiples movimientos y actores sociales, algo positivo que veremos en el congreso, para encontrar soluciones concretas”.

La discusión sobre la centralidad de la “institucionalidad golpeada” será el otro gran aspecto a tratar, según su visión. La participación estatal, por acción u omisión durante la pandemia, marcó una huella significativa en cada sociedad. “Más allá de todo balance que se pueda hacer, se vio que donde el Estado no estuvo el mercado hizo su juego, lejos por supuesto de resolver cualquier problema de gran peso social”, evalúa.

Sistema previsional y problemática ambiental

Otro de los ejes de reflexión parte de una hipótesis que pone de manifiesto los límites de los sistemas estatales y movimientos comunitarios para intervenir en las diversas formas de emergencias sociales y ambientales.

Nora Britos, magíster en Ciencias Sociales por la UNC, exhibe su preocupación en referencia al cambio climático y su impacto: “Hay movimientos ecologistas y campesinos que hace tiempo claman por nuevas prácticas de producción y que alertan sobre la utilización masiva de agrotóxicos que solo contaminan el planeta”.

Según Britos, Córdoba es la provincia que “más deforestó en las últimas décadas, a pesar de que existe la ley de Bosques Nativos”. Un proceso similar quedó en evidencia en Santiago del Estero, en el que “la expansión de la frontera agropecuaria, especialmente con las plantaciones de soja, ha motivado múltiples denuncias”. De allí la importancia, desde su óptica, de estimular el desarrollo de las agriculturas familiares.

En declaraciones al Suplemento Universidad, Britos plantea la necesidad de mantener una discusión seria sobre el sistema previsional argentino y cuestionó la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), creada durante la gestión de Cambiemos, que asigna un 80 por ciento de la mínima a aquellas personas que no alcanzaron los 30 años de aportes.

“Es una pensión que no deja derecho a pensión. Por lo tanto, cuando se produce el fallecimiento el cónyuge o un hijo/a discapacitado/a no recibe nada y queda sin acceso a ese ingreso”, apunta. También, marca la necesidad de prorrogar las moratorias jubilatorias que aún existen para las mujeres como una medida “para no caer en la PUAM, que realmente desfigura el derecho a la seguridad social de las personas mayores y genera un tratamiento desigual”.

Para la investigadora, la gran cantidad de trabajo informal representa un problema a largo plazo al impedir que una parte de la población no alcance los 30 años de aportes. Por esa razón, considera “muy positivo” el proyecto presentado a principios de mayo en el Senado por el Frente de Todos que impulsa la creación de un nuevo plan de pago de deuda previsional, ya que tiene como objetivo resolver, temporariamente, qué hacer con los aportes que faltan.

“El senador Mariano Recalde puso de manifiesto que, ante la pérdida de vigencia de la última moratoria, hoy apenas una de cada diez mujeres que cumplan 65 años tienen los 30 años de aportes, y solo tras de cada diez varones. Ante este contexto, impulsar un debate profundo sobre el camino a seguir en materia previsional me parece vital”, subraya.

A partir de este conjunto de propuestas, el Primer Congreso Argentino de Políticas Sociales se presenta como una oportunidad única para el diseño de estrategias no solo contenedoras, sino, potencialmente, transformadoras. “La situación en el mundo es tan alarmante que puede llevar a un caos indetenible”, alerta Carpio. Sin dudas, serán objeto de debate los caminos a seguir para que ese panorama no se concrete en la realidad.