Los coletazos por la baja de las pensiones para discapacitados siguen golpeando al Gobierno. Ahora fue la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra) la que planteó sus críticas a la medida. El ente reclamó la derogación del decreto 432/97, que dejó sin cobertura a 170 mil personas con algún grado de discapacidad.
El planteo se realizó ante funcionarios del ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley, responsable de la polémica medida que sumó críticas y hasta una marcha en su contra.
Raúl Lamberto, defensor del Pueblo de la provincia de Santa Fe, manifestó que es preciso “dictar un nuevo marco reglamentario en el que se determinen pautas conforme a la normativa vigente, y específicamente se establezcan requisitos más inclusivos y sujetos a la evaluación interdisciplinaria de cada caso en particular, a los fines de evaluar la procedencia o la baja del beneficio”.
El santafesino recordó que la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual la Argentina adhirió, establece “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su libertad inherente”. En función de ello, explicó que se debería suprimir “toda referencia a porcentajes de incapacidad laborativa, dado que la pensión debe otorgarse por motivos de discapacidad y no por incapacidad de trabajar, para de esa manera cumplir con la referida convención”.
Los defensores del Pueblo dejaron en claro ante los funcionarios de la cartera de Stanley que un nuevo marco reglamentario debe garantizar “el debido proceso administrativo, con notificación fehaciente y facultades recursivas a favor del beneficiario, en el que prime el principio de interpretación favorable a favor del postulante a la pensión”.
