![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2024-10/adriana-meyer_0.jpg?itok=DWW-ffmn)
Valentino Blas Correas era un joven de 17 años que había salido a comer con sus amigos, y cuando regresaba a su casa en un auto fue baleado por miembros de la Policía de Córdoba. A dos años del asesinato, Amnistía Internacional renovó el pedido de #JusticiaPorBlas, y anunció que el 7 de septiembre comenzará el juicio oral en el cual se sentarán en el banquillo de los acusados 13 policías imputados por la muerte, y por intentar encubrir la escena y simular un supuesto enfrentamiento entre los jóvenes y los agentes implicados. "Aunque parezca utópico voy a seguir luchando hasta llegar al fondo de esto, y espero que la justicia tenga la capacidad y la libertad de hacer todo, sin medir el cargo que tuvieren los responsables y encubridores de la muerte de mi hijo", dijo Blas Fernando Correas, padre del joven. El fiscal José Mana había pedido la elevación a juicio de los uniformados, ocho de los cuales están detenidos en el penal de Bouwer.
La Justicia determinó que los autores de los disparos fueron los cabos de la Policía, Javier Alarcón y Lucas Gómez. Sobre ellos pesa la imputación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por haber sido cometido en abuso de la función policial. “Se aproxima el juicio y, como le prometí a Blas, vamos a lograr que todos los responsables tengan la condena que merecen. Llevamos dos largos años de una lucha incansable contra un sistema que no aguanta más. Venimos perdiendo la batalla, pero eso nos da más fuerzas”, dijo Soledad Laciar, madre de la víctima.
“Desde Amnistía Internacional nos sumamos al reclamo de familiares y amigos que exigen #JusticiaPorBlas. Además, estaremos dando seguimiento al juicio oral que comenzará en un mes en la justicia cordobesa", dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. Y agregó: "En este como en todos los casos de violencia policial, es imperativo que las autoridades garanticen un proceso judicial independiente que condene a todos los responsables. Es urgente desalentar la institucionalización del abuso de la fuerza y la impunidad, para poder generar mayores niveles de confianza de la población en la justicia”.
Baleado por policías en un control de rutina
El 6 de agosto de 2020, Blas viajaba en el asiento de atrás del auto que compartía con cuatro amigos, un Fiat Argo blanco. De regreso a su casa dieron un giro equivocado en una calle. Según muestran las cámaras de seguridad, unos metros más adelante había dos patrulleros y policías con armas esperándolos en un control, en la Avenida Vélez Sarsfield, frente al Ministerio de Desarrollo Social. Los jóvenes se habrían asustado y por eso no se detuvieron. Sin dar ningún aviso, la policía comenzó a disparar hacia el vehículo. Blas recibió un tiro que ingresó por la luneta del auto y atravesó uno de sus omóplatos. Sus amigos hicieron todo lo posible para ayudarlo y lo llevaron a una clínica que se negó a atenderlo. Camino a otro hospital, fueron nuevamente interceptados por la policía que les impidió seguir. Blas murió sin llegar a ser atendido.
A dos años de su muerte, hay policías imputados tanto por su homicidio como por intentar encubrir la escena y buscar “plantar” un arma para simular un supuesto enfrentamiento. En total son 13 agentes que comenzarán a ser juzgados a partir del 7 de septiembre en la Cámara 8va del Crimen de Córdoba. Hay 400 mil fojas para analizar, se prevén 30 audiencias, y el proceso terminaría el 25 de noviembre. Paralelamente a la causa principal por el asesinato de Blas, hay otra por abandono de persona. Esto es por cuanto los compañeros del joven, mal herido pero aún con vida, concurrieron al Sanatorio Aconcagua donde se les negó atención.
La madre de Blas afirmó que sus reclamos no solo tienen que ver con pedir justicia por la muerte de su hijo. "Acá hay responsables y tienen que pagar por eso, la gravedad de lo que pasa es mucho más grande y acá tienen que hacerse cargo, yo quiero un cambio en Córdoba", precisó Laciar. "En su momento, frente al gobernador (Juan) Schiaretti yo le pregunté por qué no sacaban al ministro de Seguridad, que no sirve, pero ahí sigue en su puesto. Pude decirle, mirándolo a los ojos, que estoy convencida de que este gobierno es el responsable del asesinato de mi hijo".
Córdoba tiene un nuevo Tribunal de Conducta Policial, y desde que comenzó 2022 hay 720 causas abiertas contra policías. Recientemente fue condenado un policía a 11 años por el asesinato de José Avila, en 2020 también ocurrieron los casos de gatillo fácil de Gastón M. y Ariel V, y permanece impune la desaparición de Facundo Rivera Alegre, el Rubio del Pasaje, como le decían sus amigos. Según la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), en Córdoba, desde el fin de la dictadura hasta fines de 2019, las muertes por parte del aparato represivo estatal alcanzan las 463 en diferentes modalidades, de las cuales un 26% corresponden a fusilamientos.
En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ingresó un pedido para ser incorporada como amicus curiae en el juicio por el asesinato de Correas. "La Secretaría es un experto que ya ha sido aceptada en varios juicios en tal calidad, porque es la encargada de hacer respetar internamente los tratados y convenios internacionales que ha firmado la Argentina", explicó el abogado Claudio Orosz, representante de dicha oficina en Córdoba. Agregó que "tratándose de un claro caso de violencia institucional, se pidió además de dar la opinión fundada, ser observador del proceso penal".
