Responsable del asesinato de unos 15 policías en los últimos días en Colombia, el grupo armado Clan del Golfo anunció en la tarde de este domingo un alto el fuego unilateral ante la asunción del presidente electo, Gustavo Petro, como una "expresión de buena voluntad con el gobierno que inicia y su amplia disposición de búsqueda de caminos de paz".
La organización criminal emitió un comunicado en el que manifiesta que "por fin termina el régimen del saliente presidente (Iván) Duque, el cual es representativo de todas las cosas que deben cambiar en un país para el logro de la esquiva paz", y enumera: "abusos en contra de la población inerme", "atentados en contra del liderazgo social", "condenas a muerte" contra la "base social" del grupo, sus familias y sus “combatientes”.
"El 7 de agosto, que esperamos sea el inicio de una era distinta para nuestra atribulada patria, levantaremos todas las medidas extremas que hemos debido ejecutar", indica la banda armada, vinculada al narcotráfico y el sicariato.
El grupo armado, que se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia, reitera en el documento su "mejor buena voluntad" para incorporarse a "los diálogos exploratorios de paz que ha anunciado Gustavo Petro desde el momento de su elección". "Creemos que es la mejor decisión para la Colombia olvidada que representamos", concluye.
Plan pistola
El líder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, envió el martes una carta en la que pedía a sus dirigidos que cesaran "todas las actividades contra la Fuerza Pública", en referencia a lo que se conoce como el Plan pistola, para promover el diálogo con el nuevo gobierno.
Datos oficiales citados por la revista Semana indican que en lo que va del año fueron asesinados 58 integrantes de las fuerzas de seguridad colombianas. 24 de esos homicidios son atribuidos al Clan del Golfo, la mayoría cometidos en las últimas semanas en el marco del Plan pistola.
Información de inteligencia colombiana indica que la banda ofreció entre 5 y 20 millones de pesos colombianos (de unos 1.150 a más de 4.500 dólares) a sicarios por la muerte de cada uniformado, según el rango que tuviera la víctima.
