Tras la presentación de un informe sobre violaciones a las garantías constitucionales por parte del gobierno de Jujuy, organismos de derechos humanos revelaron que los allanamientos a organizaciones sociales realizados en las últimas semanas tuvieron una "metodología dictatorial". Las revelaciones del documento que elaboró la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos.
El integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Pablo Pimentel aseguró por AM750 que en Jujuy "se aplica el Código Contravencional como si fuera una ley penal de aplicación dura".
El informe nace del relevamiento realizado a mediados de julio, a partir de las denuncias que hicieron organizaciones sociales sobre allanamientos ilegales en la provincia. La comisión ya había estado en dos oportunidades durante 2021, que sirvieron para elaborar un primer documento llamado “Derechos Humanos en Jujuy. Una herida que sangra en la región” en octubre de ese año.
“Este Código condiciona la libertad de expresión, la libertad de trabajo. No se puede protestar. Muchas cosas quedaron pendientes. Este año empezamos a organizarnos y salió la idea de un viaje en agosto", señaló Pimentel este jueves. En estentido, remarcó que Gerardo Morales "tiene todos los poderes unidos hechos a su medida".
Allanamientos con sello dictatorial
Pimentel aseguró que conversaron “con las víctimas de los allanamientos absolutamente ilegales”. “No reúnen peso jurídico para llevarlos adelante. Torturaron. Se torturó gente. Entre ellos, una mujer embarazada de 7 meses. Le pidieron por favor que la liberen, que no le peguen más y le contestaban que la iban a hacer abortar. La señora perdió a su niño. Perdió el embarazo”, relató.
“Eso es lo que se está viviendo en Jujuy. Y no hay quién le ponga un punto. La oposición es socia de Morales. Rivarola (Rubén, presidente del PJ jujeño) es socio de Morales”, comentó. Pero añadió: “Se nos abre una cuota de esperanza con Cecilia Moreau al frente de la Cámara de Diputados. Tenemos la esperanza de que nos reciba. También la presidenta del Senado. Esto tiene que ser un trabajo mancomunado, serio”.
“El Gobierno nacional no dejó de mandar fondos a Jujuy. Pero, ¿por qué no observa el funcionamiento de los órganos institucionales? Los allanamientos se hicieron con una metodología dictatorial. Se empezó a seguir a las personas durante seis meses. Fueron allanamientos estudiados, con infiltrados, escuchando los teléfonos. Los allanamientos tecnológicos no guardaron las cadenas de seguridad. Llegaron todos abiertos a los peritos”, finalizó.
