El presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia (CBI), Leopoldo Moreau, reclamó que la Corte Suprema intervenga para dejar sin efecto el sobreseimiento que la Cámara Federal porteña le dictó a Mauricio Macri en la causa por el espionaje sobre los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan. Para el diputado se trata de un hecho de gravedad institucional inédita que da cuenta de un “desfachatado esfuerzo por exculpar al expresidente Macri” por parte de los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.

“Sobrepasaron con su fallo todos los límites del Estado de derecho”, sostuvo Moreau en referencia a la resolución del 15 de julio pasado en la que dictaron el sobreseimiento de Macri, de los jerarcas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista y de los agentes que habían sido procesados por el juez Martín Bava por espiar a los parientes de los submarinistas desde que se hundió el buque de la Armada Argentina hasta que se lo localizó. Los camaristas no negaron la existencia de tareas de inteligencia sin orden judicial. Sin embargo, dijeron que estaban justificadas por la protección de la seguridad presidencial y seguridad interior.

“La sentencia de Llorens, Bruglia y Bertuzzi que, de ahora en más deberían trocar sus apellidos por los de Videla, Massera y Agosti, restituye la doctrina de la Seguridad Nacional impuesta por esa nefasta Junta militar al sostener que cualquier ciudadano puede ser espiado, acosado o perseguido si clandestinamente una fuerza de seguridad del Estado lo considera ‘un riesgo’ para la seguridad Interior”, sostuvo Moreau.

Para el presidente de la CBI, la Cámara Federal avanzó sobre los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas al borrar de un “plumazo los efectos de las leyes de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional que, junto con la de Defensa Nacional, constituyeron el fundamento del pacto democrático que las fuerzas políticas sellaron a partir de 1983”. En esa misma línea, ya se habían pronunciado otros referentes políticos e integrantes de organismos de derechos humanos al conocerse la sentencia.

Moreau reclamó, a través de un comunicado, la intervención de la Corte y sugirió el mecanismo del per saltum –el mismo que utilizaron los supremos para tratar la situación de Bruglia y Bertuzzi por sus traslados sin mediar concurso a la Cámara Federal porteña–. Sin embargo, esa herramienta legal –que se usa para saltar instancias y llegar más rápido a la Corte Suprema– no está prevista a priori para causas penales.

El tema puede llegar al máximo tribunal después de que se expida la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal. Hasta ahora, hay planteos para que se anule la decisión de la Cámara Federal por parte de una de las querellas y del fiscal José Agüero Iturbe, que incluso insinuó que el trío de la Cámara Federal se preocupó más por salvar a Macri que por acreditar lo que habían sufrido las víctimas –es decir, los familiares de los tripulantes que eran espiados mientras reclamaban saber qué había pasado con los suyos–.

En los próximos días, la abogada querellante Valeria Carreras presentará su recurso contra la decisión de Llorens, Bertuzzi y Bruglia. “Esta querella coincide en todo con lo que planteó Moreau en su comunicado aunque esté pidiendo peras al olmo”, le dijo Carreras a Página/12.

“Sabemos que no tenemos las garantías mínimas en este proceso. No hay igualdad ante la ley. No hay jueces imparciales. No hay búsqueda de la verdad y consecuente justicia. Considerar que, en el hipotético caso de llegar a la Corte, los actuales miembros actuasen ajustados a derecho en esta causa es solo una expresión de deseo que compartimos pero que sabemos no se dará en los hechos”, apuntó Carreras.

“Sin embargo confiamos en exponer ante Casación todos y cada uno de los atropellos jurídicos de la sentencia de los camaristas –que, si hubiesen sido balas, habrían generado una matanza–, pues lo que mataron fueron los principios rectores de nuestra Constitución al convertirnos en potenciales terroristas a merced del poder del Estado, algo que siempre termina mal”, añadió la abogada.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal está integrada este año por los jueces Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques y Ángela Ledesma. Al ser la del ARA San Juan una causa conexa al D’Alessiogate, la composición de la Sala podría variar porque Mahiques está excusado en ese expediente. Ledesma ya intervino en otra causa de espionaje –la de los Súper Mario Bros–. La jueza, en esa oportunidad, sostuvo que la investigación debía continuar en Lomas de Zamora y objetó que su colega Mariano Borinsky no diera explicaciones por sus visitas a Olivos y por haber estado mencionado en el teléfono de Darío Nieto, el secretario de Macri que reclamaba el pase de la causa hacia los tribunales de Comodoro Py.

Días atrás, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) –que lidera el Premio Nóbel Adolfo Pérez Esquivel– hizo una presentación en la Cámara de Casación para llevar la discusión sobre la causa de los Súper Mario Bros a la Corte Suprema. En ese expediente, Bertuzzi y Llorens –uno de los magistrados que integra el equipo de fútbol con el fiscal Diego Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu– dijeron que no hubo un plan masivo de espionaje durante el macrismo y que los espías que siguieron a Cristina Fernández de Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta o Florencia Macri lo hicieron por su propia cuenta.