Mucho antes de que Horacio Rodríguez Larreta anunciara que restringirá los programas sociales a familias cuyos hijos no vayan a la escuela, la Auditoría porteña había identificado falencias en los programas sociales y las había informado al Gobierno de la Ciudad. Lejos de la escolaridad, los problemas principales pasan por recortes en un presupuesto que se reduce año tras año, subejecución de las partidas del programa y falta de transparencia en la actualización de los montos, entre otros. La presidenta de la Auditoría, Mariana Gagliardi, indicó que ese informe "detectó que el gobierno porteño no notifica a las familias ante las modificaciones y bajas de los beneficios, vulnerando sus derechos. Lo que queda en evidencia es la ausencia de seguimiento y acompañamiento del Ejecutivo de la Ciudad”.

Los anuncios que hizo Larreta sobre los planes sociales (y en particular sobre el programa "Ciudadanía porteña. Con todo derecho") ignoraron una larga serie de señalamientos que le hizo la Auditoría sobre ese programa y que constan en un informe que evaluó los dos años pasados. En primer lugar, el informe recuerda que la población que puede acceder a ese programa son "los hogares cuyos ingresos resultan hasta un 25 por ciento por encima de la canasta de indigencia. Son unas 40 mil personas. Y cobran, a valores de mayo de este año, en promedio unos 11 mil pesos. Pese a que ya el Indec actualizó la canasta básica alimentaria en junio, "no se ha podido verificar la actualización del beneficio", dice el informe.

El equipo de la Auditoría hizo un análisis legal del programa, que está sustentado en una ley de la Ciudad. Es esa norma la que indica que, como condición para acceder al programa, hay que presentar certificado de asistencia a la escuela cada tres meses. El equipo legal concluye que Larreta está modificando un aspecto de la ley, pero sin haber hecho la modificación vía la Legislatura. "Una modificación del plazo debe implicar necesariamente una modificación de la ley 1878", advierten. Tampoco hay, hasta el Boletín Oficial del martes, ninguna modificación del decreto reglamentario de 2014.

Falencias

La medida no resuelve ninguna de las falencias que la Auditoría encontró al hacer un análisis del programa en el período 2020 y 2021 en tres informes distintos, a saber:

* "Desde el área competente no se llevan adelante tareas de promoción de reingreso al sistema educativo formal de niños, niñas y adolescentes que hubieran desertado a través de la gestión de vacantes", indican los informes. Es decir, pese al anuncio declamado, el gobierno porteño se viene desentendiendo de hacer un seguimiento de los menores de edad y de su acceso a vacantes y de fomentar su reincorporación.

* Tampoco "se realiza seguimiento, acompañamiento y orientación a los hogares beneficiarios así como la derivación en los casos necesarios: por ejemplo, ante situaciones de repitencia y sobre-edad en educación; riesgos en salud y desarrollo nutricional y vulnerabilidad social".

* "Incumplimientos en los seguimientos a los controles de salud y de formación correspondientes a los programas".

* "Debilidades en las notificaciones a los beneficiarios de las bajas y modificaciones".

* "Subejecución de las metas físicas (cantidad de beneficiarios por año) programadas". Es decir, el programa lo recibían menos beneficiarios de los que estaban pautados. Otros programas como la "Red primeros meses", destinada a mujeres embarazadas o madres de niños o niñas de hasta un año, tuvo en 2021 una caída de 139 hogares y de 261 beneficiarios en un año. Es un programa destinado a reducir la mortalidad infantil.

* "Falta de transparencia en el mecanismo de la actualización de los montos de los beneficios".

Recortes de recursos

A estas falencias concretas se le suma un análisis del presupuesto destinado, que se reduce año a año. Entre 2016 y 2020, en promedio el recorte fue de un 29 por ciento. En 2017, cayó un 40 por ciento, igual que en 2018. Y durante 2020, un 18 por ciento. El área que se ocupa del programa fue bajada de rango: pasó de ser una dirección general a una gerencia operativa en agosto de 2021.

Esto tiene, lógicamente, un correlato en la caída de beneficiarios: desde 2014 hasta 2021, la cantidad de personas que reciben el programa cayó un 21 por ciento, lo cual es más llamativo en un contexto de crecimiento de la pobreza. Más de la mitad de las beneficiarias son mujeres.

El informe de la Auditoría no entra en los reclamos por falta de vacantes, que crecen año a año, sobre todo en el sur de la Ciudad, donde --según las estadísticas del gobierno porteño en 2019-- el 43,3 por ciento de los menores de 18 años se encontraban en situación de pobreza multidimensional, y donde se da el mayor porcentaje de menores con percepción del programa Ciudadanía porteña era del 5,3 por ciento para el 2020.

“El jefe de Gobierno debería tener como prioridad el acompañamiento a las familias de la Ciudad que más lo necesitan. En cambio, recorta el presupuesto y excluye a cientos de porteños y porteñas”, señaló la presidenta de la Auditoría porteña.