Un grupo de diputades de Juntos Por el Cambio presentó un proyecto de ley que pretende prohibir el derecho de los presos y presas a votar. La iniciativa, que lleva la firma de Alberto Asseff (PRO), propone derogar la ley N°25.858 --sancionada durante el gobierno de Néstor Kirchner y que garantiza el derecho a emitir el voto para todas las personas privadas de su libertad-- bajo el insólito argumento de que la norma fue un "mero recurso para la obtención de votos por parte del Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta el perfil de electorado que detenta el oficialismo".
"La privación de la libertad de una persona indefectiblemente lo pone en una situación en la cual ciertos derechos y obligaciones no pueden ser ejercidas", explica Asseff en los fundamentos del proyecto y, buscando justificar por qué los presos no deberían poder votar, agrega: "Resulta harto contradictorio obligarlos a llevar a cabo una imposición cívica tal como el voto, habida cuenta además, que la persona detenida mal puede lograr un estado mental en el cual le permita el discernimiento tal que lo lleve a elegir correcta y conscientemente a sus representantes, por cuanto dicha persona se encuentra mentalmente enfocada en su entorno carcelario y en lograr su libertad". Además de Asseff --quien, hace solo un mes había presentado también un proyecto pidiendo que le den prisión domiciliaria a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad-- la iniciativa lleva también la firma de otros diputades de JxC como Gerardo Milman (mano derecha de Patricia Bullrich), Carlos Zapata, Héctor Stefani, Francisco Sánchez, Alejandro Finocchiaro, Pablo Torello, Jorge Vara, María Sotolano, Virginia Cornejo y Gerardo Cipolini.
La primera vez que los presos (con prisión preventiva) pudieron ejercer su derecho ciudadano a elegir sus representantes fue en las elecciones nacionales del 2007. Varios años después, en 2016, la Corte Suprema dejó firme un fallo de la Cámara Nacional Electoral que garantizaba el derecho al voto de las personas condenadas en causas penales, reafirmando la inconstitucionalidad de prohibirle a los presos votar (y dejando así la propuesta de JxC en directa contradicción a la actual jurisprudencia).
