Bárbara García tenía 9 años y su hermano, Camilo, 4, el 13 de junio de 1976 cuando una patota del Ejército ingresó en la casa donde vivían con su mamá, Rocío Martínez Borbolla. Ella, a quien venían a buscar, jamás apareció y sus hijes esperan cerrar esa herida con Justicia cuando el miércoles, a las 18, el Tribunal Oral Federal número 2 de Ciudad de Buenos Aires, comunique su veredicto contra los represores del Regimiento de Infantería número 6 de Mercedes, acusados de aquel crimen y de los cometidos contra otras cuatro víctimas durante la última dictadura cívico militar. A pesar de que les hermanes García recibieron golpes y amenazas durante aquel operativo, elles no integraron la lista de víctimas.

“Quiero creer que se va a hacer justicia”, auguró la mujer que durante “toda” su vida cargó “con esta mochila que ya es demasiado pesada”. Lo dice en referencia a los hechos que a ella y a su hermano les dejaron huérfanes, pero también memoriosos. “Tener memoria pesa, no poder olvidar ciertas cosas pesa”, dijo en diálogo con este diario, horas antes del momento que le signifique “poder pasar a otro capítulo”. El veredicto llegará a las 18 de mañana y podrá presenciarse en los tribunales de Comodoro Py, luego de las dúplicas de las defensas y las últimas palabras de los acusados. Afuera, La Retaguardia va a estar manteniendo una transmisión en vivo.

El secuestro de su mamá sucedió en Haedo, en la noche del 13 de junio de 1976. La fueron a buscar a la casa que compartía con Pedro Martucci. A él también se lo llevaron. Tras golpearlos y amenazarlos de muerte, a Bárbara y a Camilo, que escucharon los golpes que la patota le propició a su mamá, los dejaron en la casa de una vecina. “Nosostros sabemos lo que pasó, nosotros sabemos la verdad y desde siempre cuento lo mismo, desde que denuncié lo que ocurrió con mi mamá ante la Conadep –tenía 15 años– hasta hoy. Espero que la Justicia la tome”, apuntó.

Las víctimas que quedaron en el camino

El debate oral comenzó en diciembre pasado con una lista de 37 víctimas, militantes del PRT-ERP, de Juventud Guevarista y del Partido Socialista de los Trabajadores, en su inmensa mayoría vinculados a la producción e impresión de revistas de la agrupación Estrella Roja y El Combatiente. Sus secuestros –en 36 casos–, sus torturas –en 5 casos– y sus asesinatos –en 8 casos– en una gran mayoría, les eran atribuidas a Alberto Schollaert, quien fue jefe del regimiento de Infantería número 6 de Mercedes al momento de los hechos. A principios de mayo, el TOF decidió apartarlo del juicio por considerar que su salud estaba demasiado deteriorada ya. Fue el segundo imputado que quedó fuera de debate, impune: Gustavo González Sass, subteniente retirado, había fallecido en el camino.

Al quedar fuera de juego Schollaert, también cayeron las acusaciones penales en su contra. Entre ellas, la que cargaba por el secuestro de la hermana del cantante Víctor Heredia y su esposo. Así, solo 5 casos quedaron en pie en el debate, entre los que se cuenta el de la mamá de Bárbara y Camilo, y el de su compañero. También las muertes de Jorge Arancibia, que fue fusilado en la puerta del lugar donde la patota del RIM 6 dirigió un operativo en una casa en San Andrés, localidad de San Martín, conurbano bonaerense, donde funcionaba otra imprenta del PRT-ERP. Para dar con el lugar, los genocidas secuestraron y torturaron a Pablo Pavich, otro militante, a quien llevaron hasta la imprenta. Los soldados conscriptos lo vieron “deshecho” aquella noche. Es otra de las víctimas. La identidad de la quinta se desconoce.

Cuando el TOF tomó la decisión de reducir drásticamente el cuerpo del debate, los hermanos García iniciaron una campaña junto a los familiares de las víctimas que habían quedado fuera de juicio para que al menos se les permitiera testimoniar en pos del derecho a la verdad. No tuvieron suerte.

Los acusados

Los represores acusados que recibirán el veredicto el miércoles son Emilio Morello, Martín Sánchez Zinny, Luis Brun, Osmar Andrade y Horacio Linari. Los primeros dos integraron el grupo de carapintadas que lideró el apologista de golpes de Estado Aldo Rico. Morello y Sánchez Zinny cuentan con la defensa de María Laura Olea, hijes de represores–. El único de los acusados que transita la prisión preventiva en una cárcel común es Andrade, “el único pobre, el resto son todos de buen pasar”, advirtió García.

Morello fue candidato del Modin, la alfombra política con la que Rico ingresó a los pasillos de la democracia a principios de los 90 –luego integró e intentó integrar varias otras estructuras–. Sánchez Zinny fue identificado por Bárbara García en 2017 como el represor que la golpeó con su arma en la cabeza la noche del secuestro de su mamá, y les amenazó de muerte a ella y a su hermano. Un ex soldado conscripto que fue obligado a participar del operativo de la quinta de San Andrés, Hugo Travi, testimonió durante el debate que fue Sánchez Zinny quien apretó el gatillo contra la cabeza de Arancibia. Tanto la Fiscalía como las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, de les hermanes García y del Centro de Estudios Legales y Sociales solicitaron para todos ellos la pena de prisión perpetua.

Tras esa identificación, fundamental para la causa y el debate, el represor la denunció por falso testimonio. “Al poquito tiempo, supimos por la ex esposa de Sánchez Zinny, que se divorció por la violencia que sufrió de su parte, que había recibido prisión domiciliaria”, acotó García. El amedrentamiento adquirió ritmo de loop durante el debate oral y público, amparado por los jueces. El TOF, presidido por Feliciano Ríos e integrado por Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, impidió que el debate sea transmitido vía internet –como lo solicitó el medio comunitario La Retaguardia, que transmite varios otros debates de Buenos Aires, la Ciudad y algunos otros puntos del país– y habilitó asedios de abogados defensores durante el testimonio de Bárbara, de Camilo y de varios otros testigos.

“Fue un juicio en el que nos destrataron a los familiares de las víctimas y protegieron a los represores. Tuvimos que soportar que nos dijeran nazis, comunistas, mentirosos”, insistió García, quien aseguró que “sólo se va a sentir como una victoria si Sánchez Zinny va preso”. “Si llega a seguir en su casa, sin pulsera electrónica, como si nada, la que va a seguir estando presa soy yo”, concluyó.