El Senado le pidió explicaciones a la Corte Suprema por la causa que investiga irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Luego del receso invernal, el bloque oficialista de la Cámara alta decidió reimpulsar la agenda judicial para la segunda mitad del año legislativo y el ojo estará puesto en la Corte Suprema de Justicia. En esta línea, la comisión de Justicia emitió un dictamen en el que les senadores le exigieron al presidente del Tribunal, Horacio Rosatti, que brinde algunas precisiones sobre la causa penal que investiga el estado de la obra social (y que involucra al supremo Juan Carlos Maqueda). A su vez, mientras el oficialismo continúa negociando para contar con los números que le permitan aprobar la ampliación de la Corte, se buscará avanzar con una iniciativa que flexibiliza los requisitos para impulsar consultas populares.
"Nosotros no estamos acusando a nadie de nada. Estamos haciendo un pedido de informes porque nos parece gravísimo que ciudadanos que tienen en sus manos la vida, los bienes y la libertad de 47 millones de personas estén siendo investigados por la comisión de delitos penales comunes como son los casos de los jueces Maqueda y Rosatti", apuntó Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Fernández en el Senado --con quien mantiene un diálogo diario--, autor del proyecto (junto a Silvia Sapag) y presidente de la comisión en la que se lo estaba debatiendo. La iniciativa plantea una docena de preguntas a través de las cuales le exige a Rosatti que dé explicaciones sobre la causa que investiga el vaciamiento de la obra social del Poder Judicial que tramita el juez Ariel Lijo y que el procesado fiscal Carlos Stornelli pretende cerrar. "Nos hace dudar si estamos ante jueces que usurpan su poder para poder protegerse de los delitos comunes que ellos cometen y que utilizan solo para avasallar los poderes del Estado", cuestionó el senador kirchnerista, haciendo alusión al "plan canje" entre Stornelli y Maqueda que habían denunciado Raúl Kollmann e Irina Hauser en este diario respecto al intercambio de favores entre el juez de la Corte y el fiscal.
"Esta es la misma Corte que se arroga facultades legislativas y que puso en vigencia una ley ya derogada y asaltó tipo Superman el Consejo de la Magistratura", sumó Parrilli, ante una sala semi vacía. Y es que, como de costumbre, les senadores de Juntos por el Cambio que integran la comisión de Justicia se levantaron de las sillas cuando fue momento de discutir un proyecto que cuestiona a la Corte Suprema. El debate en comisión por la ampliación de la Corte fue igual: ningún senador de JxC participó del debate argumentando que "era la agenda de Cristina". "A confesión de parte relevo de prueba. Obviamente el bloque de senadores de Cambiemos está de acuerdo con la designación de miembros de la Corte por decreto y su actual funcionamiento", ironizó Parrilli.
El pedido de informe, que ya está en condiciones de ser tratado en el recinto, es el primer paso de una agenda judicial que el kirchnerismo buscará instalar en el Senado en esta última mitad del año. Preocupados ante el avance de la causa de la obra pública en Santa Cruz, varios dirigentes del kirchnerismo están convencidos que el Poder Judicial busca proscribir cualquier candidatura de CFK de cara al 2023. En este contexto, la apuesta es "mostrar los dientes" y aprovechar el ámbito de la Cámara alta para avanzar en iniciativas que expongan o disputen el accionar de la Corte Suprema. El más importante es que busca ampliarla a 25 integrantes, que ya tiene dictamen pero el FdT no termina de lograr juntar los números para aprobarla. El FdT tiene 35 senadores propios y necesita 2 más para llegar al quórum, que podría alcanzarlo con el acompañamiento de Clara Vega y Magdalena Solari Quintana. El problema es que el bloque tiene su propio rebelde --el puntano Adolfo Rodríguez Saa-- que se resiste a votar una Corte de 25 integrantes, lo que, en un escenario ya de números muy ajustados, enturbia el panorama.
Paralelamente, sin embargo, el kirchnerismo buscará impulsar dos iniciativas que refieren a las consultas populares. Una de ellas, que lleva la firma de Parrilli, establece que se podrá someter a consulta popular vinculante cualquier proyecto de ley a excepción de aquellos que traten reformas a la Constitución, el Presupuesto o temas tributarios, penales o de Tratados Internacionales. También permite que la convocatoria a una consulta popular se pueda hacer en una sesión con el acompañamiento de una mayoría simple (actualmente debe ser por mayoría especial, es decir los dos tercios). El otro proyecto, de Juliana Di Tullio, establece que la consulta puede llevarse a cabo en la misma fecha en la que se realiza una elección (hoy prohibido). El objetivo del FdT detrás de estas iniciativas es buscar herramientas que permitan sortear las trabas legislativas que, debido a no contar con la mayoría en ninguna de las dos cámaras, les han impedido avanzar en muchas iniciativas. El caso de los proyectos vinculados a la Justicia son claves, ya que no hay una sola iniciativa --desde la reforma judicial hasta la del Consejo de la Magistratura-- que no haya terminado dormida en Diputados debido a la enorme paridad de fuerzas con la oposición.
