El titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Mendoza, Roberto Macho, quedó en libertad, luego de haber sido detenido el martes pasado por participar de distintos cortes de tránsito en el contexto de un reclamo salarial. La CTA y la CGT habían pedido su "inmediata liberación" y denunciaron "criminalización" de la protesta por parte del gobierno de Rodolfo Suárez. Tras el pedido de la defensa, el juez Juan Manuel Pina González dispuso ayer que Macho salga del penal de San Felipe, donde estaba alojado, con el pago de una fianza real de $50.000.

Macho había sido detenido el martes junto a otras tres dirigentes gremiales: su pareja, la secretaria adjunta Adriana Iranzo; y las dirigentes María Rosa Gaete y Graciela Navarro. Las mujeres recuperaron la libertad mediante el pago de una fianza y a Macho lo habían trasladado desde la Comisaría 3° hacia el Penal, imputado por el delito de “entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte”.

La detención se enmarcó en una serie de protestas que está llevado a cabo el Frente Estatal hace casi dos meses por una recomposición salarial que equipare la canasta básica. El secretario de Comunicación de ATE Mendoza, Roberto Podio, dijo a Página/12 que el arresto “es un hecho inaudito: no es ni más ni menos que la criminalización de la protesta social por no haber querido firmar un acuerdo salarial en baja para los trabajadores. Esta ha sido la respuesta del Gobierno de Suárez”.

El Consejo Directivo Nacional de ATE, liderado por el sindicalista Hugo "Cachorro" Godoy, condenó las detenciones y expresó, a través de un comunicado,  que el gremio "no permitirá que se criminalice y persiga las luchas de las y los trabajadores". En el mismo sentido, la CGT expresó su "absoluto repudio" y sostuvo que el hecho es "una clara expresión de persecución a los legítimos reclamos salariales".

Las protestas de los trabajadores estatales comenzaron a mediados de junio y se extendieron a varias ciudades de la provincia cuyana. Con medidas que incluyeron asambleas, movilizaciones y retención de servicios, los gremios del Frente Estatal realizaron numerosas jornadas de protesta para demandar una recomposición salarial que equipare la canasta básica. En concreto, se exigía un aumento de $40.000 para los trabajadores que están en la base de la escala salarial. “Estamos hablando de compañeros que están en el orden de los $30.000”, sostuvo Podio. También se pedía la efectivización de trabajadores precarizados, como es el caso de los contratados por prestadoras de servicios de salud: “Son los mismos compañeros que durante toda esta pandemia estuvieron poniendo la vida, la mayoría de ellos de los sectores de la Salud y de la administración pública, los llamados ‘esenciales’”, afirmó el secretario de Comunicación de ATE Mendoza.

El lunes, en reunión con autoridades del Ejecutivo mendocino, la dirigencia gremial rechazó el aumento propuesto, por situarse muy por debajo de lo solicitado: $8.000, según declaraciones de ATE Mendoza. Estos valores contrastan con los de otros empleados provinciales. La secretaria de Prensa de ATE San Rafael, Natalia Secondino, afirma que “hay una política gubernamental de darle más a los que más tienen”. De esta manera, sostiene, “el gobierno de Rodolfo Suárez se niega a incorporar a compañeros prestadores que ganan $27.000, mientras arregla por fuera de paritarias con los anestesistas sueldos de más de $800.000”.

Asimismo, los trabajadores afirman que el blindaje por parte de los medios locales impide un tratamiento justo de los reclamos. “En algunos de los cortes que hicimos, los mismos cronistas nos cuestionaban a los trabajadores que cortábamos la calle; en vez de preguntarle al gobernador por los bonos millonarios que circulaban, por qué hay tanta inequidad y brecha en los salarios. Somos trabajadores, estamos pidiendo llegar a la canasta básica familiar, no pedimos ni siquiera vacaciones”, sostiene Secondino.

Este martes, luego de haber rechazado la propuesta del Gobierno, se realizó una asamblea general de trabajadores en el hospital Humberto Notti. Al culminar la asamblea, móviles sin identificación cortaron el paso al vehículo del sindicato. Más tarde se presentarían como miembros de la división de Investigaciones de la Policía, aunque la detención de los dirigentes gremiales se realizó “sin esgrimir motivos”, según afirma Podio. “Fue un claro apriete del Gobierno en un justo reclamo que venimos llevando los trabajadores por un salario digno”, concluyó.

Desde el gremio insisten en que fueron flexibles respecto a las demandas: “Le hicimos llegar al Gobierno más de cinco alternativas distintas. Incluso les dimos la alternativa de aplicar cláusulas de garantía, como hicimos con gobiernos como el de Julio Cobos, para garantizar que ningún trabajador gane menos que la canasta básica”, dice Podio. Pero la negativa del gobernador extiende un conflicto que “se está agudizando cada vez más y empieza a exceder lo netamente salarial”.