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Con ambigüedades y sin dar precisiones numéricas o fijar plazos la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dio un paso atrás respecto de su decisión de dejar sin cobertura a decenas de miles de titulares de pensiones no contributivas. Se retoca (habrá que ver hasta qué punto) una movida brutal, tan premeditada como injusta.
La hicieron recular reacciones de damnificados y de distintos actores de la sociedad civil. Se activó el clásico repertorio de los argentinos de a pie frente a las medidas prepotentes del macrismo. Hubo movilizaciones, la más nutrida y conmovedora en torno del Obelisco porteño. Se interpusieron demandas judiciales en casi todas las provincias: varios recursos de amparo lograron sentencia favorable, no se tienen noticias de rechazos. Actuaron y se pronunciaron defensoras y defensores judiciales, defensores del Pueblo, organismos de Derechos Humanos. Hasta ONG “cívicas”, a menudo indulgentes con el oficialismo, como la Asociación de los Derechos Civiles (ADC) sumaron voz y argumentos irrebatibles, tanto como dirigentes políticos de la oposición y aun radicales que integran la alianza Cambiemos.
La metodología que aplicó Stanley es recurrente en el macrismo, casi desde su primer día. Primero se golpea, a menudo violando la ley, casi siempre limitando o tronchando derechos o conquistas. Si pasa, pasa. Si se producen reacciones sociales o críticas masivas de opinión pública, se retrocede explicando que se trató de “un error”. No hubo tal, sino una tentativa que fue frustrada, superada por una acción contraria.
Mencionemos algunas de las movidas desbaratadas o atenuadas por esas réplicas exitosas. El ingreso de dos jueces a la Corte Suprema por la ventana, mediante decreto del presidente Mauricio Macri. El “traslado” del feriado del 24 de marzo. Los tarifazos de servicios públicos sin audiencias públicas y por cifras astronómicas. Las gambetas al dictado de la ley de Emergencia Social.
En todos esos casos hubo marcha atrás, total o parcial, durable o transitoria. La causa fue siempre la correlación de fuerzas y no haber recapacitado de “motu proprio”.
Repercusiones de manual: El cese de las pensiones no contributivas responde al mismo patrón de conducta. Se ignora cuáles fueron los fundamentos porque otro pilar de la gestión de Cambiemos es no dejar pistas escritas de los móviles de sus acciones. Contraviene las reglas básicas de la administración pública, en un estado de derecho. No importa: este es un gobierno decontracté, que despide por facebook a los laburantes, se expresa por medios informales.
Las repercusiones en el recorrido ulterior fueron las habituales. El reflejo inicial del oficialismo consistió en justificar lo realizado. Doblar la apuesta “desnudando” un jubileo de beneficios consecuencia del populismo, la falta de seriedad y (desde ya) la corrupción del kirchnerismo.
Se bartolearon números, se incurrió en macrismo explícito, como el del funcionario que explicó las enormes perspectivas laborales que tiene una persona con síndrome de Down cuando la informalidad no baja y el desempleo aumenta.
También es ritual la celebración de las jugadas M en redes sociales. Hacen punta trolls, que son rentados en su mayoría y responden a directivas del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Su apoyo no tiene pizca de espontaneidad: prueba la existencia de una política de Estado, que su aparato comunicacional convalida.
De modo más silvestre, se suman intelectuales o militantes o simpatizantes macristas que repiten como eco los mensajes. Asombra la cantidad de personas de buen nivel educacional, que compran y divulgan pescado podrido. Los intercambios entre docentes o alumnos de universidades privadas dan muestras elocuentes de ignorancia petulante, la peor.
Las ironías vienen con el combo. En la historia que nos ocupa se comparaban la cantidad de pensiones antes y después del kirchnerismo. Crecieron exponencialmente. “¿Hubo una guerra para que aparecieran tantas personas con enfermedades o discapacidades?” se ufanaron chuscos sin conocimiento ni sensibilidad.
La reparación y el crecimiento: No hubo una guerra, claro. Tampoco se produjo un envejecimiento masivo de la población después de 2003 y sin embargo se multiplicó la masa de jubilados y pensionados contributivos. Fue la consecuencia deseada de un cambio virtuoso en la política previsional. Un paradigma diferente, reparador y solidario contrapuesto al modelo neoconservador implantado por el ex presidente Carlos Menem y sostenido en el mandato de su colega Fernando de la Rúa.
Aquel sistema jubilatorio se vertebró en derredor de las nada gloriosas AFJP, que hoy motivan rechazos masivos en Chile o en Colombia. El peronista Menem lo hizo, el radical De la Rúa lo agravó reduciendo un 13 por ciento el importe de las jubilaciones, acción tan impiadosa como inconstitucional. Eran los tiempos de la República.
La cantidad de personas jubiladas se incrementó desde 2003 como parte de la elevación del piso de protección social. Sus instrumentos principales: extensión de la cobertura a ciudadanos sin aportes suficientes (víctimas de las crisis económicas recurrentes o de la evasión patronal), una moratoria que amplió la masa de jubilados a casi 90 por ciento de la población respectiva, la inédita cobertura a las amas de casa y a colectivos de trabajadoras o trabajadores desamparados por la ley antes como las empleadas de casas particulares.
En 2003 había algo más de 3.260.000 personas con jubilaciones o pensiones contributivas, esto es aportantes. En 2007, al fin del mandato de Kirchner, superaban los 4.500.000. En 2014 eran más de 5.500.000 todo según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El 80 por ciento de las nuevas personas incluidas desde 2003 son mujeres.
Con las pensiones no contributivas sucedió algo similar. Vale la pena escudriñar a qué se debió una trepada de más de 104.000 personas, sucedida en los primeros meses de gobierno del presidente Néstor Kirchner. Motivó centenares de mentiras y tuits despectivos, ajenos a todo sustrato informativo.
El episodio es instructivo, para comparar qué hizo Kirchner cuando llegó a la Casa Rosada y qué rumbo se elige ahora.
Un precedente memorable y olvidado: La Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) es un organismo descentralizado que depende del ministerio de Desarrollo Social. Es, en general, el que recibe, analiza, tramita, concede o deniega las pensiones.
En 2003, había 104.000 otorgadas, unas cuantas desde años atrás. Pero estaban pendientes de cumplimiento: no podían pagarse porque el menemismo había congelado el presupuesto de la CNPA y para la Alianza era tabú mejorar las, ya patéticas, políticas sociales.
Así las cosas, resultaba imposible otorgar un “alta” (una nueva pensión)… a menos que se produjera la baja de otra. El conflicto de pobres contra pobres adoptaba un cariz macabro: la persona en situación de vulnerabilidad con un derecho reconocido debía esperar la muerte de otra para poder efectivizarlo.
A poco de asumir, Kirchner liberó el techo presupuestario de la CNPA. Se pudieron efectivizar las pensiones pendientes. Se topaba con una dificultad: la plata alcanzaba para pagar los haberes pero no para sumar personal nuevo. La planta existente no daba abasto para hacer entrevistas, papeleo y hasta credenciales. Por expresa directiva presidencial, el organismo trabajó 24 horas diarias. Se firmó un convenio con la Universidad de Luján. Estudiantes de Trabajo Social hacían su práctica, a través de un programa llamado “Ministerio no duerme”. Laburaban aprendiendo de medianoche hasta las ocho de la mañana, toditos los días.
Se pudo entonces, porque se quiso y porque era lo debido. Aumentó la inversión social y se apeló al ingenio cuando el dinero no era suficiente. Una cultura estatal puesta en movimiento.
A partir de ahí la CNPA se dedicó a evaluar nuevos pedidos y a pagar las pensiones cuando eran otorgadas. Aunque parezca inverosímil, hubo que capacitar al personal formateado por más de una década: estaba entrenado solo para denegar, su praxis cotidiana.
La mayoría de las pensiones no contributivas se otorgan por invalidez, vejez o por ser madre de siete hijos o más. Esta última categoría es difícil de truchar, por razones obvias. El conjunto subió de 58.752 en diciembre de 2003 a 312.543 en diciembre de 2012. No medió una “epidemia” de fertilidad: se incluyó a quienes quedaban afuera, aunque su necesidad fuera extrema.
La culpa no es de la compu: En 2017 las bajas se ejecutaron en base a cruces de datos informáticos, la versión Stanley del Excel de su compañero de gabinete Juan José Aranguren. La ministra delega la responsabilidad en “los cruces” pero, en verdad, recae sobre quienes cargan las computadoras.
La quita de beneficios se operó brutalmente. No se citó a las personas damnificadas para darles oportunidad de enterarse ni de dar explicaciones. Desarrollo Social, ya se comentó, tampoco se tomó la molestia de notificarles la pérdida del derecho, tarea que delegó en Banelco o redes similares. En estas semanas se repitió una micro escena sádica en diferentes sucursales bancarias: el propio pensionado o un familiar usa el cajero automático, trata de retirar la mensualidad, se encuentra con que no hay fondos, con la angustia consiguiente. Hubo “afortunados” que dieron con personal de los bancos que cotejó planillas y le supo explicar. Otros se habrán llevado la desazón a sus hogares.
Trabajadores estatales cesanteados por el macrismo padecieron un precedente parecido. Se los despidió sin notificarles la causal, sin avisarles, a menudo impidiéndoles el ingreso al lugar de trabajo, sea cerrándole el acceso los molinetes automáticos, sea con despliegue agresivo de personal de seguridad.
Paréntesis XL: Hagamos un paréntesis, extra large. (Otro bolazo que se repitió en redes, tele y radio es que Stanley no abolió prestaciones para personas vulnerables sino que la emprendió contra pensiones graciables que eran las que concedían, con gran discrecionalidad, diputados y senadores.
Vale el modo verbal, “concedían”, porque Kirchner redujo su número significativamente y cesaron durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Se firmó incluso un convenio entre las autoridades de las dos Cámaras dando forma a la derogación.
Las pensiones graciables sumaban 144.651 a fines de 2003. En marzo del 2012 se habían reducido a 105.929.
Era la época en que nos encaminábamos a ser Venezuela. Cerramos paréntesis XL. Volvemos a la coyuntura.)
Cacería de humildes: En circunstancias como estas aparecen “justicieros” mediáticos que denuncian toneladas de fraudes. Poblaciones vulnerables acusadas de ser estafadoras: maná para la derecha ideológica, social y mediática.
Algunos beneficiarios sin cumplir las exigencias legales habrá, como en cualquier orden de la vida. Si lo sabrá este gobierno que habilitó un blanqueo magnánimo para violadores de las leyes fiscales: lavadores o evasores o las dos cosas. En ese menester, se amplió la protección a familiares de funcionarios. El Gobierno adujo que no es justo dejar a nadie sin “el derecho a blanquear”. In dubio, pro evasor. Con la protección social la regla se invierte: in dubio, anti humilde.
La Anses maneja alrededor de 18 millones de prestaciones… imposible que todas cumplan las reglas. Pero los casos comprobados son pocos.
Por cierto, los programas o derechos universales, supeditados a requisitos objetivos, son los mejores. La Asignación Universal por Hijo es un programa aplicado desde hace más de siete años, cubre a millones de hogares y las denuncias corroboradas se cuentan, apenas, por centenares.
Modus operandi: El modus operandi de Stanley evoca a una de las primeras decisiones de la vicepresidenta Gabriela Michetti, recién entrada al Senado. Despidió a un conjunto de trabajadores, incluyendo discapacitados que están protegidos de la cesantía por leyes laborales especiales. Se echó atrás cuando se suscitó escándalo. Ahora Michetti atribuyó a la “mala suerte” el castigo a pensionadas y pensionados. No detalló en qué incidió el azar…
Stanley se disculpó, ma non troppo. Dijo que se revisarán las bajas y que se reestablecerán las que obedecieron a “error de aplicación”. La revisión se hará caso por caso. O sea, los ciudadanos deberán pedirlo, amansar, esperar vaya a saberse cuánto tiempo. Habrá que mensurar las demoras y el alcance de la medida. En el ínterin, quedan sin cobertura médica.
En la gestión M, intuye este cronista, a nadie se le ocurrirá fomentar que las reparticiones trabajen 24 horas por día.
Stanley agregó que los errores le duelen a ella tanto como a las personas damnificadas. Un alegato tan plañidero como inverosímil, que solo revela que vive muy alejada de ellos.
La movida hace sistema con las reducciones de prestaciones del PAMI, la consunción del programa Remediar.
Son episodios de una ofensiva integral, más vasta. El panorama empresario del diario Clarín anuncia, sin ambages, “reformas laborales impopulares” después de las elecciones. Confesión de parte… Esa sección del periódico no es frecuentada por muchas personas del común, sí por empresarios e inversores. Para ellos, es una buena nueva.
Para los que piensan o viven distinto, es un alerta acerca de lo que proyecta el macrismo. Un porvenir que Stanley adelantó demasiado, en lo que fue su único error para el manual de estilo del Gobierno.
