El Grupo de Puebla, que reúne a dirigentes políticos de Latinoamérica y de España, se manifestó en rechazo a la “guerra jurídica (lawfare)” que se lleva a cabo contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del juicio por supuestas irregularidades en la obra pública entre 2003 y 2015. La declaración plantea que se trata de “un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos”. Además, advierte sobre “los graves riesgos que entraña para la democracia argentina”.
El documento fue firmado por 26 referentes políticos de la izquierda y el progresismo iberoamericanos. Entre ellos se encuentran la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff; el exjefe del gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero; el jurista Baltasar Garzón; el expresidente de Colombia Ernesto Samper, así como sus pares de Ecuador, Rafael Correa, de Paraguay, Fernando Lugo, y de Bolivia, Evo Morales.
Algunos de ellos reconocen haber sido objeto de persecuciones similares en sus respectivos países. "Este caso confirma la tendencia riesgosa pero lamentablemente común a otros casos en América Latina contra expresidentes como Luis Inácio "Lula" da Silva, Rafael Correa, Evo Morales y Dilma Rousseff, con un común denominador: las retaliaciones por su labor del lado del progresismo", alertan los integrantes del Grupo de Puebla.
La vicepresidenta es juzgada en un proceso en el que se investigan supuestos delitos vinculados a la concesión de licitaciones de obra pública de Vialidad en Santa Cruz durante los tres mandatos del kirchnerismo. El fiscal de la causa, Diego Luciani, acusó a los imputados de conformar una “asociación ilícita”, de la cual CFK sería la máxima responsable, pese a que los testimonios y las medidas de prueba producidas durante el juicio no sostienen la acusación.
Desde el Frente de Todos, así como desde numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos, rechazaron la persecución contra Fernández de Kirchner. Por caso, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, dijo que el fiscal formuló un "alegato cinematográfico, demasiado coacheado”, en el que siguió "a rajatabla un guión que no tiene nada que ver con el funcionamiento de un juicio oral y público".
Además de los exjefes de Estado mencionados, la declaración del Grupo de Puebla fue firmada también por los excancilleres Celso Amorim (Brasil), Ricardo Patiño (Ecuador) y Gillaume Long (también de Ecuador), la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena; el referente chileno y excandidato presidencial por el Partido Progresista Marco Enríquez-Ominami; y el exintendente de Montevideo y excandidato a la Presidencia de Uruguay por el Frente Amplio, Daniel Martínez, entre otros.
