Que la lucha por la memoria, la verdad y la Justicia en Argentina es reconocida mundialmente ya se sabe. Que los organismos que comenzaron el camino y las instituciones que el proceso parió son el espejo en el que procesos de otros lugares quieren mirarse, también. En Brasil, un grupo de investigadores, algunos vinculados con víctimas de la dictadura que asoló a ese país durante 20 años, se miró en el Equipo Argentino de Antropología Forense para forjar el Centro de Antropología y Arqueología Forense (CAAF) y trabajar en la identificación de restos óseos de cerca de 1100 personas que fueron secuestradas, asesinadas y enterradas en la fosa común de Perús, y que ahora va por más. Pese a que en Brasil la posibilidad de juzgar penalmente a responsables de crímenes de lesa humanidad se mantiene clausurada por la máxima autoridad judicial, los integrantes del CAAF trabajan en una investigación sobre las empresas que fueron cómplices y colaboraron con el régimen que encabezó Humberto de Alencar Castelo Branco.

Edson Teles es profesor universitario de Filosofía en la Universidad Federal de Sao Paulo y sobreviviente de la dictadura que gobernó su país entre 1964 y 1985. En diciembre de 1972 él y su hermana fueron secuestrados junto a su mamá y su papá, Maria Amélia de Almeida Teles y César Augusto Teles, militantes del Partido Comunista, y llevados con elles a la cárcel, donde oyeron las sesiones de tortura a las que fueron sometidos. Su historia lo impulsó a trabajar desde la academia el proceso dictatorial de su país y la región, los crímenes que tuvieron lugar entonces, los procesos de memoria. Es, hoy, coordinador de la investigación que el CAAF realiza sobre las empresas cómplices con la dictadura de la que fue víctima.

– ¿Cómo surge el CAAF y la idea de investigar el accionar empresario en los crímenes de la dictadura?

– El CAAF depende de la Universidad Federal de Sao Paulo y surgió en 2014, inspirado en el Equipo Argentino de Antropología Forense. Se constituyó para recibir los restos óseos de la fosa clandestina de Perus, con cerca de 1100 individuos enterrados en una misma fosa durante la dictadura (1964-1985). Con el desarrollo de los trabajos de identificación que se llevaron a cabo en esa fosa, el CAAF ganó experiencia para el análisis forense de graves violaciones a los derechos humanos, en especial las que sucedieron durante aquel período dictatorial. A partir de un financiamiento del Ministerio Público Fiscal, el CAAF creó un proyecto para investigar la responsabilidad de las empresas en violaciones a derechos durante la dictadura en el que estamos trabajando.

Según su descripción formal, el proyecto de investigación busca “recopilar información, testimonios y análisis” para “desentrañar la articulación entre organismos políticos de represión y empresas” durante la dictadura. Entre las bases sobre las que se apoya la iniciativa para avanzar figura el Informe Final de la Comisión Nacional de la Verdad que se llevó a cabo hace una década en el país vecino con Dilma Russeff en la presidencia. “El proceso represivo incluye la recolección y transmisión de información sobre la actividad sindical de los trabajadores, el aporte logístico y material al aparato represivo y la instalación de centros clandestinos de detención y tortura, incluso en los propios locales de las empresas”, describe en un documento el CAAF en el que indica que la iniciativa “entiende que las características de estas violaciones configuran la complicidad con el terrorismo de Estado y, en consecuencia, con los crímenes de lesa humanidad, con un impacto que excede a las víctimas directas, y que continúan teniendo consecuencias hasta hoy si no son comprendidas sus diversas dimensiones”.

– ¿Cuál fue el nivel de complicidad de las empresas con la dictadura y los crímenes de lesa humanidad en Brasil?

– El nivel fue amplio, complejo y profundo. El propio golpe de 1964 con el que las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno fue planeado y financiado por varias empresas e industrias. Durante los años siguientes, empresas y empresarios colaboraron financieramente y con apoyo logístico para el montaje de los aparatos represivos del régimen militar, los centros de tortura. Además, financiaron y promovieron a través de sus departamentos de seguridad institucional la represión de trabajadores y sindicatos. Fueron cómplices de muertes y desapariciones al colaborar con la Policía política del régimen. A cambio, recibieron beneficios económicos.

– En Argentina hay obstáculos para avanzar en el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad de los que funcionarios y directivos empresarios fueron cómplices o responsables, pero se ha condenado a algunos, como los exdirectivos del caso Ford. En Brasil eso no ha sido posible. ¿Por qué? ¿En qué medida esa situación impone desafíos a tu tarea?

– En Brasil convivimos con la interpretación del Supremo Tribunal Federal de que la Ley de Amnistía de 1979 tornó inimputables a los individuos involucrados en la violencia estatal de la dictadura. Hasta la fecha, ninguno de los involucrados ha sido juzgado y condenado penalmente. Esto obliga a que nuestro trabajo se centre en las empresas y no en los emprendedores. Como ya experimentamos en el caso de las indemnizaciones pagadas por Volkswagen do Brasil por su colaboración con la dictadura, la estrategia actual es exponer a la opinión pública el involucramiento de empresas para incitarlas a producir actos de reparación e indemnización. Los límites de este momento son el bloqueo de los actos de justicia penal.

– ¿Cuánto complicó esa tarea el gobierno de Jair Bolsonaro?

– Con el gobierno de Bolsonaro tuvimos al menos dos grandes complicaciones. Por un lado, el gobierno y la extrema derecha comenzaron a promover una especie de política de memoria inversa, tratando de invertir los valores sobre el período de la dictadura, negando sus aspectos violentos y justificando parte de lo sucedido al revivir la lógica de la guerra contra el “enemigo de la patria”. Para dar una idea más acabada, nuestro actual presidente tiene como su héroe, lo dijo varias veces, al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que fue comandante del mayor centro de tortura de la dictadura, responsable de decenas de asesinatos y desapariciones, además de centenas de miles de casos de tortura. La segunda complicación fue la aplicación de una política de desmantelamiento de derechos y políticas de memoria. Extinguió los cuerpos y grupos de trabajo, como el Grupo de Trabajo Perus, que buscaba analizar e identificar desaparecidos políticos entre los restos óseos de la fosa clandestina de Perus, o el Grupo de Trabajo Araguaia, que tenía como objetivo localizar los restos de desaparecidos de la Guerrilla de Araguaia. Recientemente, hubo un intento de cerrar la Comisión Especial sobre Muertes y Desapariciones Políticas (CEMDP), lo que provocó una reacción de los movimientos de derechos humanos impidiendo el hecho. La segunda estrategia fue destruir desde adentro las políticas de memoria, ya sea colocando defensores de la dictadura en puestos directivos, o desmovilizando los aparatos necesarios para su funcionamiento.

-- ¿En las gestiones de Lula da Silva y de Dilma Rousseff fue distinto, hubo avances? ¿Se espera que si Lula gana las elecciones pueda haber avances en el proceso de judicialización de estos crímenes?

– Durante los dos mandatos de gobierno de Lula da Silva hubo pocos avances en la judicialización y el suyo funcionó como un gobierno de conciliación de la izquierda con la derecha y los militares. Así, se dieron políticas de memoria con recuperación de la historia de las víctimas, pero ningún paso del Poder Ejecutivo hacia actos de justicia. Luego, y tras décadas de retraso, el gobierno de Dilma Rousseff impulsó a través del Congreso Nacional la creación de la Comisión Nacional de la Verdad. Si bien los objetivos de esta institución no eran promover la judicialización de los crímenes de la dictadura, sus investigaciones incentivaron una mayor organización de la sociedad en torno a esta lucha, movilizando a diversos grupos e instituciones e impulsando a decenas de solicitudes de procesos por parte del Ministerio Público de la Federación. Hoy, debido a una mayor articulación de la sociedad en torno al derecho a la memoria y a la verdad, pero también a la justicia creo que un tercer mandato de Lula, a pesar de mantener su política de no promover justicia sobre los crímenes de la dictadura, sería una poderosa apertura democrática para los sectores organizados de la sociedad.

Volkswagen: el primer paso

– ¿Cuál fue el rol de Volkswagen en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura de Brasil?

– La sede brasilera de Volkswagen organizó un departamento de seguridad institucional, creando listas de trabajadores que luchaban por sus derechos, entregando a sus referentes a las fuerzas de seguridad política de la dictadura y promoviendo la tortura física y psicológica de ellos dentro de la fábrica. La denuncia contra la empresa fue realizada por el movimiento sindical y organizaciones de memoria de víctimas y la tomó el Ministerio Público, que finalmente registró la denuncia contra la empresa en la justicia. Así, fueron los propios trabajadores quienes iniciaron las investigaciones, elaborando y reuniendo los primeros documentos que acreditaban las infracciones cometidas por Volkswagen.

– ¿En qué situación está esa empresa frente a la Justicia?

– Anticipando la posibilidad de una condena en su contra, Volkswagen participó de lo que en Brasil llamamos TAC, Término de Ajuste de Conducta (que tuvo lugar hace dos años): un acuerdo entre la Justicia, el Ministerio Público Federal y la empresa para el pago de unos R$ 36 millones destinados a la reparación individual de las víctimas y sus familias, así como una parte dedicada a proyectos de memoria y reparación. Dos millones de reales de esta compensación se dedicaron a nuestro proyecto de investigación sobre otras diez empresas, que tienen fuertes indicios de participar en la represión política durante la dictadura. Este acuerdo se refiere a las prácticas represivas y de persecución contra los trabajadores dentro de la fábrica de la automotriz en São Bernardo do Campo, donde el movimiento sindical metalúrgico promovió importantes protestas a fines de la década de 1980, cuando estaba presidido por Lula. Actualmente, se ha abierto un segundo procedimiento de investigación contra Volkswagen por el uso de mano de obra esclava en fincas de su propiedad en la región norte del país.

– ¿Hay alguna otra empresa en la misma situación?

-- Como demandados en el ámbito de la Justicia, todavía no hay otra empresa en la misma situación que Volkswagen. Sin embargo, muchas de las empresas que estamos investigando actualmente se encontrarán en la misma situación en los próximos años. Entre las investigadas figuran Paranapanema, Josapar, Aracruz e Itaipú (binacionales, Brasil y Paraguay) especialmente por violaciones contra poblaciones tradicionales (pueblos indígenas, quilombolas y campesinos); FIAT y Cobrasma, por persecución y represión contra los trabajadores en lucha; Folha de Sao Paulo por persecución y apoyo al aparato represor; CSN por la represión de los trabajadores y la población local utilizando a las Fuerzas Armadas; Companhia Docas do Porto de Santos por persecución generalizada y beneficios económicos; Petrobras, por persecución y represión a los trabajadores, delitos ambientales y beneficios económicos.