La Cámara Federal de La Plata les dio una mala noticia a los exfuncionarios macristas que batallan para que la causa de la "Gestapo" antisindical se mude a Comodoro Py, como ya ocurrió con todas las otras investigaciones vinculadas a maniobras de espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri. El tribunal, en una resolución que firma el camarista Eduardo Di Lorenzo, sostuvo que el expediente debe quedar en manos del juez platense Ernesto Kreplak, quien ya consideró probado que existió una “estrategia parajudicial", con participación de parte del gabinete de María Eugenia Vidal y de tres directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), para armar causas contra el dirigente de la Uocra Juan Pablo Pata Medina, lo que derivó incluso en su detención. La discusión por quién se queda con la causa terminará en la Cámara de Casación Penal Federal, o a la larga en la Corte Suprema.

A fines de abril, el juez Kreplak dictó los procesamientos por violación a la ley de inteligencia y por prevaricato contra el exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi, el senador Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI Juan Sebastián De Stéfano, el exjefe de gabinete del organismo Darío Biorci y el exjefe operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra. Todos habían participado, junto con empresarios, de una reunión en la sede porteña del Banco Provincia el 15 de junio de 2017, en la que el tema central fue, en el contexto de conflictos que existían con la Uocra, cómo lograr acusaciones penales contra Medina. Incluso uno de los hombres de la AFI sugirió que había que provocarlo para después denunciar amenazas, coacción o delitos de ese tenor. Ese encuentro quedó plasmado en una filmación que realizó la propia central de inteligencia y que fue hallado durante la intervención de Cristina Caamaño. Al ser entregado a la Justicia, originó esta causa.

Los intentos por llevar el caso a Comodoro Py vienen de hace tiempo y fueron introducidos por algunos de los imputados tanto en La Plata como en los tribunales porteños. Ante Kreplak lo hicieron Grassi, Allan y Garro, mientras que De Stéfano hizo otro planteo con la misma finalidad. Este último y Biorci fueron también a dos juzgados de Retiro: en uno, el juez Marcelo Martínez de Giorgi tiene a cargo la megacausa de espionaje macrista (que tuvo su mayor desarrollo en Lomas de Zamora), conocida por el protagonismo de los agentes llamados “Súper Mario Bros”, en otro Daniel Rafecas tiene una denuncia de 2019 del propio Pata Medina, que aludía a la reunión en el Bapro. Martínez de Giorgi reclamó la causa al juez de La Plata, quien lo rechazó. Rafecas declinó la competencia, pero el juez Martín Irurzun anuló su decisión. Otro camarista porteño, Eduardo Farah, determinó que todo debe ser resuelto por la cámara platense. Este intríngulis, por cualquiera de estos ángulos, va a derivar en la Cámara de Casación.

Para Kreplak, la reunión en el Bapro no fue el comienzo de esta historia. Analizó un período mayor, que empieza al menos a comienzos de mayo y se extiende hasta septiembre de 2017, y que involucra al gobierno nacional también al tomar como punto de partida una reunión en la Casa Rosada destinada específicamente a este asunto, de la que participaron el propio Macri, el exdirector de la AFI Gustavo Arribas, Villegas y otros funcionarios como Patricia Bullrich, Guillermo Dietrich y Rogelio Frigerio. Advirtió que se habían hecho actividades de inteligencia ilegal sobre Medina y su entorno, algo reconocido por exagentes de la AFI, y que luego se hacían denuncias anónimas en su mayoría, en juzgados de competencia dudosa, como el de Quilmes. El juez puso énfasis en que los efectos de la estrategia y las acusaciones ocurrieron en la provincia de Buenos Aires (en Quilmes, La Plata, Ensenada). También señaló la responsabilidad de la instancia municipal y del gobierno provincial. Sobre esta última y la del gobierno nacional, aclaró que se avanzaría una vez despejada la discusión de competencia. Por eso no hubo movimientos recientes en la pesquisa.

En la guerra argumental, los imputados que tiran para Comodoro Py argumentan que, precisamente como están involucrados el gobierno nacional y la AFI de los tiempos de Macri, y que hubo hechos ocurridos en la Ciudad de Buenos Aires, la investigación debe hacerse en sus tribunales federales.

El camarista platense Di Lorenzo dice algo que difiere apenas: “Ciertamente, surge de la imputación y del auto de procesamiento que la supuesta estrategia que se investiga sería atribuida efectivamente a los máximos niveles de decisión del gobierno nacional, como lo acentuaron los apelantes, pero también se atribuye esa estrategia a los máximos niveles de decisión del gobierno provincial y municipal, con lo cual aquí también se aprecia que se toma de todos los datos fácticos solo aquellos que interesan para llegar a la solución que desde el inicio se pretende defender”. Por eso sostiene que no tienen razón los imputados que apelan y el fiscal de Cámara, Diego Iglesias, que decidió apoyarlos. “Cabe concluir --señala-- que los hechos ilícitos investigados y por los que fueron procesados los imputados podrían considerarse cometidos en todas las jurisdicciones que se han señalado a lo largo de esta resolución. En la Ciudad de Buenos Aires, al menos, una parte del delito del artículo 43 de la Ley de Inteligencia; en Quilmes y La Plata lo vinculado más directamente con el supuesto prevaricato, y en Ensenada también las tareas de inteligencia ilegal llevadas a cabo por algunos funcionarios de la AFI”.

Ante esa complejidad, sostuvo el camarista, lo que debía tomarse como parámetro son criterios de “economía procesal”. Tuvo en cuenta, por ejemplo, los domicilios de la mayoría de las partes, en jurisdicción bonaerense, “el grado de desarrollo y avance de la investigación y la mayor proximidad con la prueba que deriva de una mayor proximidad con los hechos”. Respecto de la posible conexidad con otras causas que tramitan en Retiro, prefirió “adoptar un criterio de prudencia” porque le parecía insuficiente “la información” disponible. El criterio conocido hasta ahora en la Casación, al menos en la sala que integran Javier Carbajo y Mariano Borinsky, fue el de llevar las causas de espionaje hacia los juzgados federales porteños.