Uno de los representantes de los puesteros y puesteras que trabajan en la feria del Parque San Martín, en las cercanías de la terminal de ómnibus de la ciudad de Salta, manifestó su rechazo a la pretensión de la intendencia de reducir cien puestos de ese centro comercial.
Carlos Godoy aseguró que la interventora de Espacios Públicos de la Municipalidad de la ciudad de Salta, Susana Pontussi, "quiere sacar a cien puesteros aduciendo que los pasillos son angostos, cuando a los pasillos los hizo la Municipalidad, y nosotros no podemos aceptar eso por la situación que está atravesando el país”.
“La última prórroga se dio el año pasado, por un año, ya bajo la intendencia de Bettina Romero y firmada por el Concejo Deliberante, pero no recibieron la lista de la gente, algo que no es problema nuestro sino de la Municipalidad”, prosiguió el referente en declaraciones a Radio Nacional Salta.
Godoy también dijo que a la jefa comunal no la ven desde 2020 y piden una audiencia con ella porque "si hablamos con la señora Pontussi, retrocedemos”.
“Le propusimos que nos aumenten el canon municipal o poder mejorar la feria, pero no tienen la menor idea de lo que son los planos del lugar, cuando acá hay que dar solución a la gente por la situación en la que está el país, y en la feria hay gente de edad que vive de la feria”, cuestionó.
La postura del municipio
Por su parte, Pontussi recordó que esta feria surgió en 2009 “como una solución paliativa y provisoria para los ambulantes, donde taxativamente decía con nombre, apellido y documento quiénes iban a ocupar cada uno de los puestos".
"En el 2020 el Concejo aprobó una prórroga, lo que discutí bastante ya que en ese tiempo era concejal(a), porque entiendo que el problema es que están ocupando el espacio público de manera desordenada, porque en la ordenanza figuran 215, pero son muchos más y cuando uno va al lugar ve personas que transfirieron o vendieron sus puestos, cuando la ordenanza establece que eso está prohibido”, afirmó.
Otro punto que marcó la funcionaria municipal tiene que ver con supuestas deudas de puesteros por la ocupación de los locales: “hay muchos que tienen gran deuda, donde el promedio a pagar oscila los 5 mil o 7 mil pesos, pero hay gente que tiene deudas superiores a los 200 mil pesos”, aseguró.
A pesar de que no precisó el número actual de puestos en el paseo, Pontussi dijo que están "hablando de 228 o 227 puestos, donde había puestos de venta de comida, algo que está prohibido por la ordenanza, al igual que venta de lentes o electrodomésticos, y no se ha cumplido”.
Reuniones y propuestas
Ante la proximidad del vencimiento de la última prórroga, la semana pasada se reunieron funcionarios municipales con los tres representantes de los trabajadores del lugar, entre los cuales se encuentra Carlos Godoy.
Susana Pontussi, quien estuvo acompañada del secretario de Gobierno Municipal, Benjamín Cruz, contó que ahí se habló de la posibilidad del traslado a una parte de lo que era la playa de estacionamiento de la terminal de ómnibus.
“Entiendo la necesidad de las personas, pero en un marco de legalidad, orden, justicia y equidad, porque no puede ser que haya gente con deudas de 200 mil pesos o más y sigan estando en el Parque con todos los beneficios, cuando otros hacen un esfuerzo muy grande por pagar el alquiler”, señaló la ex concejala.
Por su parte, ante la posibilidad de reducir cien puestos, Godoy recordó que “la última ordenanza es del 2016, cuando (el actual gobernador) Gustavo Sáenz era intendente, y nos dio una prórroga de cuatro años, y le diría a la señora Pontussi que esa ordenanza establecía 219 puesteros, y antes éramos 250, porque ella nunca fue a hacer un relevamiento puntual, ahora que es Interventora de Espacios Públicos”.
La feria del Parque San Martín se creó por una ordenanza municipal, pensada como un lugar para darle una solución laboral fija a vendedores ambulantes de la zona del Parque.
En los 13 años siguientes, el paseo turístico tuvo prórrogas que fueron autorizadas por las intendencias y concejales de turno, pero nunca una solución de fondo y definitiva.
Una de las últimas ordenanzas de prórroga que se aprobó fue de cuatro años, cuando el el gobernador ocupaba el cargo de intendente municipal, mientras que ya en 2021, bajo la actual gestión de Bettina Romero, solo se extendió ese permiso por un año.