El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, desde que asumió el cargo está comprometido en una cruzada contra los derechos de quienes con su esfuerzo producen el valor agregado nacional: los trabajadores. Así en varias ocasiones ha hecho declaraciones públicas, en las que sin el menor pudor agravia a la Justicia del Trabajo y a abogados laboralistas, desnudando con llamativa simpleza su parcialidad de clase y la verdadera representación que ejerce: la de algunos empresarios que de tanto repetir han creado un mito que la realidad desmiente: “la Justicia del Trabajo falla siempre para el mismo lado” o “los abogados laboralistas en complicidad con jueces son responsable de la quiebra de las Pymes”.
En esa línea en el acto de toma de mando del nuevo canciller denunció la existencia de una “mafia de los juicios laborales” y apuntó contra un “grupo de estudios” de abogados y “un grupo de jueces laboralistas, conducido por Héctor Recalde” que “destruye la generación de empleo futuro”. En este contexto, aseguró sin aportar ningún dato concreto que estos abogados “convencen” a los trabajadores a “hacer ese juicio indebido y se lo hacen ganar porque tienen armadita la cosa para llevarse la mayor parte del juicio ellos”. “Hay que enfrentar la mafia de los juicios laborales, hay que enfrentar y terminar porque destruye la generación de empleo futuro”, disparó el Presidente.
Asimismo argumentó que “cuando ellos convencen a un pibe, a un trabajador de una pyme, de que tiene que hacer ese juicio indebido y se lo hacen ganar, porque tienen armadita la cosa, para llevarse la mayor parte del juicio ellos, dejan a siete, ocho, diez o doce trabajadores en la calle, porque la pyme cierra”. Además, indicó que estos juicios también dejan a “un montón de gente sin acceder a un trabajo porque el que tiene que tomar decisiones tiene miedo que su esfuerzo se le vaya en uno de estos comportamientos mafioso”.
De ser estos hechos ciertos y existir un juicio indebido que haga quebrar una pyme y dejar varios trabajadores en la calle, debería realizarse una denuncia concreta aportando los elementos probatorios correspondientes y tomando las medidas disciplinarias correspondientes tanto contra el juez como contra el abogado que actuó de mala fe. La falta de denuncia concreta así como el escenario elegido para el planteo del tema le dan más carácter de show que de denuncia.
Analizando los temas de fondo podemos afirmar que la quiebra de las pymes obedece a las erradas políticas económicas de esta gestión: por un lado, la reducción de los salarios reales y el incremento de los despidos significó la consecuente retracción del consumo y el achicamiento del mercado interno; por otro lado la apertura indiscriminada de la economía significó la entrada de muchísimos productos extranjeros y un aumento feroz de la competencia dando desventajas a la producción nacional que ningún país se da el lujo de dar; el tarifazo de gas y electricidad trajo un altísimo aumento en los costos de energía a la vez que las altísimas tasas de interés hacen imposible el acceso al crédito para este tipo de empresas.
En resumen, las Pymes recibieron un ataque múltiple y simultáneo: el achicamiento del mercado interno, el aumento de la competencia y el aumento de costos por energía y tasa de interese los factores que complican a las pymes y no los Juicios laborales.
Respecto al derecho del trabajo, su función es equiparar una relación que por naturaleza es desigual; contribuyendo de esa manera a la inclusión social, a la ampliación de derechos y a la democratización de la sociedad. Es evidente que con sus ataques, el Presidente de la Nación, como una parte de la clase que representa, sueña con un país sin Justicia Laboral. Su pensamiento encarna el ideal de la economía neoclásica, que sueña con la vuelta a principio del siglo XX y un retorno al mercado que funcionaba libremente, sin intervención estatal en la economía, sin sindicatos y sin Derecho del Trabajo.
Si se tiene en cuenta que la mayoría de los argentinos en edad adulta pasa una parte importante de sus días en el trabajo, se puede decir que el empleo no registrado (33 por ciento de los trabajadores) es la principal causa de falta de “seguridad jurídica” en la Argentina. Si Mauricio Macri se colocaría en el rol de presidente de todos los argentinos y dejaría de lado su rol de representante de parte, podría accionar sobre este flagelo del que los principales responsables son los empresarios. En consecuencia, con mayor registración laboral se eliminaría la principal causa de juicios laborales.
* Docente de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UBA. Director de la Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos y Relaciones Laborales de la UNQ.
