El Presidente Macri utilizó la jura del nuevo canciller, frente a representantes de distintos países, para cargar nuevamente contra el fuero laboral. Primero lo había hecho contra los jueces, especialmente aquellos que integran la denominada Justicia Nacional del Trabajo y ahora agredió a los abogados laboralistas llamándolos "mafiosos", personificándolo en la figura de Héctor Recalde, de reconocida trayectoria en la defensa de los trabajadores. Dijo Macri que los abogados "convencen a los trabajadores de hacer un juicio indebido y se lo hacen ganar porque tienen armadita la cosa para llevarse la mayor parte del juicio ellos", tildándonos de "mafiosos" a los abogados.
El agravio grosero proferido por quién detenta la primera magistratura del país es un ataque al conjunto de la abogacía laboralista, a los jueces del trabajo y, en definitiva, a cualquier defensa de los derechos de los trabajadores.
Ello ocurre a pocos días de conmemorarse el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado (el 6 de Julio) y del Abogado Laboralista (el 7 de Julio). Ambos fueron instituidos tomando como paradigma y referencia histórica la denominada "Noche de las corbatas" que aconteciera en la ciudad de Mar del Plata durante los días 6, 7 y 8 de julio de 1977. Aquella denominación provino de los propios secuestradores y torturadores generando la desaparición de varios abogados que comprometidos con la sociedad y su profesión abogaban por trabajadores y defendían a detenidos políticos. Entre ellos, Norberto Centeno que cristalizó en la Ley de Contrato de Trabajo los principios sustanciales que orientan el Derecho del Trabajo: el principio protectorio y el de justicia social; lo que le valió su desaparición y muerte.
Hoy, a más de cuarenta años de aquellos días aciagos durante la dictadura cívico militar que produjo un genocidio en nuestro país, con distintos métodos, nos encontramos frente a este modelo neoliberal que pretende la aniquilación de derechos, impulsado por los cómplices civiles y judiciales de aquella dictadura.
El agravio del presidente es también un ataque a la independencia del Poder Judicial y a la división de poderes. En tal sentido, debemos tener en cuenta que los conflictos judiciales en el Fuero del Trabajo expresan sustancialmente reclamos individuales de trabajadores que abarcan solo una parte ínfima de los sistemáticos incumplimientos legales que se verifican en el mundo laboral. Entre ellos, como ejemplo, pueden citarse la enorme cantidad de trabajadores que no se encuentran registrados o lo están deficientemente o quienes sufren accidentes de trabajo u otros incumplimientos de sus empleadores, muchos de los cuales ni siquiera acceden a la justicia por temor a perder sus empleos precarios.
La declaración presidencial es la negación misma de los derechos laborales de los trabajadores, contradiciendo expresamente el principio constitucional que establece que "el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes". Dichas manifestaciones, conjuntamente con la agresión a los abogados, también son una presión explícita a los jueces del trabajo para que violen las disposiciones de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y las leyes protectorias del trabajo. Los jueces del trabajo, por mandato constitucional y social, deben ser imparciales lo que no quiere decir neutrales, puesto que su deber es el de aplicar las normas constitucionales y legales destinadas a la tutela del sector vulnerable e imponer su cumplimiento en esta sociedad desigual.
Después de las medidas contrarias a los trabajadores que ha tomado el gobierno nacional desde sus inicios, los dichos del presidente contra abogados y jueces, se inscriben en el marco de una nueva avanzada por la "flexibilización laboral" que no es más ni menos que el despojo de sus derechos y la precarización de las condiciones de trabajo. No hay dudas de que se pretende, como en épocas pasadas, una legislación laboral en abierta contradicción con el programa social de la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de Derechos Humanos. Por ello, no es casual el ataque furibundo contra jueces y abogados laboralistas, con la mira puesta en los trabajadores.
