La jueza de Garantías Claudia Puertas hizo lugar al requerimiento a juicio que realizó el fiscal Federico Gabriel Portal para una madre de 21 años, víctima de violencia de género, que vive en Coronel Moldes, a 55 kilómetros de la ciudad de Salta. Lxs funcionarixs impulsan que se la juzgue junto a su agresor, ambxs acusados por desobediencia judicial.

La joven fue imputada en noviembre de 2020 por desobediencia judicial por haberse acercado a la casa de su expareja para dejarle a la hija de tres años, en ese momento bajo su cuidado, ya que debía presentarse a trabajar y no contaba con la ayuda.

La abogada María Nella Cervi, integrante del Instituto Jurídico de Género de Salta, que asiste a la joven, recordó que su defendida estuvo detenida varios días el año pasado, por la llamada de una vecina, que informó al 911 de su presencia en la vivienda de su ex pareja. Entonces intervinieron el fiscal y la jueza. 

La abogada dijo que en la revisión médica no le encontraron lesiones a la ex pareja de la joven y, a ella no la revisaron, a pesar de que tenía medidas de protección dispuestas previamente por la jueza de Violencia Familiar y de Género 3, Carolina Cáceres Moreno. Tras presentaciones de Cervi, la jueza Puertas le otorgó la libertad con medidas sustitutivas que le fueron levantadas recién después de 6 meses. 

Ahora Cervi recibió una cédula de notificación de la elevación a juicio, la víctima todavía no fue notificada. "Nos avisa la Fiscalía que considera que hay hechos suficientes para elevar la acusa a juicio y unifica la causa contra él. Lxs dos como imputados y perjudicados", explicó la letrada a Salta/12.

Para la abogada, esta decisión judicial es clasista porque no tiene en cuenta que se trata de una mujer de una clase trabajadora, también dijo que es positivista porque hay una aplicación de la norma sin lectura de contextos o realidades humanas.

Asimismo, "no se evidencia perspectiva de género, hay un desconocimiento de la vulnerabilidad de las mujeres que maternan solas o autónomas, prescindiendo de los progenitores y que se encuentran en una situación de indefensión", destacó Cervi. También resaltó la violación a los derechos de lxs niñxs, en lo que atañe a la hija pequeña, por la responsabilidad parental que debería ejercer el progenitor. Y consideró además la falta de perspectiva victimológica porque "ninguna víctima va a tener el mismo contexto que otra, ni se va a parecer".

La abogada dijo que el fiscal y la jueza hacen caso omiso de un informe realizado por trabajadorxs sociales y psicólogxs del Poder judicial, en el que dan cuenta del contexto en el que se encontraba la víctima cuando fue a la casa de su expareja a pedirle que cuidara a la hija en común. Ella acudió porque no tenía con quien dejarla y la habían llamado para que se presentara a trabajar en tareas de limpieza, labor que realizaba de forma no registrada.

El informe ambiental señala que la joven conforma "una estructura familiar entendida como monoparental con jefatura femenina a cargo de su hija menor de edad", que la separación de su expareja fue por "violencia de género, falta de ingresos económicos, eventos de desorganización familiar, cambio de roles y funciones parentales", los cuales "repercutieron en su situación vital y psicosocial". Además, el informe consigna que en su cotidianeidad la joven tenía "lazos familiares débiles y de poca cercanía entre sus miembros, falta de contención y apoyo en relación al cuidado de la pequeña y la actividad laboral que realiza". E indica que no tiene trabajo estable y eso es un obstáculo para satisfacer sus necesidades básicas y que la situación se vio agravada "por la falta de apoyo económico" de su expareja.

Cervi señaló que la joven se encuentra en situación de vulnerabilidad por ser mujer y no contar con lazos de contención de la comunidad. Además, hasta la fecha el progenitor no ha reconocido a la hija. La abogada dijo que le sugirió iniciar el juicio filiatorio pero la joven todavía no lo decidió, ya que ante lo que le pasó luego de haber denunciado violencia de género, "no tiene demasiada confianza en los recursos judiciales porque no la han beneficiado en lo más mínimo". 

"A los dos, (víctima y agresor) los llevan a juicio por desobediencia judicial. En lugar de hacerlo de manera separada, lo hacen de manera conjunta. La medida de prohibición de acercamiento debía ser en beneficio de ella, no en perjuicio. Deberían juzgarlo a él, no a ella", sostuvo Cervi. Dijo que se está equiparando a la víctima con el hombre contra el cual se impone la medida de protección e incluso se lo puso a él en situación de víctima cuando la detuvieron e imputaron a ella.

Consideró asimismo que Fiscalía y Poder Judicial debieron haber realizado una interpretación correcta teniendo en cuenta el contexto general y buscar una medida más adecuada que no fuera la criminalización de una persona víctima de violencia de género. Resaltó que lxs funcionarixs no buscaron solucionar el problema que tenía la joven madre respecto a "con quien dejar a la hija cuando iba a trabajar" y no hubo mediación para cuidados compartidos, que "era lo que hacía que recaiga en situaciones de violencia".

La abogada adelantó que en esta causa se presentarán el Instituto Jurídico de Género como amicus curiae y el Observatorio de Violencia Contra Las Mujeres.