“Legal y formalmente hasta el 24 hay chances”. Cerca de la ex presidenta contestan de esa manera ante la pregunta sobre la posibilidad de que a pesar de que cada uno inscribió su alianza por separado, Cristina Fernández de Kirchner y Florencio Randazzo compartan boleta en las primarias de agosto y las elecciones de octubre. ¿Y políticamente? El discurso es que seguirán trabajando por la unidad. Más allá del enojo que pueda haber con el ex ministro de Transporte o con algunos dirigentes que lo acompañan, el argumento es, palabras más palabras menos, el que viene repitiendo CFK. “Queremos dedicarle todo el tiempo de la campaña a hablar sobre el ajuste, la crisis económica, de Macri y Vidal. Si vamos separados terminamos dedicando la mitad del tiempo a discutir entre compañeros”. Y refutan la queja que deslizan algunos acompañantes de Randazzo acerca de que nadie se les acercó a ofrecerles nada en serio. Dicen que no se pueden establecer las condiciones de un acuerdo si ni siquiera se sienta a una mesa. “Si lo primero que dice es que no quiere acordar, si dice a todo que no, no se le puede ofrecer nada”, afirmaban hasta la inscripción de los frentes. El escenario cambió ahora. Lo que no cambió es que desde ambos sectores acusan de intransigente a la principal figura del otro.  

Luego de la novela de los intercambios epistolares, el ex ministro se quedó con el sello del PJ y una interna devaluada. Su intención era medir fuerzas con la ex presidenta, aun sabiendo que iba a perder. Empezar a construir un polo de contrahegemonía en el partido. Ahora podría resultar ganador, pero en una contienda contra Mario Ishii y cualquier otro afiliado peronista que se quiera anotar. CFK le bloqueó la posibilidad de colocarse como alternativa, aunque menor, con una jugada osada (aunque tampoco inédita), pero que está dentro de las reglas de la política, si se tiene con qué. Y ella tiene. 

Pero es regla que hasta que las listas con todos los nombres no están en el juzgado electoral, los emisarios van y vienen. Con la mayoría de los dirigentes políticos se podría especular casi sin riesgo de equivocarse con que la resistencia a un arreglo es en realidad un tironeo para forzar una negociación en los mejores términos posibles. Pero existe la historia. Y los hombres y mujeres más allá de las estructuras. Hace dos años, cuando Randazzo declinó ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, tomó una decisión contra todo lo que marcaba la supuesta lógica política. “El caso Randazzo es un asunto más de la sociología que de la filosofía. La política en su trama histórica revela los límites de la pura voluntad”, escribieron en 2015 el sociólogo Gabriel Vommaro y la periodista Lucía Alvarez en una muy buena crónica publicada en Anfibia que analizaba la decisión del entonces ministro kirchnerista. Dos años después, el mismo personaje y una disyuntiva parecida. Aunque esta vez pueda haber una estrategia más pensada en el no “arreglar” (lo que implicaría ir solo o directamente bajarse de la contienda), existe el riesgo de quedar en los márgenes de la política. 

Todos tienen algo que perder en este escenario. Hay que observar en estos días a los intendentes que acompañan al ex ministro. Ayer, Gabriel Katopodis (San Martín) Juan Zabaleta (Hurlingham) y Eduardo Bucca (Bolívar) se reunieron con Randazzo en San Telmo. Lo que comunicaron es que “puntearon” los candidatos en toda la provincia. También fue un gesto hacia afuera, mientras se difunden versiones de huidas para todos lados. 

En el frente Unidad Ciudadana arriesgan que el ex ministro le sacará muchos más votos a Sergio Massa que a CFK. Pero en una pelea pareja, como pareciera que va a ser la elección en la provincia de Buenos Aires, cada punto será crucial. El daño que pueda provocar Randazzo, con lo que ya se frota las manos el Gobierno, es también su carta para negociar, si quisiera hacerlo.  

Al margen del armado de las listas, CFK se prepara para dedicarse exclusivamente a confrontar con el macrismo. Tendrá que sortear también los embates que llegarán desde Comodoro Py. Pedidos como el del fiscal Guillermo Marijuán, que reclamó una nueva citación de la ex presidenta dos horas después del cierre de alianzas, se repetirán. Tampoco hay que ser adivino para pronosticar que aflorarán revelaciones periodísticas de casi imposible comprobación. Y que los candidatos del gobierno se limitarán a comentarlas con cara de preocupación, pero siempre con actitud zen de “unir a los argentinos”. 

Las causas en las que se investiga la obra pública pueden ser un arma de doble filo para el gobierno. Las empresas de la familia presidencial se cuelan por todos lados. En el caso Odebrecht es transparente la preocupación por controlar la información y encauzarla para un solo lado.  Si se liberan los testimonios de los “arrepentidos” brasileños, seguramente aparecerán funcionarios del gobierno anterior involucrados, pero en cualquier lugar del mundo sería una noticia medianamente importante que, poco después de asumir, el Presidente firmó un decreto en el que ordena que se paguen 45 mil millones de pesos no previstos originalmente a una sociedad entre Odebrecht y empresas de su familia. Como siempre hábiles en el recurso discursivo de dar vuelta las cosas, en el PRO convirtieron las sospechas sobre la familia presidencial en acusaciones contra la procuradora Alejandra Gils Carbó. Así, cualquier dato contra el Gobierno o la no aparición de datos contra ex funcionarios sería su culpa, aunque ella no interviene en las causas. Gils Carbó firmó esta semana un acuerdo con su par de Brasil con la intención de que los fiscales argentinos puedan acceder a información proveniente del Lava Jato. El tema no es sencillo porque ese país acordó con los “arrepentidos” una garantía de impunidad que la ley argentina no puede darles.  

La comisión bicameral de Seguimiento del Ministerio Público planea seguir escuchando testimonios que puedan servir para acusar por alguna razón a la funcionaria. La semana pasada se les cayó el principal argumento para impulsar el juicio político: la Cámara en lo Contencioso Administrativo suspendió una medida cautelar que cuestionaba concursos, traslados y designaciones en el Ministerio Público Fiscal. Lo único que queda en pie es una investigación por la compra de un inmueble en el que está involucrado un empleado de la Procuración que fue sumariado. En la Procuración aseguran que Gils Carbó está tranquila porque presentó todos los papeles sobre la licitación, porque se eligió la mejor oferta y porque por la transacción no se pagaron comisiones. Pero el Gobierno sigue apostando a su destitución y en ese contexto el resultado de las elecciones no es una variable menor.  

En otros temas en los que el gobierno usó su capacidad para dar vuelta las cosas (algunos lo llaman sencillamente mentir) fue con el ataque a los abogados y jueces laborales y con la quita de pensiones no contributivas a los discapacitados. El presidente convirtió a los juicios laborales en la causa de la desocupación y a los abogados que litigan ante los despidos y la precarización en mafiosos. Fue aplaudido por los grandes empresarios. Nada más que agregar.   

En el lamentable episodio del recorte a las pensiones para los discapacitados quedó a la luz lo que pasa cuando se resquebraja apenas un poco un la cobertura mediática del gobierno. Así, quedó en evidencia que se dieron de baja más de 70 mil beneficios al aplicar un decreto de 1997 que establece que no corresponde que cobre la pensión por discapacidad una persona cuyo cónyuge tiene una jubilación, aunque sea la mínima. O si el beneficiario tiene un bien a su nombre, aunque sea un auto. Los afectados ni siquiera fueron notificados, sino que se encontraron sin el dinero cuando fueron a cobrar. Con sensibilidad PRO, el presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales dijo que no tenía el teléfono de todos. También que las personas con síndrome de Down no merecían la ayuda del Estado porque “pueden trabajar”. Confrontados con historias de carne y hueso, las explicaciones fueron diversas. Por un lado, el gobierno quiso presentar la medida –otra vez– como una “lucha contra las mafias”. Difundieron algunos casos en los que había sospechas de otorgamiento indebido para justificar el recorte. Cuando la verdad es que las bajas no se habían originado en una investigación sobre irregularidades, sino simplemente en pasar la guadaña. No perdieron la oportunidad para culpar al kirchnerismo, por un lado, por haber otorgado muchas pensiones, aunque también por haber dado de baja pensiones. En fin. Cuando las excusas no alcanzaron usaron, como otras veces, su último recurso: pedir perdón y anunciar una marcha atrás. Pero, se sabe, no hubo errores.