Agrupaciones y activistas autoconvocados exigen la liberación de una joven de 30 años que sufrió un aborto espontáneo por una emergencia obstétrica y fue acusada por homicidio. Este viernes concluye el juicio en su contra.

El juicio inició el lunes 1 de agosto en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes. La Comisión Libres las Queremos, que acompaña a la víctima en el proceso, aseguró que la mujer comenzó un trabajo de parto prematuramente sola en su casa y entró en estado de shock y derivó en una “interrupción no voluntaria del embarazo”.

Posteriormente, el feto fue hallado semienterrado en el patio, ante lo cual la defensa de Ana explicó que la joven actuó en “estado de shock”. Desde entonces, está detenida en la Comisaría de la Mujer de Esquina.

Sin embargo, Ana (cuyo apellido permanece en secreto para preservar su integridad) lleva 8 meses detenida, fue imputada por “homicidio doblemente agravado por el vínculo” y enfrenta la posibilidad de una pena máxima, que podría llevarla a prisión perpetua.

Este viernes se dará a conocer la sentencia en el Tribunal Oral Penal de Goya, donde se lleva adelante el juicio a cargo de Jorge Antonio Carbone, Julio Ángel Duarte y Ricardo Diego Carbajal.

Por su parte, las organizaciones feministas que la acompañan lanzaron la campaña #LiberenAAnaYa, que tendrá protagonismo con dos “twitazos” que buscan visibilizar el caso con una serie de tweets que van a ser publicados este jueves y viernes a las 10 de la mañana.

Criminalización de género

La Comisión Libres las Queremos realizó un estudio junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Universidad de San Martín (Unsam) y otros especialistas, que reveló que entre 2018 y 2020 al menos 1.532 personas fueron criminalizadas o denunciadas por abortar en Argentina.

La campaña exige su absolución bajo la premisa de que “es víctima de una criminalización, le negaron la prisión domiciliaria, la debida asistencia, el acceso a la salud y a la Justicia”. Y destcaron que el Comité de Prevención de la Tortura recomendó contemplar “normas de juzgamiento con perspectiva de género”.

La agrupación actúa en conjunto con el Ministerio de Género y Diversidad de Corrientes, la Secretaría de Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el equipo de Prensa Feminista y la exdiputada Araceli Ferreyra.

“Denunciamos que en estos casos se revierte el ‘principio de inocencia’, se generan ‘pruebas Invisibles’ en complicidad con los medios y el sistema de salud y se criminaliza a las personas gestantes violando sus derechos y los de sus hijos”, denuncia el comunicado difundido por la Comisión Libres las Queremos.

“La historia de Ana en Corrientes, es la de Belén en Tucumán, Liliana en Córdoba, Fátima en Bahía Blanca”, detallan desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. En esa línea, agregaron: “exigimos una Justicia con perspectiva de género, sin ensañamiento, sin atropellos y sin agresiones así como la inmediata intervención del Estado para detener y revertir la criminalización de los eventos obstétricos y todas las violaciones a los derechos humanos vinculadas”.

Asimismo, el Comité de Prevención de la Tortura emitió un comunicado en el que sugiere a la Justicia abordar el caso con perspectiva de género, casi como “una obligación legal y un deber ineludible” frente al derecho a la igualdad y a la no discriminación que se reconocen tanto a nivel nacional como por los organismos internacionales.