Aunque recién mañana se hará la presentación formal, en la provincia de Jujuy ya es de público conocimiento que el gobernador Gerardo Morales propondrá a tres abogados reconocidos por su cercanía con el oficialismo provincial para ocupar los cargos vacantes en el Superior Tribunal de Justicia.
De esta manera el gobernador se asegura mantener amigos en el máximo tribunal provincial. Los propuestos para las tres vocalías ahora vacantes son el abogado Mariano Miranda, actual fiscal de Estado de la provincia, ex apoderado de la UCR; la abogada María Eugenia Nieva, ex diputada provincial por la UCR, hija del histórico dirigente radical Próspero Nieva y hermana de Alejandro Nieva, actual auditor General de la Nación y ex legislador de la UCR; y el abogado Martín Llamas, apoderado del Partido Justicialista, candidato a concejal del PJ y empleado de una empresa de Rubén Rivarola, presidente del Partido Justicialista de Jujuy.
Los pliegos de los postulados ingresarán mañana en la sesión especial de la Legislatura jujeña el lunes próximo. También tomará estado parlamentario una lista de otros nombres de postulantes a ocupar otros cargos en el Poder Judicial jujeño.
Así lo confirmó el vicegobernador Carlos Haquim, que preside la Legislatura provincial: “el lunes en sesión especial ingresarán los distintos pliegos, designación en el Poder Judicial y luego serán tratados en la correspondiente comisión legislativa, y se decidirá convocar a una sesión ordinaria en 48 horas para tratar los acuerdos y otros dictámenes de los legisladores”, sostuvo, confirmando que será un trámite express.
La estrategia de Morales es mantener la mayoría radical en el alto tribunal, en sociedad con el Partido Justicialista jujeño.
Apenas asumió la primera gestión el gobernador radical amplió de 5 a 9 el número de integrantes del Superior Tribunal de Justicia, e ingresaron tres jueces con antecedentes partidarios radicales: Beatriz Altamirano, Pablo Baca y Federico Otaola, actual presidente del ST. Los dos primeros fueron antes diputados provinciales y como tales habían aprobado el proyecto de ampliación del máximo tribunal provincial y luego juraron como vocales de este tribunal; en tanto que Otaola fue candidato a vicegobernador de la UCR.
La lista de postulantes a ocupar cargos en el Poder Judicial jujeño tiene 13 nombres en realidad, porque además de los tres candidatos a cubrir las vacantes en el Superior Tribunal, hay otros diez postulantes a cubrir otras vacantes.
Entre estos diez se encuentran varios concursados, entre ellos, Matías Luna, hijo del actual diputado provincial de la UCR Guido Luna, nominado a cubrir el cargo de defensor adjunto del Ministerio Público de la Defensa Civil. Y la abogada Olga Ivacevich está propuesta para el cargo de Defensora General del Ministerio Público de la Defensa Civil, es madre del ministro de Producción de la provincia, Exequiel Lello Ivacevich.
Tribunal cuestionado
El Superior Tribunal de Justicia de Jujuy acarrea desde 2015 varios hechos bochornosos, como la renuncia del vocal Pablo Baca, luego de ser denunciado por abuso.
Pero ahora se trata de cubrir los cargos que en abril pasado quedaron vacantes por las renuncias de las juezas Clara De Langhe de Falcone, Beatriz Altamirano y el juez Sergio González. Los tres optaron por abandonar el ST para evitar ser destituidos.
De Langhe de Falcone fue vocal del Superior Tribunal de Justicia en 2010, y en 2016 se convirtió en la primera mujer en presidir este tribunal. Fue reelegida hasta 2019, pero fue reemplazada por declaraciones contra la dirigente social Milagro Sala. La sucedió Pablo Baca, que asumió en 2015 y fue destituido en 2020, acusado de violación y por el escándalo que provocó al reconocer la injerencia del gobernador Morales en los procesos judiciales contra Milagro Sala.
A su vez, la vacante de Baca fue cubierta por el abogado Ekel Meyer, quien se desempeñaba como ministro de Seguridad, y antes había sido legislador provincial de la UCR.
De Langhe de Falcone tuvo dos pedidos de juicio político y denuncias por apropiación de un niño. El segundo pedido de juicio, presentado en abril último, fue una ampliación del anterior, por no presentar su declaración jurada de bienes y dictar órdenes fuera de su órbita, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Antes había tenido otro pedido de jury de enjuiciamiento porque hizo desclaraciones en las que reveló una estrategia con el gobernador para presentar testigos contra Milagro Sala ante una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de manera de justificar su detención. Esa denuncia fue rechazada en 2017, el mismo año que fue presentada.
En el caso de Altamirano presentaron un pedido de jury por incumplimiento de la ley de ética por firmar una resolución para no presentar su declaración jurada de bienes; también le reprochan mora en trámites de causas y de modificar leyes por acordadas, y arrogarse facultades legislativas. También se le enrostra un fallo polémico a favor de la madre de Tulia Snopek, pareja de Gerardo Morales.
En el caso de González el pedido de enjuiciamiento subraya la existencia de una causa penal por supuesto desmanejo de fondos públicos para la construcción del Centro Judicial de San Pedro de Jujuy, entre otras cosas.
"Más de lo mismo"
La abogada y ex diputada nacional por el PJ, Alejandra Cejas, que además es integrante del equipo de defensores de referentes sociales que son investigados por ser opositores, cuestionó a las tres personas propuestas por el Ejecutivo provincial jujeño para integrar el Superior Tribunal.
“No sé cuál es la carrera judicial que tiene" Nieva, empezó. Recordó que "fue diputada y es hija y ex esposa", pero insistió en que no sabe "qué formación tiene". En ese sentido señaló que "En la Legislatura fue ella la que trabajó para que no salga la comisión de género porque no tiene formación”.
En cuanto a Martín Llamas, sostuvo que es "abogado de la Superintendencia de Servicios Públicos (Susepu), el abogado de LIMSA (empresa de Rivarola), abogado personal de Rubén Rivarola, apoderado del Partido Justicialista" y fue "candidato a concejal de capital”.
Y recordó que en el juicio que lleva adelante contra Rivarola, pidió "un llamado de atención para Llamas porque no tiene perspectiva de género. Fui violentada por Rubén Rivarola, y los escritos de su abogado son peores. No sé cuál es su formación para ser juez, no sé si estaría hoy en condiciones de ser un prosecretario de algo. No está haciendo carrera en la magistratura, y ahora juez del Superior. No tiene formación, salvo en los negocios de Rubén Rivarola”, afirmó.
Sobre el actual fiscal de Estado aseguró: “El chaqueño Miranda es el artífice de todas las tropelías y las ilegalidades de Gerardo Morales, o sea que está ahí para hacer lo que le dice Morales. Es decir que lo que ofrecen para el Superior es más de lo mismo, son más más ex militantes radicales, amigos, socios. Nosotros nos quedamos mirando desde afuera sin justicia, sin acceso a la justicia y con un Poder Judicial cada vez más decadente, más bizarro, más ignorante. La verdad, horrible la terna, plasma esta sociedad que es tan obvia del radicalismo y el PJ, ya no hay dos partidos, hay uno solo, una sociedad comercial”.
Cejas integró la Cámara legislativa provincial cuando Morales inició su gestión ampliando el Superior Tribunal jujeño. Recientemente la abogada acompañó el informe que la Comisión de Solidaridad con los Pueblos presentó este miércoles último en el Congreso nacional en el que se detallan violaciones a los derechos humanos en esta provincia.
