En la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación de Catamarca, comenzó a juzgarse el asesinato de Diego Ivan Pachao, el joven de 20 años privado de su libertad en marzo de 2012 por la Policía de la provincia y por el que hay seis efectivos de la fuerza acusados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y vejaciones.
Se trata de un juicio paradigmático por las características de su investigación y por las dilaciones impuestas por los 14 imputados que tuvo en su momento y que la Justicia fue sobreseyendo a medida que pasaban los años.
Del primer día de debate participó la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (CAJ), Gabriela Carpineti. La Mesa Interseccional Contra la Impunidad Catamarca junto al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) emitieron un comunicado donde pidieron que “se garantice la sanción adecuada de las personas responsables y la reparación integral de las víctimas”.
El 11 de marzo de 2012, a las 10 de la mañana, Leonel González fue aprehendido por efectivos de la Comisaría Séptima en la Avenida Los Legisladores, en la zona norte de la ciudad. Diego, quien quiso evitar que arresten a su amigo, fue reducido y llevado también. Casi 24 horas después, el día 12 a la madrugada, el joven fue llevado en ambulancia desde la Comisaría al Hospital San Juan Bautista, donde falleció el 14 por muerte cerebral como consecuencia de dos golpes mortales en su cabeza constatados por las pericias médicas.
Por las características de los golpes, sobre todo el que recibió en la nuca y por los síntomas que presentó: vómitos, falta de coordinación, sangre por la nariz, más la negativa de los policías de liberarlo o permitir que su madre, Claudia Véliz, lo vea y le lleve comida, su familia siempre entendió que fue golpeado en ese lugar y que los efectivos además, se negaron a darle atención médica a tiempo.
Sin embargo, los primeros investigadores de la causa, Marcelo Sago y Miguel Mauvecín imputaron por homicidio preterintencional a los hermanos Lucas y Darío Leiva de quienes dijeron que habían mantenido una pelea con Leonel y Diego antes de ser arrestados. Posteriormente, acusaron al médico de Sanidad Policial, por “no ver” una cicatriz que tenía el joven y que databa de una semana atrás, cuando se le realizó el examen médico de rutina alrededor de las 12 del mediodía.
Tras estas hipótesis y al no poder negar la intervención policial en el caso, se imputó a 11 efectivos de la fuerza por incumplimiento de los deberes de funcionario público y vejaciones.
Con el paso de los años, las causas contra los hermanos Leiva y el médico de la Policía prescribieron. En tanto, sobreseyeron a cinco de los policías imputados quedando sólo para responder ante la Justicia: Gustavo Eduardo Bulacios, Claudio Yani Nieva, Ramón Ariel Quevedo, Ricardo Darío Barrera, Ricardo Varela y Jorge Montivero.
Debate
Durante el primer día de debate sólo tres de los acusados declararon; Bulacios, Barrera y Varela. Los primeros dos coincidieron al asegurar que Diego hasta el mediodía del 11, cuando fue llevado a Sanidad Policial, presentaba un buen estado de salud, por lo que la descompensación fue en horas de la tarde.
“Cuando lo vi estaba bien. Parecía que había consumido bebidas alcohólicas, por el aliento. Nosotros habían concurrido porque nos dijeron que Gonzalez iba con una cuchilla. Pachao iba solo y llegó después. Ingreso voluntariamente a la caja de la camioneta”, dijo Bulacios.
Por su parte, Barrera explicó que lo vio en horas de la mañana cuando fue su detención y que estaba bien. Luego volvió al servicio alrededor de las 22. “Me dijeron que había vomitado. Que le había convidado pizza y había comido y que después le hizo mal y salió al patio. Estaba sentado en el patio, había una silla, la luz no era muy buena y me levantó el pulgar cuando le pregunté cómo estaba”.
El policía contó que luego fue a un requerimiento y que la oficial Acevedo (que fue sobreseída de la causa) lo hizo volver alrededor de la 1 de madrugada. “Cuando ellas nos hace volver a la Comisaria, estaba de costado en el suelo. Ahí nomas se comunica con una ambulancia al comando. Vino personal del Same y lo atendió”.
La abogada de la familia, Natalia Páez, señaló que hoy continuará el debate y se espera que la madre del joven y quien entonces era su pareja puedan dar su testimonio de los hechos.
Acompañamiento
La directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (CAJ), Gabriela Carpineti viajó para asistir al debate. En diálogo con la prensa, aseguró: “Es un juicio paradigmático, diez años de vulneración y violación del acceso a la justicia de Claudia. Diez años que se violaron los derechos humanos tanto de Diego como de sus familiares que fueron y siguen siendo víctimas”.
La funcionaria, dijo además que “Están siendo juzgados estos seis policías, esperando se resuelva su juzgamiento para el pase a disponibilidad. Creemos que este juicio servirá para volver a discutir la calificación penal de este hecho que es más grave. Nuestra intervención es como veedores, no fue fácil acceder al expediente, pero pudimos. Son 40 fojas que merecen una lectura minuciosa, para nostras la calificación es insuficiente, este Tribunal va a tener que trabajar en relación a eso”,aseguró.
En cuanto a su lectura del hecho tras haber leído el expediente y escuchado el primero de los testimonios en el juicio, Carpineti fue más allá y resaltó: “Acá hubo torturas, hubo responsabilidad de los policías como de otros funcionarios provinciales. La ley es clara los Derechos humanos se respetan o se violan, no hay puntos intermedios”.
En tanto, desde la Mesa Interseccional Contra la Impunidad Catamarca, emitieron un comunicado al que adhirió el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura. “A diez años de los hechos, en el debate se examinará la responsabilidad penal de seis policías por conductas compatibles con la imposición de torturas y malos tratos, y por la omisión de brindarle pertinente asistencia médica pese al insistente reclamo en tal sentido por parte del resto de las personas alojadas en la comisaría y al evidente deterioro en su estado de salud”.
Señalaron que “El CNPT recuerda la importancia de que la responsabilidad penal de funcionarios/as policiales en hechos de esta naturaleza se juzgue de acuerdo a los estándares locales e internacionales, aplicables tanto en materia de muertes bajo custodia estatal como de investigación eficaz de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y con ello se garantice la sanción adecuada de las personas responsables y la reparación integral de las víctimas”.
En la calle acompañaron organizaciones sociales, que durante las 1.234 marchas en pedido de justicia que hizo la mamá de Diego estuvieron presentes.
