En la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad de Salta se aprobó el proyecto que establece la implementación del Presupuesto Participativo (PP), el cual es definido como un proceso de participación vecinal, voluntario y universal. La capital salteña tuvo tres instancias para aplicarlo, en 2002, 2014 y 2022, pero ninguna prosperó. De esta manera, el cuerpo deliberativo espera que en este cuarto intento el gobierno municipal de Bettina Romero no vete la norma. 

La autora del proyecto, Carolina Am (Unidos por Salta), afirmó que "es el momento de dejar precedentes" y convertir a la ciudad en un "ejemplo en el ejercicio de la democracia participativa". La propuesta de Am tiene sus bases en tres ejes: la decisión política, la participación ciudadana y la asignación de recursos económicos. 

"Si no existe decisión política, desde ya, (el presupuesto participativo) se considera un fracaso", aseguró refiriéndose al primer eje. Mientras que sobre el segundo, sostuvo que la contínua participación vecinal permite que a largo plazo se contribuya a la madurez democrática. En el caso del tercer eje, la concejala volvió sobre el primer punto y afirmó que "la voluntad política también está reflejada en la distribución de los recursos participativos". 

Am dijo que en las últimas décadas la sociedad está viviendo cambios en distintos aspectos, pero en el caso de la política "seguimos gobernando de la misma manera", cuestionó. Aseguró que la ciudadanía pide estar más cerca de las decisiones políticas y económicas, por lo que el PP es "la voz" y "permite disminuir la brecha que existe hoy, entre el vecino y el político". "Empodera al vecino, brinda transparencia y fortalece la democracia", expresó. 

Con la aplicación del presupuesto participativo la ciudadanía en conjunto con el municipio delibera y decide en la formulación, ejecución, control y evacuación de las prioridades presupuestarias. 

De acuerdo al proyecto, se establece que los fondos destinados para tal fin deberán ser iguales o mayores al 10% de la recaudación anual presupuestada de la sumatoria entre el Impuesto Inmobiliario Urbano y Tasa General de Inmuebles. Y, en caso de que un proyecto se prolongue por más de un ejercicio, se priorizará la finalización de la obra o servicio de ejecución respecto de nuevos proyectos.

También se dejó en claro que la ciudad de Salta se dividirá en 10 zonas como mínimo, estableciendo por decreto reglamentario los distintos barrios que estarán incluidos en cada zona. Esto permitirá luego proceder a las convocatorias para debatir el PP.

En tanto, el 50% de los recursos será distribuido en partes iguales para cada una de las zonas. Mientras que el porcentaje restante será distribuido contemplando un cálculo del índice de carencia, para el que se utilizarán los datos disponibles del último censo, la Encuesta Permanente de Hogares y estadísticas municipales. Am explicó que se tomó esa decisión debido a que se sabe que hay barrios que "tienen mayores necesidades que otros".  

La aplicación definitiva del PP en la ciudad constará de cinco etapas: la convocatoria y preparación previa, el diagnostico técnico-participativo, la confección del Plan de Desarrollo Barrial, la elección y definición del Plan de Desarrollo Barrial, y la difusión y el control de la ejecución de dicho Plan.

Los otros concejales y concejalas acompañaron la iniciativa de manera unánime y felicitaron a la edila por el trabajo que desarrolló en comisiones y con las autoridades el Ejecutivo municipal. El jefe de bloque de Unidos por Salta, José García, afirmó que es el momento propicio para que "de una vez y por todas, se aplique" y que "no sea objeto sólo de discurso". Mientras que la concelaja Soledad Gramajo, dijo que el proyecto es responsable, tanto desde la acción de sus pares, como del compromiso asumido por el vecino. 

Los antecedentes

La propuesta de Am también dispone en su artículo 23 derogar la ordenanza Nº 11.887, que se aprobó el 6 de noviembre de 2002 y que estableció la creación en la capital salteña del Programa de Presupuesto Participativo. En ese entonces el objeto era garantizar la participación directa de los vecinos y vecinas en la elaboración de la prioridades barriales, de las políticas presupuestarias del municipio y el seguimiento de los recursos asignados.

Sin embargo, nunca se promulgó. En ese momento quien presidía el Concejo Deliberante era la actual senadora por el Frente de Todos, Nora Giménez. Mientras que el actual jefe de bloque de Juntos por el Cambio +, José Gauffín, fue uno de los ediles que votó a favor. 

Durante la sesión, el concejal recordó que "fue la mejor norma que tuvimos que sancionar, pero fue una frustración enorme porque han pasado 20 años, y no se ha podido implementar". En ese sentido, manifestó tener esperanzas para que la intendenta Romero no vete la norma aprobada ayer, que, según la autora del proyecto, es una propuesta superadora. 

En la ciudad de Salta hubo un segundo intento por aplicarlo en 2014. A partir del decreto 916, firmado por el entonces intendente Miguel Isa, se dispuso que la autoridad de aplicación iba a ser la Secretaría de Gobierno, dotándola con la posibilidad de designar 4 miembros que representarían al Ejecutivo municipal. 

Tras ello, en 2015, Isa anunció la ejecución del programa; se pactó que se destinarían $14 millones para realizar obras que los vecinos entendieran como prioritarias. Para ello, la ciudad se dividió en 7 zonas y la suma asignada al programa se dividió en partes iguales: 2 millones para cada una. 

Pero el monto resultaría insuficiente para las necesidades de los casi 350 barrios. Y, tras llevar adelante distintas instancias de debate barrial, la ejecución del programa quedó trunca.

De acuerdo al historial de la ordenanza N° 11.887, este año hubo un tercer intento. La intendenta Romero ordenó dejar sin efecto el decreto 916/14, y creó el decreto 61/22, por el que determinó que la autoridad de aplicación de la ordenanza sería la Jefatura de Gabinete, pero tampoco avanzó. 

La primera experiencia de Presupuesto Participativo a nivel mundial se llevó adelante en la ciudad brasileña de Porto Alegre, en 1989, tras la victoria del Partido de los Trabajadores en las elecciones municipales. Desde entonces, este sistema ha registrado un importante crecimiento a nivel latinoamericano, destacándose su desarrollo en países como Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador.

En Argentina, su origen está vinculado a la crisis de 2001. La primera ciudad en instrumentarlo fue Rosario, en la provincia de Santa Fe, en 2002. En la actualidad se realiza en más de 50 municipios, con una clara superioridad de aquellos pertenecientes a la provincia de Buenos Aires, seguidos por Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Córdoba.