El aumento de la desocupación hasta 9,2 por ciento en el primer trimestre del año coincidió con una disminución en el otorgamiento de planes Repro (Recuperación Productiva) por parte del Ministerio de Trabajo. Desde el inicio de la gestión de Jorge Triaca en esa cartera se produjo un achicamiento del programa, cuya función es evitar que empresas en crisis se desprendan de personal como mecanismo de ajuste. El desprecio que muestra el Gobierno en el cuidado de los puestos de trabajo quedó patentizado en el último informe sobre desempleo que publicó el Indec esta semana. De allí surge que la desocupación entre enero y marzo fue la más alta para el período en los últimos diez años, que la subocupación también fue la más elevada en una década y que la tasa de empleo –personas ocupadas– se hundió a su menor nivel en once años. Esos datos vinieron a completar una sucesión de informes oficiales –del propio Indec y de la dirección de Estadística porteña–, de organismos como Unicef y de la Universidad Católica Argentina que evidenciaron un incremento de la pobreza, de la desigualdad social y de la precarización del empleo, en un contexto donde el consumo lleva 17 meses consecutivos de caída y no logra remontar tampoco en lo que va de junio. Como en el caso de la anulación de las pensiones por invalidez que este diario reveló a principios de abril, el comportamiento del Ministerio de Trabajo con los planes Repro durante un año y medio va a contramano de la grave crisis social que provocaron las políticas económicas de Cambiemos: el Gobierno da de baja pensiones a los sectores más vulnerables cuando sube la pobreza y retacea recursos para evitar la pérdida de empleos cuando crece la desocupación. 

  Carolina Stanley, hija de uno de los banqueros favoritos de Carlos Menem en los ‘90, Guillermo Stanley, presidente por entonces del Citibank, intentó argumentar que la quita de 4199 pesos a personas con problemáticas de las más graves fue un error de instrumentación, cuando en realidad su cartera viene hachando pensiones desde enero de 2016 y tiene amontonados 100 mil expedientes de solicitantes que no lograr acceder al derecho de percibir ese auxilio mínimo (la foto que acompaña esta nota es de una de las oficinas donde se abarrotan los expedientes de trámites en espera, algunos con solicitudes de más de un año). Stanley tendría que aclarar también si piensa como su subalterno, el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones, Guillermo Badino, respecto de que las personas con síndrome de down no deben cobrar la pensión porque pueden trabajar. La primera reacción de la ministra ante las denuncias por la quita indiscriminada de beneficios fue asegurar que solo se estaba cumpliendo con las normas de otorgamiento, asociando la poda masiva con una suerte de cruzada contra la corrupción. Ese fue el fundamento de la política desde el inicio del mandato. De ahí que se hayan quitado 90 mil pensiones en 2016 y 83 mil en lo que va de 2017 solo cruzando bases de datos. El otro eje argumentativo fue que los pensionados encubren la vagancia.  “Es difícil conseguir quien quiera estar en blanco porque pierde el subsidio por invalidez. Estos planes se usaron como asistencialismo político”, dijo por ejemplo el consultor Jorge Colina, del instituto ultraliberal Idesa, en un artículo en La Nación de octubre pasado. “Hay una alta correlación entre el porcentaje que recibe estas pensiones y la proporción de quienes, teniendo edad para trabajar, no lo hace ni busca empleo. En otras palabras, esto muestra la asociación entre subsidios y retiro del mercado laboral”, aseveró. La nota informaba en tono de denuncia que el 6,9 por ciento de la Población Económicamente Activa cobra una pensión por invalidez, con datos aportados por Desarrollo Social. 

  Stanley pasó a prometer el restablecimiento de las pensiones solo cuando el escándalo se hizo demasiado grande. Aun así, todavía tendrá que responder ante la Justicia por qué anuló pensiones sin avisar a los afectados, cercenando su derecho a la defensa. “Cuando multan a una empresa pueden pasar años hasta que la paga, si es que la paga, pero a una persona inválida que cobra 4200 pesos por mes le sacaron la plata de un plumazo”,  compara un miembro del Poder Judicial en el área de seguridad social. No fueron errores, es la política de ajuste que el Gobierno y sectores afines califican como gradualista y que promete intensificarse en 2018.  

  Este diario contó en abril el caso de un joven de 15 años que estuvo nueve meses esperando la aprobación de su pensión por invalidez frente a un diagnóstico de cáncer. Ese adolescente finalmente logró empezar a cobrar hace pocos días. Sin embargo, su padre, quien también solicitó la pensión por haber sufrido previamente un ACV que lo dejó postrado, todavía sigue esperando. Hay otra joven epiléptica que inició el trámite en julio de 2016 y aún no consiguió que el expediente salga aprobado. Son ejemplos que se multiplican por miles. Contra la asimilación de los pensionados por invalidez con vagos o ñoquis, como se intenta generalizar desde la prensa dominante, el universo de socorridos está compuesto esencialmente por personas que sufren enfermedades que los dejan en desventaja en el mercado laboral. Son trabajadores a quienes no les resulta fácil conseguir ocupación por padecer de HIV, cáncer, diabetes insulino dependiente, lupus, EPOC, esclerosis múltiples, convulsiones, fibromialgia, problemas visuales o auditivos severos, entre otras muchas causas. Son padecimientos que aparecen en cualquier examen preocupacional y que resultan una barrera infranqueable para la mayoría. Otro gran sector de pensionados son niños y adolescentes que sufren retrasos madurativos, trastornos de desarrollo, autismo o malformaciones congénitas. Y existen también numerosos casos de personas baleadas en asaltos o que sufrieron accidentes y quedaron en sillas de rueda o soportaron amputaciones. 

  Sobre este universo es que se habla de vagos o ventajistas. En los 90 se los estigmatizó del mismo modo. El menemismo tenía como máxima que para conceder una pensión previamente tenía que haber una baja. Es decir, los solicitantes debían esperar el fallecimiento o la exclusión del programa de otra persona para empezar a cobrar. Así fue como llegado 2003, las pensiones eran apenas 350 mil. El kirchnerismo debió atender una demanda postergada inmensa, y fue paulatinamente reparando la situación hasta alcanzar una cobertura de 1,6 millones de personas en 2015. Ese trabajo se realizó al mismo tiempo que se desplegaron en el territorio equipos médicos y asistenciales con la instrucción de abordar las distintas problemáticas de las familias. Esos cuerpos fueron desmantelados por Stanley en la poda inicial de empleados públicos que produjo el macrismo, cuando Alfonso Prat-Gay los categorizó como la grasa militante.

  Hay decenas de programas sociales caídos desde entonces, lo que demuestra la configuración de un plan sistemático. En materia laboral, uno de los que viene sufriendo podas constantes es el Repro. En 2009, cuando se lo utilizó con intensidad frente a la crisis internacional, llegó a cubrir a 142 mil trabajadores. En 2010 fueron 130 mil. A medida que la situación fue mejorando la cifra bajó a 78 mil en 2011, 46 mil en 2012 y 39 mil en 2013. Luego escaló a 58 mil en 2014 y completó el ciclo kirchnerista con 76 mil en 2015. En 2016, pese al incremento del desempleo, fueron apenas 22 mil, aunque cabría sumar otros 18 mil planes que fueron derivados al área de transporte. En lo que va de este año, el descenso de la asistencia a trabajadores de empresas en crisis fue constante, pasando de 23 mil en enero a 16 mil en febrero, 12 mil en marzo, 10 mil en abril y 7 mil en mayo. Para los sectores textil y del calzado, los ministerios de Producción y Trabajo anunciaron los Repro Exprés, que supuestamente saldrían más rápido, aunque el auxilio se reduce de 8060 pesos (el salario mínimo) a 3000 pesos por mes por trabajador. Al sector de marroquinería, denuncia Ariel Aguilar, presidente de la cámara sectorial, lo dejaron al margen pese a sufrir tanto como las otras actividades. De todos modos, sus colegas del calzado y textiles sostienen que hasta ahora los Repro Exprés son un fracaso. En el rubro calzado, sobre 70 compañías que los pidieron solo están cobrando en 5, mientras que en textiles se da una situación similar. Por la vía tradicional, hay denuncias de pedidos de casi un año que siguen sin respuesta. La razón que transmiten informalmente los funcionarios es que no hay presupuesto.

  Los recortes en el plan Repro y en las pensiones por invalidez ocurren en el marco de una economía que no logra reactivar el consumo –junio sigue tan frío como los meses anteriores en la venta de alimentos y otros rubros–, mientras los grandes empresarios reclaman bajar el costo laboral y el presidente denuncia a opositores y a jueces de mafiosos por defender a los trabajadores, dando lugar a una verdadera campaña de miedo.