Todas las normas, desde las más modestas hasta las que regulan los delitos más graves, presuponen aparatos judiciales que funcionen. Así, la clave de un sistema corrupto no es el Poder Ejecutivo ni su Congreso, sino que son aquellos sectores estratégicos del Poder Judicial donde se encuentran los magistrados que representan el Poder Real.

Baste un ejemplo histórico para graficar lo dicho. En el año 2013, Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación, presentó al Congreso un proyecto de ley para democratizar la justicia. Contenía normas revolucionarias en cuanto a la designación de los Consejeros que integran tres corporaciones claves del Consejo de la Magistratura: jueces, abogados y académicos. El proyecto señalaba que a partir de la sanción de la ley, los Consejeros representantes de esas tres corporaciones (a la vez TODOS abogados), serían elegidos por el voto popular. Se trataba de una innovación decisiva ya que el Consejo es el órgano del Estado cuya principal función es la de proponer las ternas de candidatos a jueces de la nación, así como la de impulsar la sanción a aquellos magistrados sospechados de violar la ley. El proyecto fue aprobado en ambas Cámaras legislativas y promulgado por la Presidenta de la nación el 24 de mayo de 2013.

Tres semanas después, el 18 de julio de 2013, la Corte Suprema de Justicia con el solitario voto en disidencia del Dr. Raul Zaffaroni, declaró inconstitucional la citada norma. Finalizaba así una breve ilusión de participación popular en la designación de quienes tienen la misión de proponer los jueces que decidirán nuestras vidas.

En la actualidad, los cuatro miembros de la Corte Suprema, junto a un nutrido grupo de jueces y fiscales del fuero Federal, concentran la última etapa del manejo de la cosa pública, y separan la paja del trigo. Se trata en la práctica del ya conocido “derecho penal del enemigo”, que permite llevar a juicio y condenar a determinadas personas seleccionadas, no importando la inexistencia de pruebas.

En sentido opuesto, también practican lo que podemos llamar “derecho penal del amigo”, que es el que permite liberar de toda responsabilidad a quien se considera jefe, colega, socio, recomendado, allegado, compañero de paddle, futbol, o simplemente “amigo”. No importa la contundencia de las pruebas en su contra.

Ese es básicamente el complejo escenario actual en el país en materia de justicia. El universo alcanzado por el derecho penal del amigo, es muy amplio y va desde Mauricio Macri, líder de la organización, hasta su asesor y responsable de la designación del 50 % de la Corte actual, alias Pepín (Rodriguez Simón), quien vacaciona hace largo tiempo en la costa uruguaya. En el medio, una interminable lista de funcionarios de los tres poderes del Estado que actuaron durante la gestión de Mauricio Macri, muchos de los cuales continúan en sus cargos y despachos.

En el extremo opuesto, Cristina Fernández de Kirchner, encabeza otro universo, el de los enemigos. A muchos de ellos, ya se los ha condenado y han cumplido o están cumpliendo sus injustas prisiones. Otros, están en plena picadora de carne. Obsceno proceso en el que se ficciona un juicio, deliberadamente de manera virtual (por internet) y en el cual la suerte ya está echada. Muchos de sus destinatarios, enemigos, ya han sido “operados” por la organización criminal. En el caso de Cristina, con años de cruentas e impunes agresiones personales y familiares. En igual sentido, desde los medios hegemónicos se ha manipulado a una parte de la opinión pública con la reiteración de que se trata de una “chorra” y que la Patagonia esta poco menos que repleta de conteiners de dinero. Como se recordará la propia Patricia Bullrich, notable miembro de la organización delictiva, avaló en televisión esa ridícula teoría y un fiscal federal, llenó de agujeros la zona. Pero la manipulación, eje central de la metodología de la derecha real, logra que lo ridículo se transforme en factible. Así, fiscales y jueces que quedan expuestos en imágenes por sus vínculos con el jefe de la organización, Mauricio Macri, en su propia casa de campo, doblan la apuesta. Con la impronta de carecer de vergüenza, confirmarán que las fotos son reales. Preguntarán luego: “Y qué?”. Ese es el masculinismo del Poder Real. Desde allí actúan, saquean, violentan y finalmente quedan impunes.

El juicio “show” de los fiscales Luciani y Mola, es absolutamente nulo. No sólo porque dos de sus principales protagonistas jueguen juntos al fútbol en la quinta del jefe de la organización. Obviamente eso es de por sí gravísimo y suficiente para una nulidad. Pero el panorama es mucho más grave que eso. Porque otros magistrados, también deportistas y visitantes del jefe, integran la rama judicial de una organización criminal que nunca fue investigada como tal. Presuponer que en nuestro país hay un sistema judicial que funciona, es un grave error de análisis. No permite asumir que nada de lo que se argumente será suficiente. El error impide además, tomar conciencia que los magistrados que juegan al fútbol con quien deben investigar, ya tienen la decisión tomada. Seguirán garantizando la impunidad del jefe y el resto de la banda (espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan) y seguirán también atormentando a la enemiga y cuando llegue el momento, condenándola.

Es hora de sumar acciones y estrategias que, partiendo de la triste realidad judicial que vivimos, desenmascare y responsabilice a todos los operadores de la organización criminal. En ese sentido, la movilización popular en defensa de Cristina y todas las víctimas del insaciable Poder Real, es imprescindible. Pero también lo es utilizar todos los recursos del Estado para reestablecer la vigencia de un estado de derecho hoy devaluado con una vara obscena, clasista y discriminadora. Claro, siempre que haya decisión política para ello.