La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) quiere que la Corte Suprema intervenga en la causa de los espías conocidos como Súper Mario Bros, que se dedicaron a espiar a Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y a Florencia Macri, la hermana menor del entonces presidente. En ese expediente, el exdirector general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas había sido beneficiado por una falta de mérito por la Cámara Federal porteña que convalidó la teoría de que los agentes, en realidad, espiaban porque eran “cuentapropistas”.

El organismo presentó, a través de Adolfo Pérez Esquivel y de Roberto Cipriano García, un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Casación para que el tema escale hacia la Corte. Lo hizo después de que la Sala IV del tribunal penal rechazara todos los planteos que se habían presentado contra la sentencia de la Cámara Federal de diciembre pasado, que había convalidado la teoría del cuentapropismo.

La CPM dice que la Corte debe intervenir porque las faltas de mérito que dictaron los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens en la causa operan como un sobreseimiento encubierto que evita que continúe la investigación. El expediente había llegado desde Lomas de Zamora con 38 procesados, pero después de que intervino la Cámara Federal sólo quedaron en pie 10 de esos procesamientos. El organismo también afirma que hay pruebas suficientes de la participación de Darío Nieto, el entonces secretario presidencial, en el esquema de espionaje porque recibió informes que confeccionaban los espías a través de la funcionaria Susana Martinengo. Nieto nunca llegó a estar procesado en la causa.

Quienes aún están procesados son varios de los integrantes de los Súper Mario Bros –como Jorge Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo– o el exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra, que fue quien trajo a la mayoría de esos espías a la AFI al inicio de la gestión de Arribas. En igual situación está el exdirector de Operaciones Especiales Alan Ruiz. Los grandes ganadores de la decisión de la Cámara Federal fueron Arribas, el exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián de Stefano y el exdirector nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Emiliano Blanco.

“En caso de denegarse el presente recurso, se consagraría un estado de impunidad alarmante para las principales esferas de la AFI y una paralización casi total de la causa”, sostuvo la CPM. “Una investigación precaria, dilatada, obstaculizada podría provocar la impunidad de delitos de una relevancia inusitada para nuestra vida democrática, comprometiendo así la responsabilidad internacional del Estado Nacional. Ello de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos”, agregó el organismo.

La CPM apuntó contra la decisión de la Cámara Federal de diseccionar cada uno de los casos de espionaje sin ver los patrones generales. Entre otras cosas, el grupo de los Súper Mario Bros –dedicado al espionaje político– se conformó en cuanto Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada. Sus integrantes eran policías de la Ciudad –la fuerza que había estado a sus órdenes mientras era jefe de Gobierno porteño– que pasaron en comisión a la AFI. “Fragmentando cada hecho particular, aislándolo, es que procuran echar por tierra la existencia de un acuerdo de voluntades”, destacó.

“Las máximas autoridades del organismo de inteligencia, elegidas particularmente por el ex presidente Mauricio Macri, nombraron a distintos agentes nuevos dentro de la AFI –algunos incluso en comisión– para llevar a cabo un conjunto de tareas de inteligencia ilegal sobre distintas personas que por su orientación política, religiosa, su actividad laboral o económica, podían ser de interés para el entonces gobierno”, afirmaron desde la CPM.

Semanas atrás, la Corte rechazó los recursos que se habían presentado en otra de las causas que tramitaron en Lomas de Zamora: la del espionaje sobre CFK en el Instituto Patria y en su departamento de la Ciudad de Buenos Aires. Ese expediente tramita en forma conexa al de los Súper Mario Bros y estaría en condiciones de ser elevado a juicio tan pronto como el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi arranque con el trámite. Allí, están procesados los dos jerarcas de la AFI macrista, Alan Ruiz y el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste.

El fiscal de esos expedientes, Franco Picardi, pidió una serie de medidas en el capítulo del espionaje penitenciario en la causa de los Súper Mario Bros. Entre otras cosas, pidió el entrecruzamiento de llamados entre los funcionarios del SPF acusados de espiar a los presos kirchneristas que estaban alojados en el penal de Ezeiza.