El director Nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado (ECAE) de la Procuración del Tesoro de la Nación, Guido Croxatto llega a Catamarca hoy para inaugurar el primer seminario para abogados del Estado provinciales. Se trata del primer convenio de capacitación, firmado por un gobierno provincial y el ente nacional, que busca mejorar los conocimientos y habilidades de sus profesionales del derecho en defensa del interés público.

En diálogo con Catamarca/12, Croxatto habló además sobre la necesidad de la reforma judicial, aseguró que Argentina no tiene una política criminal seria, y que las garantías en el debido proceso son, "por un sentido común que es una rémora de la época del terrorismo de Estado, consideradas como mala palabra, cuando son la base de la Constitución". También, se refirió a necesidad de que en la ciudadanía tenga mayor conciencia y conozca sobre sus derechos para mejorar el acceso a la justicia.

¿Cuál es la función de la Escuela de Abogadas y Abogados del Estado?

-La Escuela fue desmantelada durante el Gobierno de Cambiemos y la estamos reconstruyendo. Ellos tenían la idea de era tercerizar la formación de servicio jurídicos y que tengan otra mirada los abogados del Estado. Ahora estamos recuperando todos los programas, maestrías y especializaciones. En principio capacitamos a los abogados del Estado nacionales, direcciones de cada Ministerio nacional. Excepcionalmente se hacen convenios para capacitar a los abogados de las provincias.

¿Catamarca es la primera provincia en hacer un convenio?

-Estuvimos en La Rioja porque ellos hicieron una escuela para esto. Lo que hizo el gobernador de Catamarca, me pareció muy inteligente y fue que en vez de crear una estructura nueva, firmó un convenio con la Procuración del Tesoro para que ellos puedan capacitarse directamente en la Escuela del Abogados del Estado. Pero como la Escuela capacita a abogados nacionales, hacía falta un convenio específico. Esto fue posible porque hubo un decreto del Presidente, que permitió firmar con las provincias.

Hablará de la formación de los abogados para la defensa del interés público. La capacitación de los abogados con mirada nacional y regional. La formación federal. Que los cursos de capacitación profesional no queden reducidos a los abogados y abogadas de la nación que trabajan en CABA.

El convenio que firmó el gobernador Raúl Jalìl y la Procuración del Tesoro es para capacitar abogados y abogadas de Catamarca en abogacía del Estado. Ese es el motivo por el cual hoy, con la participación de Croxato, se inicia una la primera comisión con 70 inscriptos catamarqueños. Las clases se dictarán en la Universidad Nacional de Catamarca por un acuerdo realizado con el Decano de la Facultad de Derecho, Gonzalo Salerno.

¿Cuál es la importancia de rearmar la ECAE?

-Cambiemos desmanteló dos Direcciones de la Procuración; la Escuela de Abogados porque no se quería formar a quienes defienden el interés de la Argentina, que es servicio jurídico de la Nación, es decir que el país se quedaba sin defensores. La otra, fue la de asuntos Internacionales que son abogados los que defienden a la Argentina en los juicios internacionales que se le hacen al país.

Hay estudios poderosos que hacen fortunas litigando contra el Estado. Hay una industria del juicio. Siempre se habla de industria del juicio cuando se refiere a los derechos de los trabajadores. Se habla del fuero laboral como una mafia. Pero nunca se habla de la otra industria que son los estudios jurídicos que litigan contra el Estado. En parte pueden ganarle porque el Estado no tiene a sus abogados bien preparados.

¿Existe otra forma de capacitarse?

- Me gusta hacer la comparación con el ICEN, de Cancillería que forma el servicio diplomático y no lo terceriza, y que junto a la Escuela de Abogados son dos formaciones estratégicas. Los abogados que se quieren formar pueden pagar, pero suelen ser maestrías muy caras y en generalmente se dan en las Universidades privadas que tienen una mirada distinta. Acá son cursos públicos y gratuitos y sólo entran los mejores. En la maestría pública hay una cohorte con 500 inscriptos, pero solo los 60 mejores promedios de la especialización, que es un curso de un año y medio, pasan a la maestría que dura dos años y medio más. Nuestro objetivo es que los mejores abogados queden del lado del Estado.

¿Cuál es el objetivo de la Maestría en Abogacía Pública?

-Se creó para profesionalizar la burocracia del Estado, defender la soberanía, combatir el endeudamiento y la especulación. En este momento es prioridad formar a los abogados, no solo los nacionales sino los de las provincias. Porque nosotros tenemos la visión de que el interés público es uno solo, no hay un interés nacional distinto de los provinciales, hay que combinar todo los interés, lo que faltó antes es la coordinación.

¿Qué es el interés público?

-Es el de la Nación. Interés público y nación son sinónimos. Puede haber interés contrapuesto con las provincias, en general hay disputas por tema de recursos, pero desde el punto de vista de la gestión jurídica debería haber una coordinación. Hoy la escuela cumple no solo el rol de capacitar, sino que tiene la misión de coordinar a todos los abogados detrás la idea de un interés que de la defensa del interés público y demostrar que no puede haber contradicción. Entonces hay que coordinar para que puedan trabajar mancomunadamente, pensando en la defensa de la Argentina.

¿Dónde falla la defensa?

Es un problema general donde la formación es cada vez más pobre. En todo el mundo la abogacía esta en un proceso de degradación donde la formación es más acotada. Hay imagen de que tienen menos formación, menos herramientas, inclusive de que leen cada vez menos. El segundo problema es que en, las universidades no se lo prepara a los abogados defender el interés público se los forma para litigar contra el Estado, para ser corporativos. Hoy está de moda la abogacía privada. Entonces, tenemos un doble desafío; contrarrestar o combatir el empobrecimiento en la formación, y en segundo lugar tratar enriquecer la mirada del abogado con la impronta del interés público y la defensa del interés nacional, colectivo, soberano. El interés de todos.

¿Cuál es tu opinión sobre el acceso a la justicia de los ciudadanos?

-Lo que predomina en Argentina es la falta de acceso a la Justicia y cómo combatimos eso: generando en la ciudadanía una conciencia mucho mayor sobre sus derechos. Muchos no saben. No tienen idea sobre cuáles derechos tienen. Una de la tareas del Ministerio de Justicia es que la población tenga cada vez conciencia clara de cuáles son sus derechos y como hacerlos valer. Si la ciudadana no tiene claros sus derechos, va a fallar el acceso a la justicia.

¿Es un problema del Poder judicial?

El Poder Judicial tiene una serie de fallas en la Argentina. Creo que lo que falla es la Doctrina de Pesos y Contrapesos. Todos se formaron con la idea de que en una Republica hay tres poderes, que pesan y se contrapesan mutuamente y que funcionan en un delicado equilibrio. Esta es la doctrina moderna de poderes. Yo creo que esa doctrina está en crisis y hoy hay un desequilibrio de los Poderes del Estado porque funcionan como burocracias separadas. Muchas veces compiten o se critican pero no funcionan. Por ejemplo, en Argentina tenemos un Procurador General interino y el Procurador es la cabeza de la política criminal. Hace tres años tenemos un interinato. Esos es sólo ejemplo de todas las fallas que hay en las políticas criminales y judiciales. Marca un horizonte en el Poder Judicial.

¿El Poder Judicial se siente interpelado por esto?

-Tenemos un país en donde no solo faltan derechos, por ejemplo la mitad de la gente es pobre y lo que predomina es la injusticia, sin embargo el Poder Judicial no se siente interpelado. Los jueces no se sienten conminados a dar respuestas, como si no fuera un problema del Poder Judicial que haya muchos puntos de la Constitución que no se cumplan: en la salud, educación alimentación, vivienda. Sin embargo el Poder Judicial no pareciera estar muy preocupado por hacer valer la Constitución.

¿Hace falta el debate de la reforma judicial?

-Hace falta un debate serio sobre la reforma. Esto significa uno donde se identifiquen los problemas en vez de discutir sobre algunas personas. Tenemos muchos problemas en la Argentina. Es un país en donde las garantías o el garantismo parece una mala palabra. Y sin embargo las garantías son la base de la Constitución liberal de Alberdi. Hoy parece que un juez que defiende las garantías en lugar de ser elogiado en los medios es cuestionado por ser un garantista. Es como si estuviera mal y no fuera el deber de cualquier juez hacer valer la Constitución. Hay un sentido común anti garantista que es antidemocrático. Sin embargo es el sentido común que se replica en los medios, haciendo le creer a la ciudadanía que un juez que no respeta las garantías constitucionales es un buen juez.

¿Por qué pensás que esta idea antidemocrática es la que predomina?

-Yo vengo del derecho penal. El anti garantismo es una rémora del Terrorismo de Estado. Cuando defender las garantías constitucionales y el debido proceso era un problema y no un deber. Queremos que el abogado del Estado vuelvan a tener claridad acerca de su carrera y vuelvan a tener la seguridad y orgullo que defender el interés publico es importante y las garantías Constitucionales una obligación, no es una opción.

¿Qué es lo primero que reformarías del sistema judicial?

- Argentina no tiene política criminal. Encarcelar pobres no puede ser una política de Estado y sin embargo nuestras cárceles están llenas de pobres, la mitad de cuales está preso violando la Constitución porque no tienen condena firme, es decir violando garantías básicas. Yo diría que si tuviera política criminal, a nivel ejecutivo, el país tendría que criminalizar el delito de cuello blanco, el delito complejo, el crimen financiero. Hoy lo que hace la Argentina que es lo que hacen también los países de América Latina que es encarcelar la pobreza.

¿Y a nivel judicial?

- Creo que lo primero y más urgente es hacer valer la Constitución. Me parece muy grave porque es su principal tarea, como puede haber jueces de ejecución penal que no hagan valer las garantías de la Constitución. Como puede ser que la prisión preventiva es una excepción pero en Argentina es la norma. La gente va presa sin condena. Es hasta confuso, pero es confuso porque hay un sentido común anti garantista, se normalizó algo que no es republicano. Por otro lado, creo que hay que discutir cómo incorporar mujeres a la administración de justicia. Es un poder conservador y patriarcal. Creo que faltan mujeres en todos lados pero también más en la justicia.