Pasadas apenas unas horas de los anuncios del nuevo ministro de Economía Sergio Massa, el gobierno convocó a una reunión del Consejo del Salario para discutir un nuevo aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). Será el próximo 18 de agosto, una semana después de que el Indec publique el número de inflación de julio, que se espera batirá un nuevo récord producto del efecto renuncia de Martín Guzmán, corrida cambiaria y remarcación de precios por las dudas.

El salario mínimo vigente desde agosto es de 47.850 pesos. Es el valor que se había fijado originalmente durante la primera reunión del Consejo del Salario y que iba a regir a partir de diciembre, con un aumento acumulado del 45 por ciento desde marzo 2022. Sin embargo, la escalada inflacionaria que proyecta una inflación anual de alrededor del 76 por ciento en el año, obligó primero a adelantar los aumentos y después a solicitar una revisión, que se llevará a cabo el próximo 18 de agosto.

Aunque sin declaración oficial aún, es ese porcentaje anual el número que tienen en mente los sindicatos para solicitar los aumentos. Desde el Ministerio de Trabajo, que se encuentra en permanente conversación con los actores que terminan negociando el porcentaje de suba, aseguran que el dato de inflación de julio que publicará el Indec el jueves 11 de agosto será determinante para poner un número final. 

Consultadas por PáginaI12, algunas de las centrales empresarias participantes como la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) o la Federación Agraria no quisieron adelantar un número. "Sería lógico, en este contexto, que se aumente el salario mínimo", es lo que se limitan a contestar desde Camarco. "Somos conscientes de que la elevada inflación que registra nuestro país erosiona el poder adquisitivo de los salarios. Y como representantes de un sector cuya suerte está íntimamente ligada al consumo, es de nuestro directo interés que el asalariado recomponga sus ingresos", complementó la CAC, aunque agregó que "la capacidad de otorgar incrementos salariales es limitada”.

Impacto

De acuerdo a su definición formal, el salario mínimo es el punto de partida del monto que debería percibir cualquier trabajador de más de 18 años por su trabajo y debe asegurarle una "alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, recreación y vacaciones". 

Durante los 90, el salario mínimo no servía como referencia para negociar. A partir de 2004, el gobierno de Néstor Kirchner rompió esta lógica y se lo apropió como herramienta para impulsar al alza la negociación salarial. En efecto, en 2004, el salario mínimo pasó de representar 25 al 45 por ciento del promedio de los salarios cobrados en la economía. A junio de este año, ese porcentaje disminuyó al 32 por ciento tomando en cuenta el RIPTE. 

Hoy en día, el impacto directo de ese salario sobre la negociación paritaria de los trabajadores registrados es casi nulo, ya que los salarios básicos iniciales de cada convenio se encuentran por encima de este monto, salvo para algunos sectores como las trabajadoras de casas particulares que, de todos modos, cuentan con un estatuto distinto a la Ley de Contrato de Trabajo por lo que el SMVM no sirve como garantía al momento de negociar. 

Distinto es el escenario para los trabajadores informales, colectivo en el que el salario mínimo impacta indirectamente, ya que establece un piso de remuneraciones como referencia para ese sector del mercado laboral.

Pero el verdadero impacto de la cifra afecta directamente a algunos Programas Sociales. El más importante es Potenciar Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social: 870 mil personas cobran un 50 por ciento del salario mínimo. Asimismo, el programa Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género consiste de un apoyo económico equivalente al salario mínimo, vital y móvil por seis meses consecutivos, a la vez que se brinda un acompañamiento integral a las personas incluidas en el programa.

El salario mínimo sirve también como referencia para algunas cláusulas para ingresar a programas como las becas Progresar, en el que el beneficiario lo cobra si su familia gana menos de tres salarios mínimos.

La agenda

La convocatoria, que se formalizó con una resolución firmada por el ministro de Trabajo Claudio Moroni en el Boletín Oficial, ya había sido adelantada públicamente por Moroni para definir cuáles serán los valores de acá a fin de año. La cita es a las 10 de la mañana para los 32 integrantes, 16 por la parte trabajadora y 16 por la empleadora, del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil con el objetivo de tratar de manera virtual la determinación del Salario Mínimo y de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo. Para las 13.30 de ese mismo día se llamó a una segunda sesión a fin de firmar la orden del día.

En la reunión de marzo participaron por el sector empresario: Daniel Funes de Rioja, Juan José Etala, Julio Cordero, Guillermo Moretti y Horacio Martínez (UIA), Carlos Francisco Etchezarreta (CAC), Jorge Hulton (CAMARCO), Ricardo Diab (CAME), Carlos Achetoni (FAA), Abel Guerrieri (SRA), Paulo Ares (CONINAGRO), Alberto Frola (CRA), Verónica Sánchez (FEHGRA), Javier Bolzico (ADEBA), Juan José Gabbi (BCBA), y Jaime Campos (AEA). Por el sector trabajador: Carlos Acuña (Estaciones de Servicio), Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano, Antonio Caló, Ricardo Peidró (CTA A), Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, Sergio Romero, José Luis Lingieri, Roberto Fernández, Noemi Geminiani, Gabriela Pérez, Mario Manrique, Noemí Ruiz, Romina Santana y Hugo Yasky.