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Días antes de la publicación del Índice de Precios al Consumidor, el Gobierno empezó a difundir que el indicador de mayo iba a marcar una cifra más baja que el consenso de consultoras y centros de estudios de gremios. Así fue. El Indec de Macri asumió como política institucional no oficial adelantar al Poder Ejecutivo el resultado de variables claves. De esa forma la Jefatura de Gabinete está avisada para preparar el instructivo de propaganda gubernamental que distribuye entre funcionarios y voceros oficiosos. Esa relación brumosa entre el organismo encargado de producir estadísticas públicas y el gobierno quedó otra vez en evidencia con las cifras de desocupación. El presidente Macri estaba informado de los pésimos datos de empleo del primer trimestre, que dos días después difundiera el Indec, cuando arremetió contra el derecho de los trabajadores de defenderse de injusticias patronales en el fuero laboral. Para distraer aún más de la cuestión relevante, cruzó límites de la convivencia democrática y soltó una agresión directa contra el jefe de la principal bancada de la oposición, diputado y abogado laboralista Héctor Recalde. Lo cierto es que independientemente de la campaña de confusión, del ocultamiento de información en grandes medios adictos y de la persecución política a opositores, el gobierno de Macri elevó los índices de desempleo y de subocupación al nivel más alto desde 2007 para los primeros tres meses del año.
La estrategia oficial para desentenderse del impacto negativo de su política económica en el mercado laboral es afirmar que el aumento de la desocupación es por culpa de los trabajadores, abogados y jueces del fuero laboral que fallan contra las empresas, lo que desalentaría la creación de empleo. La mayoría de las cámaras patronales actuó de red de apoyo a esa causa oficial. Lo hicieron con declaraciones contra lo que denominan “industria del juicio”, informes detallando casos que por demandas de trabajadores pymes están obligadas a cerrar, discursos que acusan a trabajadores que defienden sus derechos de ser los responsables de la pérdida de competitividad de la producción nacional.
Además de conseguir que el alza de la desocupación sea minimizada por gran parte de los medios (Clarín ni la mencionó en la tapa), el Gobierno busca que el debate acerca del acelerado deterioro del mercado de trabajo sea orientado hacia la polémica de los juicios laborales. Así desplaza la causa principal que provocó el fuerte aumento del desempleo: la batería de medidas regresivas que derivó en recesión y posterior estancamiento de la economía.
Las pymes están quebrando por el derrumbe del mercado interno; no por los juicios laborales. La prueba es que en los años dominados por la bestia del populismo hubo expansión de pymes con este mismo contexto del fuero laboral. Esto no significa que lo que es considerado la “industria del juicio” necesite un abordaje riguroso y sin prejuicio de clase, pero un gobierno de y para los ricos no está en condiciones de realizar esa tarea con criterio de equidad, seriedad técnica y respeto por la legalidad.
Combo
Subieron el desempleo y la subocupación, bajó el empleo y retrocedió el salario en términos reales. Es un combo que define una crisis del mercado laboral. Otra interpretación de esta crítica situación sociolaboral sólo puede atribuirse a una deliberada decisión de distraer. La pasividad de la conducción de la CGT ante ese cuadro de desmejora de los trabajadores y de avanzada de entidades empresarias contra derechos laborales convoca a sospechar de la existencia de una turbia comunión de intereses. Sin buscar razones ocultas, puede ser la exteriorización simplemente de una confluencia política de respaldo a un gobierno neoliberal o a opciones políticas que no difieren en mucho de los actuales lineamientos económicos.
Esta alianza está teniendo consecuencias negativas en las condiciones laborales y de ingresos de gran parte de los trabajadores. El Ministerio de Trabajo publica en el Boletín de Estadísticas Laborales los convenios colectivos rubricados. De esos acuerdos paritarios surge una caída del salario real (en relación al IPC-CABA) en casi todos los sectores, entre diciembre de 2015 y 2016. En algunos casos, ese retroceso superó el 13 por ciento, como en Gastronómicos, Calzado y Vidrio.
El documento “¿Cómo preservar el poder adquisitivo de los salarios en las paritarias 2017?”, elaborado por el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín, analiza la cláusula gatillo incorporada en varias negociaciones paritarias de este año. Esa cobertura no necesariamente permitirá mejorar el poder adquisitivo del salario. Para los autores de ese informe, “si por las cláusulas gatillo, si en algún momento el aumento salarial acordado fuera equivalente al incremento acumulado del nivel de precios, es posible que se logre sostener el poder adquisitivo durante 2017, pero en ningún caso se recuperará la capacidad de compra raleada en 2016”.
Rencor
En un discurso descolgado del contexto, cuando le tomó la jura al nuevo canciller, Jorge Faurie, el presidente Macri acusó a Héctor Recalde de liderar la mafia de estudios de abogados laboralistas y jueces. Para que no quedaran dudas del destinatario dijo: “Hay que enfrentar la mafia de los juicios laborales. Enfrentarlo y terminarlo porque destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de estudios laboralistas –que por suerte son una minoría–, con un grupo de jueces minoritarios laboralistas conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina”. La psicología tiene una definición muy precisa para ese desborde y obsesión presidencial hablando de mafias.
Recalde interpretó la agresión presidencial a un viejo rencor debido a que le ganó una querella por prácticas antisindicales cuando Macri era titular del Correo Argentina SA. Se trata del juicio “Jerez, Víctor c/ Correo Argentino SA s/Práctica Desleal”, expte. 8421/98; JNT n°39, CNAT S.III. El litigio se originó por las presiones ejercidas contra trabajadores para que se desafilien del sindicato. En primera instancia y luego de la apelación en la Cámara, el Correo de Macri fue condenado y tuvo que pagar una multa de 300 mil pesos, equivalente en ese año a 300 mil dólares.
El artículo “Carta Abierta a los trabajadores” que publicó el domingo pasado en el suplemento económico Cash, Recalde detalló cada una de las iniciativas oficiales para recortar y hasta eliminar derechos laborales. Precisa que el gobierno no quiere paritarias libres para beneficiar a las empresas, bajando el costo laboral y aumentando la rentabilidad; indica que no ha convocado la paritaria nacional docente para acordar el salario mínimo para todo el país y fijar el fondo de ayuda a las provincias pese a que la ley obliga al Estado Nacional a hacerlo y a que una sentencia judicial lo ordenó; menciona que a través del Ministerio de Trabajo determinó un techo salarial para las paritarias 2017, que no sólo es inferior a la inflación proyectada, sino que no recupera la pérdida del poder adquisitivo del 2016, como se mencionó arriba; destaca que quieren limitar el aumento de los salarios al crecimiento de la productividad, lo que impediría mejorar la distribución del ingreso consolidando un reparto inequitativo de la riqueza; advierte que la pretensión oficial es limitar las paritarias por actividad para impulsarlas por empresa; señala que buscan disminuir o eliminar la actual indemnización por despidos, reemplazándola por un esquema donde los trabajadores financien su salida de la empresa aportando a cuentas individuales de capitalización y retirando “su ahorro” cuando pierden el empleo; indica que el presidente Macri elogió la flexibilización laboral al anunciar un plan para la industria automotriz, que significa contratos basura, sin estabilidad ni indemnización, salarios reducidos y el cese de la ultraactividad de los convenios; rescata declaraciones del Presidente donde expresa su deseo de que haya jornadas flexibles, turnos rotativos, trabajo en sábado y domingos y francos a mitad de la semana y sin derecho a cobrar horas extras; y, finalmente, denuncia que el gobierno ataca a la Justicia Laboral, persigue a los jueces que aplican la ley y protegen los derechos laborales y que tiene el proyecto de eliminar la Justicia Nacional del Trabajo para transformarla en una justicia municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La política antiobrera desplegada en casi 20 meses de gestión revela la existencia de una línea de conducta inalterable que va del Macri empresario al Macri presidente de la Nación. Continuidad que no oculta que tiene identificado a quien considera el enemigo a debilitar.
