El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) adjudicó el servicio de alimentación escolar a las mismas empresas que están a cargo de las viandas desde hace dos décadas y que acumulan denuncias por entregar alimentos en mal estado, con ingredientes de baja calidad y en raciones escasas. Pese al amparo presentado por organizaciones sociales y al proyecto de ley de la oposición porteña para modificar el sistema de los comedores, el GCBA concretó la licitación abierta hace unos meses y 18 empresas continuarán con el servicio hasta fines de 2025. "Pese a las numerosas denuncias volvieron a adjudicar la licitación a las empresas que se cartelizaron nuevamente", advirtieron desde la oposición.
Cuando en abril de este año el gobierno porteño oficializó el llamado a licitación, las organizaciones nucleadas en la “Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs" ya advertían que el proceso se cerraría con las mismas empresas cuestionadas. La primera confirmación llegó el pasado mes de junio, cuando se conoció que esas 19 empresas eran las únicas que habían ofertado en la licitación y las organizaciones denunciaron que, "en un comportamiento cartelizado", las empresas "ofertaron los mismos valores para cada desayuno, refrigerio y almuerzo": el desayuno a 35,57 pesos, el almuerzo a 302,95 pesos y el refrigerio a 105,17 pesos.
Ahora, a través de una resolución firmada por Soledad Acuña, el Ministerio de Educación confirmó las readjudicaciones para 18 de esas empresas por los servicios de desayuno, almuerzo y refrigerio de los colegios porteños para cerca de 240 mil chicos y chicas. Con un presupuesto total de poco más de 50 mil millones de pesos, el período otorgado finalizará en diciembre de 2025. Solo una de las 19 ofertantes iniciales, Treggio SRL, se dio de baja del proceso.
Hace unos meses este diario relevó varias de las denuncias de familias y comunidades educativas de las escuelas porteñas. Sandwiches con una feta de queso, frutas en mal estado, carnes duras, crudas o directamente reemplazadas por ingredientes más baratos, son algunos de los "alimentos" que día a día llegan a los comedores. En marzo de 2020, por caso, casi cien alumnos se intoxicaron por alimentos en mal estado en escuelas de Caballito y Palermo. El servicio de esos colegios estaba a cargo de Lamerich S.A, una de las empresas que se mantienen desde hace años y que volvió a ser beneficiada con el servicio.
Otro caso es el de Bagalá S.A., que llegó a recibir multas "por servir la guarnición tortilla de verdura con un insecto, entregar viandas con un pedazo de metal que parece ser parte de una esponja ‘tipo virulana', y dejar un trapo de piso junto a las supremas de pollo", según denunciaron las organizaciones, que en junio de este año habían presentado un amparo para intentar frenar la licitación. Desde el Frente de Todos (FdT) porteño también intervinieron en la situación. En abril de este año, tras conocerse la apertura del proceso, Ofelia Fernández y Matías Barroetaveña, legisladores porteños de ese bloque, presentaron un proyecto de ley apoyado por las comunidades educativas para modificar el sistema.
"Lamentablemente sucedió lo que dijimos que sucedería. No solo ignoraron el proyecto que presentamos, sino que pese a las numerosas denuncias volvieron a adjudicar la licitación a las mismas empresas que se cartelizaron nuevamente", dijo Barroetaveña a Página 12 tras conocerse la nueva adjudicación. "Esta licitación puso al descubierto el funcionamiento cartelizado de las concesionarias de comedores, empresas creadas exclusivamente para vivir del Estado, y el manejo sumamente opaco del gobierno porteño", coincidió María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, una de las organizaciones integrantes de la Campaña.
Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante del amparo y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), agregó que el hecho de que las empresas ofertaran exactamente el mismo monto "conlleva a dos posibles situaciones": que los valores de los pliegos estuvieron mal calculados, y "en este caso el GCBA pierde recursos al garantizar mayor rentabilidad a las empresas", o que el gobierno "acordó con las empresas un valor y luego se elaboró el pliego hecho a medida para justificar legalmente dichos valores con el establecimiento de precios mínimos para ofertar".
En este sentido, Barroetaveña criticó "la falta de transparencia en la gestión y la mala alimentación para nuestros estudiantes en momentos complicados para los bolsillos de las familias" y aseguró que Larreta "está comprometiendo 50 mil millones de pesos que deberá pagar el próximo gobierno". Sobre el proyecto presentado junto a Fernández, afirmó que busca "garantizar alimentos saludables y de calidad en las escuelas generando miles de empleos en la economía social".
Entre otros puntos, el proyecto prevé la universalización y la gratuidad del servicio, que en la actualidad es pago y los sectores que no pueden abonarlo deben solicitar becas para poder acceder. La universalización, en tanto, supondría que todos los niveles reciban la misma comida, con desayuno/merienda, almuerzo/cena, refrigerio y vianda incluido. Además, el proyecto prevé que las empresas que hayan incumplido el servicio no puedan volver a presentarse en las licitaciones. También incorpora a la economía popular y a las cooperadoras como posibles gestoras del servicio, priorizando que los alimentos provistos sean agroecológicos.
