La Cámara de Diputados de Paraguay archivó el juicio político contra la fiscal general Sandra Quiñónez, por falta de votos. Tras casi dos semanas de debate, la medida contra la fiscal obtuvo 15 a votos favor, 28 en contra, 3 abstenciones y 34 ausencias de legisladores que se retiraron de la sesión.
El sector Fuerza Republicana, del gobernante Partido Colorado, encabezado por el presidente Mario Abdo y el vicepresidente Hugo Velázquez, junto a una parte de la oposición, impulsaron el juicio político que fue presentado el pasado 23 de julio. Durante la votación, varios legisladores que apoyaban las acusaciones se fueron de la sesión con el fin de no dar quórum.
Por su parte, 18 diputados del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) rechazaron la solicitud. Gustavo Bernal, presidente del Tribunal Electoral Independiente del PLRA, informó que el Tribunal de Conducta analizará la situación de estos legisladores y evaluará si cabe una sanción por no apoyar el juicio político.
Largo debate
La discusión parlamentaria contó con varios cuartos intermedios, mientras que los diputados opositores y oficialistas que apoyaban la mediada buscaban los 53 apoyos que necesitaban para avanzar en el juicio político.
Quiñónez es acusada de proteger a la “mafia organizada” y, en particular, al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), uno de los líderes colorados, señalado recientemente por Estados Unidos como “significativamente corrupto”.
La semana pasada, el presidente Abdo afirmó que “quien tiene que ser investigado es el grupo que hace el esfuerzo para que el inicio del juicio político no prospere. Esto debilita la credibilidad de la institución. El juicio político depende de quien posiblemente debería ser enjuiciado”, señaló aludiendo a Cartes.
Algunas de las acusaciones contra la fiscal presentadas en la solicitud de juicio fueron: un blindaje hacia el expresidente Cartes; el caso del “avión iraní” que arribó al país con un cargamento de cigarrillos que se vendieron a Estados Unidos; la investigación sobre Darío Messer, acusado de lavado de dinero; la falta de acción oportuna en relación con informes de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes; la inacción deliberada para la recuperación de activos tras informes de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados.
