“Te vamos a ahorcar delante del Instituto Patria”, vociferaba un hombre el pasado 21 de julio. La destinataria de las amenazas era la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Después de una investigación ordenada por el fiscal Leonel Gómez Barbella, la Policía Federal Argentina (PFA) allanó el hotel porteño donde vivía y demoró al hombre durante algunas horas después de que mostrara alguna resistencia contra la fuerza de seguridad. El juez Manuel de Campos debe decidir si avanza con las indagatorias que había reclamado la fiscalía por las amenazas y la intimidación pública contra CFK.

La persona –identificada en el expediente como Claudio Hertz– lideró dos violentas protestas contra CFK en el Instituto Patria con un grupúsculo de adherentes que, como él, son antikirchneristas y antivacunas. Después de su intervención intimidatoria del 21 de julio pasado y de que trascendiera un video en el que se lo veía con su megáfono y chocando puños de manera amistosa con efectivos de la Policía de la Ciudad, la fiscala Mónica Cuñarro presentó una denuncia que quedó en manos de su colega Gómez Barbella.

El fiscal le dio intervención al Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado de la PFA, que identificó a la persona y dónde residía. Según la información recolectada por los efectivos de la PFA, Hertz lideró otra protesta una semana después de la que trascendió en los medios. En esa protesta, sus acompañantes repartían panfletos que decían “Desde que me vacuné mi salud cambió” y detallaban una serie de dolencias que les atribuían a las vacunas contra el Covid. En redes sociales, el hombre –que se presenta como locutor, docente particular e incluso traductor de alemán– también denuncia un supuesto genocidio provocado por las vacunas.

El jueves pasado, Gómez Barbella lo imputó por amenazas coactivas e intimidación pública y reclamó su detención. Para fundar ese pedido, el fiscal dijo que el hombre podría presionar a testigos del hecho y que, además, se veía que tenía un vínculo estrecho con integrantes de una fuerza de seguridad.

De Campos únicamente avanzó con el allanamiento de la habitación del hotel –ubicado en la calle Moreno al 3000– en la que el hombre vive hace cerca de un año.  Durante la tarde del viernes, la PFA requisó el lugar y secuestró un celular, unos pendrives, el overol blanco que usaba el día de la violenta protesta y algunos carteles que suele llevar a las manifestaciones. Si bien trascendió que había sido detenido, fuentes de la causa dijeron a Página/12 que únicamente fue demorado por algunas escaramuzas con la policía al momento del allanamiento.

El juez De Campos deberá resolver si avanza con la indagatoria. El fiscal también había pedido que se indague a la oficial de la Policía de la Ciudad que estuvo a cargo del operativo el 21 de julio. Si bien en el video se ve que Hertz entabla un diálogo con un efectivo varón, la fiscalía únicamente obtuvo el nombre de Tamara Stephanie Sosa. Fue ella quien denunció al grupúsculo que lanzaba amenazas contra CFK por daños y por ensuciar la vía pública, lo que no pasa de una contravención. Sin embargo, para el fiscal, Sosa encubrió a quienes intimidaban a la vicepresidenta.

En paralelo, el apoderado del Instituto Patria, Fernando Castiglioni, presentó una denuncia por las amenazas contra CFK en los tribunales federales de Comodoro Py. El tema está en manos del fiscal Carlos Stornelli –que difícilmente muestre demasiado ímpetu en investigar nada que tenga a la vicepresidenta como víctima – y el juez federal Daniel Rafecas.

En algún momento, deberá discutirse si es cuestión para la justicia federal o para la justicia nacional. En su dictamen de la semana pasada, Gómez Barbella defendió la competencia de los tribunales ordinarios. “La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que no es la justicia de excepción la que deberá conocer en el delito de amenazas previsto en el artículo 149 ter del Código Penal, cuando resultare de modo inequívoco que los hechos imputados tengan estricta motivación particular y además no existiera posibilidad de que resulte afectada directa o indirectamente la seguridad del Estado nacional o alguna de sus instituciones”, escribió el fiscal.

Tanto Gómez Barbella como De Campos coincidieron en que estaban ante un hecho de gravedad. El fiscal había pedido celeridad invocando las causas que tramitaron en el macrismo por amenazas tanto a Mauricio Macri como a la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. Durante la era Cambiemos, las amenazas a Macri –particularmente en redes sociales– habilitaron un despliegue temerario del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y fueron, de algún modo, lo que dio un plafón para una actividad invasiva por parte de los organismos de inteligencia. Parte de eso fue convalidado el mes pasado por la Cámara Federal porteña al decir que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) había espiado a las familias de los 44 tripulantes del submarino San Juan en aras de garantizar la seguridad presidencial y la seguridad interior.