Desde Santa Fe

Dos jefes y tres agentes de la Policía de Seguridad Vial (PSV) de la provincia fueron imputados ayer en una causa judicial por corrupción que se inició con el arresto de diez efectivos y obligó esta semana al ministro de Seguridad Jorge Lagna a descabezar el área y designar una nueva cúpula. Uno de los imputados era el jefe de la Unidad Operativa Regional 3 -en el escalafón superior de la PSV-, a quien el fiscal Ezequiel Hernández le reprochó 35 hechos, entre ellos, “abuso de autoridad” por una presunta vista gorda en “controles a amigos, parientes, allegados o personas que le entregaban dádivas”, dijo. El otro era el jefe de la Brigada Motorizada, a quien el fiscal le imputó seis hechos, entre ellos “abuso de autoridad” –el mismo cargo que a su colega-, “defraudación a la administración pública” –con horas extraordinarias- y supuesto “cohecho” porque “acordaba con empresarios la entrega de dinero a cambio de servicios que debía brindar regularmente la PSV”. Los otros tres agentes fueron acusados por “exacciones ilegales” porque “les exigieron 30.000 pesos a productores rurales que transitaban por la autopista Santa Fe-Rosario para dejarlos seguir viaje”, reveló el fiscal.

Apenas se anotició de la detención de los diez policías –entre ellos los cinco imputados ayer-, el ministro Lagna separó de sus cargos a la jefa de la PSV Marcela Muñoz y al segundo, Carlos López, y designó en su reemplazo a Daniel Borovachi, quien hasta ese momento era jefe de la Unidad Regional 13 de San Cristóba. Muñoz estuvo al mando de la Unidad Regional I de La Capital hasta agosto de 2021 cuando Lagna la reemplazó en medio otra escalada de inseguridad y quedó al frente de la PSV, hasta esta semana.

Las audiencias imputativas se realizaron en los Tribunales de Santa Fe. Primero fueron imputados los tres agentes de la PSV y después los dos jefes. En el caso de los primeros, Hernández acordó con la defensa “medidas cautelares alternativas”, es decir quedaron en libertad a cambio de una fianza de 30.000 pesos cada uno –la misma cantidad que según el fiscal le “exigieron a los productores agropecuarios” para seguir viaje por la autopista. Pero los dos jefes siguen detenidos. La audiencia de cautelares se realizará el fin de semana o el lunes, pero ayer Hernández dijo que les pedirá “el máximo”, que es la prisión preventiva. Los dos funcionarios fueron identificados por el Ministerio Público de la Acusación por sus iniciales, uno tiene 45 años y el otro 42.

El fiscal Hernández dijo que al ex jefe de la Unidad Operativa Regional 3 –el de 45 años que ya había llegado al escalón superior de la PSV- “se le atribuyeron 35 hechos, muchos de ellos por (supuesto) abuso de autoridad, es decir omitir controles a amigos, parientes, allegados o personas que le entregaban dádivas”.

Y al ex jefe de la Brigada Motorizada –el de 42- se le reprocharon seis hechos. “Uno de ellos es ‘defraudación a la administración pública’ mediante maniobras realizadas con horas extraordinarias, ‘abuso de autoridad y ‘cohecho’ porque acordaba con empresarios la entrega de dinero a cambio de brindar un servicio que debía brindar regularmente la Policía de Seguridad Vial”. “Tenía también un arma de fuego en su poder”, comentó.

-¿Donde cometían estos hechos? –le preguntaron.

-En la zona del túnel subfluvial Santa Fe-Paraná, en la localidad de Nelson, en la ruta 1 (que interconecta a los distritos costeros) y en el área de influencia de la ciudad de Santa Fe –contestó Hernández.

-A los dos jefes imputados, ¿le van a solicitar la prisión preventiva?

-Exactamente, la medida cautelar de máxima que es la prisión preventiva.

-¿Hay otro policía detenido en Rafaela?

-El procedimiento que realizamos en Santa Fe tiene se inició por una investigación de los fiscales Lema y Loyola de Rafaela que anoticiaron de la posible comisión de hechos en Santa Fe. Ellos detuvieron a otro jefe, el de la Brigada Operativa Regional de San Cristóbal de la Policía de Seguridad Vial.

El fiscal reveló también como operaba el ex jefe de la Unidad Operativa Regional 3 de Santa Fe. “Daba órdenes a los agentes de Seguridad Vial para que no labren actas de infracción a determinadas personas o para que las destruyeran. Indicaba a sus subordinados que no controlen a vehículos en los que transitaban familiares o amigos suyos y que permitieran el paso de otros rodados que no contaban con la documentación exigida para circular”. “También avisaba a conocidos y allegados dónde se ubicaban los controles de alcoholemia, y recibía dádivas a cambio de su accionar ilícito”, agregó.