A finales de julio, los referentes programáticos de Gustavo Petro, algunos de sus ministros y parlamentarios del Pacto Histórico presentaron en conferencia de prensa un paquete de medidas que se presentarán en el Congreso apenas un día después de la asunción presidencial.
Entre las primeras medidas que se someterán al análisis parlamentario a partir del lunes 8 de agosto, destacan la reforma tributaria, la prohibición del fracking, una ley de urgencia contra el hambre y una reforma a fondo de las fuerzas de seguridad, que incluye sacar a la Policía desde el Ministerio de Defensa a un nuevo Ministerio de la Paz, Convivencia y Seguridad.
En una segunda etapa, sin fecha definida todavía, el gobierno de Petro presentará otro paquete de medidas, que incluye la regulación de drogas, una ley de sometimiento a la justicia de bandas criminales, la reforma de la salud, reforma laboral, reforma del sistema de pensiones y reforma de la Procuraduría, entre otros cambios.
Reforma tributaria, clave para el impulso de Petro
Un nuevo esquema tributario “más progresivo y justo”, repitió Petro durante toda la campaña electoral. Ya como presidente electo, sus principales asesores en temas económicos empezaron a mostrar más detalles de una de las reformas más importantes que impulsará el nuevo gobierno, tras el fallido intento del presidente Iván Duque de avanzar en este sentido, un impulso que le generó altos costos políticos.
Las caras visibles de la reforma tributaria son el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, y el titular de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Luis Carlos Reyes.
El gobierno de Petro tiene previsto recaudar con esta medida unos 11.300 millones de dólares (unos cinco puntos del PIB), mediante un mayor combate a la evasión, la eliminación de beneficios fiscales y el aumento de la carga tributaria sobre los grandes capitales.
Durante la campaña, Petro explicó que la mayor carga impositiva recaerá sobre "las 4.000 más grandes fortunas de Colombia" que actualmente tributan menos de lo que deberían. En otras intervenciones de campaña mencionó más específicamente la baja carga tributaria que tienen los banqueros y las petroleras.
Por otra parte, Ocampo ha dicho en entrevistas que el combate a la evasión está relacionado también con mejorar la recaudación de las rentas personales: en Colombia, según dijo, la recaudación por impuestos a las personas físicas o naturales representan el 1,2% del PIB, mientras que los países de la OCDE recaudan por ese concepto, en promedio, un 8%.
Reyes, en tanto, ha puesto el foco de sus primeras intervenciones públicas en el combate a la evasión. "Para que la progresividad del sistema tributario no se quede en las buenas intenciones de la letra de la ley se requiere una lucha decidida contra la evasión, y la daremos", escribió en su cuenta de Twitter cuando se oficializó su nombramiento.
Una ley contra el hambre
El Pacto Histórico definió que esta iniciativa tiene carácter urgente y buscará implementarla con rapidez. A nivel parlamentario, el referente de la propuesta es el senador del Polo Democrático, Wilson Arias, quien aclaró que los costos no están definidos pero estarán incluidos en el Presupuesto Nacional.
“Vamos a darle acceso a la comida a la población que no tiene ingresos ni recursos. Ese es el primer elemento, y lo segundo es darle posibilidades al productor nacional, porque aquí está claro que los circuitos internacionales no han resuelto el hambre”, resumió Arias.
Adelantó que se tratará de un bono alimentario “explícito y focalizado”. El Pacto Histórico estima, en base a datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que la iniciativa abarcaría a por lo menos dos millones de familias colombianas, que tendrían una o dos raciones de alimentos diarios.
En la presentación de las medidas, también se adelantó que la “ley contra el hambre” establecerá subsidios a alimentos y fertilizantes “para bajar rápidamente el precio de alimentos primordiales”.
Las disputas del presupuesto 2023
La bancada afín a la nueva administración de gobierno trabajará en base a una primera propuesta que presentó hace una semana el gobierno Iván Duque. El ministro saliente de Hacienda y Crédito Público, José Manuel Restrepo, entregó ante el Congreso un primer proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2023, a la espera que administración entrante "revise cada proyecto, evalúe los faltantes que puedan tener las entidades y efectúe las recomendaciones de cambio que considere más convenientes de conformidad con los mecanismos de ajuste previstos en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (EOP)”.
Según señaló Restrepo, el margen de maniobra para Petro tiene como referencia a "los parámetros de la regla fiscal y las previsiones de las principales variables macroeconómicas".
La discusión recién empieza pero algunos jugadores ya mostraron sus primeras cartas. “No podemos dejar a los más pobres sin Ingreso Solidario. ¿Hora de tocar el presupuesto de Defensa teniendo en cuenta que acordaremos ceses bilaterales al fuego?”, dijo el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, sobre la reducción de los recursos para inversión incluidos en la propuesta que dejó el gobierno de Duque.
La prohibición del Fracking
“No habrá fracking en Colombia” escribió, contundente, Petro en su cuenta de Twitter el 7 de julio. El mensaje era una respuesta a un economista colombiano que advertía por la devolución del peso colombiano como consecuencia de declaraciones de las nuevas autoridades colombianos contra esa práctica de la industria petrolera.
Unas horas antes de ese entredicho en redes, la ministra de Medio Ambiente designada por Petro, Susana Muhamad, había dicho que tneía el objetivo de poner punto final a esta práctica para comenzar un proceso de transición energética.
“El fracking es el mecanismo más depredador pues acaba con el agua del territorio, para continuar un sistema económico basado en hidrocarburos”, había dicho Petro durante la campaña, marcando un punto de arranque de futuros cambios legislativos y abriendo un frente con los sectores vinculados al lobby petrolero.
La estatal petrolera Ecopetrol informó a comienzos de julio que dos proyectos piloto de fracking, llamados Kalé y Platero, están en “etapa de alistamiento” y a la espera de señales políticas para ver si avanzan con “obras civiles y actividades operativas.
La futura ministra Muhamad defendió con énfasis su postura. El 8 de agosto se radicará la prohibición del fracking y los (yacimientos) no convencionales para análisis de las comisiones y el Congreso”, declaró.
La iniciativa gubernamental cuenta con el apoyo de organizaciones sociales como la Alianza Colombia Libre de Fracking y la bancada de congresistas oficialistas. “El proyecto debe tener un régimen de transición concreto y claro”, anunció Muhamad sobre el proyecto que se conocerá este lunes 8 de agosto
Las reformas de la institucionalidad política
El Congreso de Colombia, según diferentes encuestas, tiene un nivel de popularidad bajo y por eso el gobierno de Petro impulsará cambios que ayuden a mejorar su imagen pública.
En una entrevista con la agencia Télam, el senador Iván Cepeda, referente del Pacto Histórico, adelantó que entre los cambios previstos para el Congreso hay reducciones salariales, recortes de vacaciones y beneficios, y penas más duras contra el “ausentismo” en las sesiones parlamentarias.
También se discutirá una posible reducción en el número de integrantes y los períodos habilitados para renovación de las bancas. “Se va a controlar que los congresistas no reciban prebendas a cambio de un voto y la disminución del régimen salarial. Primero habrá un congelamiento y luego una reducción", detalló Cepeda.
En materia de reformas políticas, Petro tiene previsto crear nuevas estructuras en el Ejecutivo: un Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia, que es donde van a ubicar a la Policía (actualmente bajo la órbita de Defensa) y un Ministerio de la Igualdad, que estará dirigido por la vicepresidenta electa, Francia Márquez.
El futuro titular de Defensa, Iván Velázquez, confirmó en su primera entrevista que sacar a la policía del Ministerio de Defensa ya es una “decisión tomada”. “La institución se adscribirá al futuro Ministerio de la de Paz, Convivencia y Seguridad. Y no hay que inquietarse por eso”, declaró Velásquez a la revista Cambio.
Velázquez dijo que con esta decisión “se va a ganar en civilidad, se va a ganar en el respeto por el Estado de derecho, se va a ganar en construir una policía, como lo dice la Constitución Política, para la convivencia y para la garantía del disfrute de los derechos y garantías fundamentales”
Y agregó: “Esto no significa que se acabe la seguridad pública. Significa que la policía va a tener como razón fundamental de su accionar la garantía de los derechos y libertades ciudadanas y la convivencia”.
El rol de las fuerzas de seguridad es una discusión central en la agenda política de Colombia, fundamentalmente a partir del papel que jugó el aparato represivo durante el gobierno de Duque para frenar las movilizaciones sociales. Como era de esperar, el histórico triunfo de la izquierda reflotó la discusión sobre el tema y será central en los primeros meses de la administración de Petro.
