La fiscal federal Paloma Ochoa solicitó ayer que se investigue si representantes de una empresa del Grupo Techint pagaron sobornos en Brasil con la finalidad de obtener la adjudicación de la obra de construcción de la central nuclear Angra III en Río de Janeiro. El pedido responde a la denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) sobre el presunto pago de coimas al titular de la estatal Eletronuclear, Othon Luiz Piñeiro Da Silva, por parte de la filial de Techint Ingeniería y Construcción, contratista de Electronuclear y subsidiaria de Electrobras. 

La denuncia de la Procelac por supuestos sobornos recayó en el juzgado de Sebastián Ramos, quien giró el expediente a la fiscal Ochoa para que decida si abre una causa penal. La multinacional Techint está acusada de integrar un cartel de 15 empresas constructoras, donde también participó Odebrecht. Una de esas obras, una usina nuclear que encargó la estatal Eletrobras Eletronuclear, consistía en el montaje electromecánico de la central en dos etapas.

La investigación que solicitó Ochoa buscará determinar si entre 2009 y 2014 directivos de Techint Ingeniería y Construcción, por medio de su filial Engenharia Construcoes (Tebra), sobornaron a Pinheiro Da Silva, según el sitio fiscales.gob.ar. 

Los hechos investigados tienen relación con los que motivaron allanamientos en Brasil, en la causa denominada “Radioactividad”, ordenados por el juez Sergio Moro, a cargo de la investigación conocida como “Lava Jato”, y también involucran a Odebrecht y otras constructoras brasileñas. En ese procedimiento fue detenido Ricardo Ourique Marques, director general de la filial en Brasil de Techint Ingeniería y Construcción, empresa que forma parte del holding de Paolo Rocca, la trasnacional ítalo-argentina.

Las licitaciones de la usina se realizaron entre 2012 y 2013 y se adjudicaron en 2014. De acuerdo a los documentos de la causa Lava Jato, los sobornos por esta obra alcanzaron los 30 millones de reales, unos 10 millones de dólares. El monto equivale al 1 por ciento de los contratos de dos licitaciones, que alcanzaron los 1000 millones de dólares. 

En ese marco, la denuncia de la Procelac sostiene un supuesto pago de alrededor de 4,5 millones de reales (aproximadamente 1,3 millones de dólares) en concepto de sobornos Piñeiro Da Silva por medio de su empresa Aratec. En su presentación, Ochoa remarcó que el Procurador Brasil, Rodrigo Janot, apuntó a las incompatibilidades resultantes de la actuación de Piñeiro Da Silva como presidente de Eletrobras y a su vez titular del paquete accionario de esta empresa en Aratec. 

La fiscal Ochoa trabajaría de manera coordinada con sus pares de Brasil, de acuerdo a los últimos acuerdos de cooperación bilateral suscritos entre los ministerios públicos de ambos países. En la investigación, la fiscalía recurrirá también al Convenio de Cooperación Jurídica Internacional acordado en la Declaración de Brasilia sobre la Corrupción Jurídica Internacional contra la Corrupción.