La jueza Paula Verónica González dictó la falta de mérito y ordenó la liberación de Teresa María Luján Scorza, la última policía porteña detenida y acusada por el encubrimiento del crimen de Lucas González y por la detención ilegal y torturas de sus amigos. Scorza había sido apresada hace unas semanas, luego de que uno de los amigos de Lucas la identificara en rueda de reconocimiento fotográfico como la mujer que los trató de "chorros" y les preguntó "dónde tenían la droga" mientras estaban detenidos tras la balacera de la brigada de civil. Ahora, González consideró que ese reconocimiento no basta para probar su participación y también rechazó dos nuevos pedidos de detención del fiscal Leonel Gómez Barbella. Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Lucas, se manifestó en contra de la decisión de la jueza y adelantó que "se viene otro juicio político".
El lunes de esta semana el fiscal a cargo de la investigación solicitó el procesamiento de la principal Scorza, integrante de la División de Sumarios y Brigadas de la Comuna N° 4. Lo hizo a diez días de la detención y la posterior declaración indagatoria, en la que la agente de la fuerza porteña admitió haber estado tras la balacera en Alvarado y Perdriel, el lugar en el que según la Justicia se planeó y concretó la trama de encubrimiento, pero negó las acusaciones en su contra al asegurar que solo estuvo "un minuto y medio" junto a los chicos detenidos y que nunca entabló comunicación con ellos. A su vez, aseguró que el subcomisario Roberto Inca, uno de los detenidos y procesados por el encubrimiento, le ordenó "que hiciera el recorrido de la periferia para ver si se había descartado algún elemento", algo que el mismo Inca también señaló en su indagatoria.
Este miércoles, la jueza González rechazó el pedido de Gómez Barbella, dictó la falta de mérito y ordenó liberar a la acusada. Según la titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, el reconocimiento fotográfico en el que uno de los chicos identificó a Scorza "conforma solo una diligencia investigativa, de inteligencia, bastante preliminar". González agregó que, además del chico, "ningún otro testigo reconoció a la imputada, de manera que la versión de Scorza no luce por ahora desmentida", por lo que aseguró que "se impone profundizar la pesquisa".
En su pedido, Gómez Barbella, que en diciembre ya había pedido sin éxito la detención de Scorza, argumentó en cambio que la acusada "no desconocía de ninguna forma cómo realmente se habían llevado a cabo las conductas, ya que no solo fue una de las primeras autoridades en arribar a los dos lugares donde se cometieron los ilícitos, sino que trató directamente con quienes dispararon a los jóvenes". Es que la propia Scorza asumió en su indagatoria que, tras llegar a Alvarado y Perdriel, se dirigió a Luzuriaga y Vélez Sarsfield, donde los policías dispararon. Allí, detalló, tuvo contacto con Gabriel Isassi, Fabián López y José Nieva, los tres integrantes de la brigada de civil detenidos y procesados como autores del asesinato.
El contacto con Inca y la orden de hacer "el recorrido de la periferia" tampoco parece ayudar a Scorza, si se toma en cuenta que el subcomisario es precisamente quien aparece mencionado en una de las pruebas clave de la investigación: la llamada de Rodolfo Ozan, responsable de la Comisaría 4A de Parque Patricios, a Fabián du Santos, comisario de la vecinal 4D, en la que el primero asegura haberle ordenado a Inca "que vaya y busquen lo que tengan que buscar para justificar esto" y pide "emprolijar esta cagada". Después de difundir la versión del "enfrentamiento", los policías plantaron una réplica de arma de fuego en el auto de los chicos. Con la liberación de Scorza, actualmente son 14 los policías porteños detenidos por el crimen o el posterior encubrimiento, y todos ellos están procesados y elevados a juicio.
En la rueda de reconocimiento, el chico que identificó a la principal había señalado que fue ella quien "me decía dónde tenía la droga y que era un chorro" y que a Lucas "le tiraron porque hizo las cosas mal". Tras la última novedad judicial, el abogado de la familia, Gregorio Dalbón, aseguró que la jueza González "dejó en libertad a Scorza, que torturó al amigo de Lucas". El letrado consideró que "todo tiene que ver con todo" al indicar que la jueza "es la esposa del fiscal Diego Iglesias, favorito de Casal y amigo de Sergio Mola", uno de los fiscales que lleva la acusación contra Cristina Fernández de Kirchner en el juicio de la obra pública y que en el año 2016 visitaba el despacho de Mauricio Macri en Casa Rosada. "Se viene otro juicio político", agregó Dalbón. En noviembre del año pasado, la familia de Lucas presentó un pedido de juicio político contra el primer juez de la causa, Alejandro Cilleruelo, por "mal desempeño de sus funciones".
El procesamiento de Scorza no fue el único pedido que elevó Gómez Barbella a la jueza. El fiscal también había solicitado la detención y la indagatoria de las oficiales Melina Miño y Bárbara Ojeda. En la indagatoria, al desligarse de su responsabilidad, la propia Scorza señaló con nombre y apellido a Miño y Ojeda como las "dos compañeras mías que estaban inclinadas" sobre los chicos esposados de cara al piso. Además, el fiscal escribió en su pedido que "se encuentra determinado que Miño y Ojeda se encontraron, efectivamente, actuando en las tareas como personal de la División Sumarios y Brigadas en el procedimiento que se investiga". Sin embargo, la jueza consideró que ese dato "no es suficiente" y rechazó los pedidos de detención, aunque sí habilitó el secuestro de sus teléfonos celulares.
