Ezequiel Rivero, Licenciado en Comunicación Social, investigador y especialista en Industrias Culturales habló en diálogo con Las 40! sobre la denuncia presentada por el CELS y otras organizaciones contra el vaciamiento del funcionamiento de la Defensoría del Público Audiovisual. Señalan que el actual interventor -el abogado Emilio Jesús Alonso- carece de antecedentes en relación a medios, periodismo, comunicación o audiencias.

Tras cumplirse el décimo aniversario de la sanción por parte del Congreso Nacional de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, prácticamente desmembrada por un decreto de necesidad y urgencia (DNU) emitido por Mauricio Macri a pocos días de asumir la presidencia en el 2015, el comunicador Ezequiel Rivero habló de la denuncia presentada por distintos organismos contra la intervención de la Defensoría del Público Audiovisual, que a pesar de la acefalía que tenía después de la salida de Cynthia Ottaviano, era uno de los organismos que mejor venía funcionando. “Pese a que no tenía un titular formalmente designado, venía funcionando con relativa normalidad dentro de todo el descalabro que hizo el gobierno en relación a la Ley y sus organismos y seguía haciendo sus audiencias en las provincias, actividades de capacitación, presentando sus informes regularmente. Llamativamente, seguía funcionando, no sé si porque se les pasó por alto o no se habían dado cuenta, siguió funcionando con relativa normalidad, en forma muy virtuosa, además haciendo aportes muy interesantes desde lo formativo y de lo informativo”, expresó.

En el mismo sentido, Rivero señaló que el decreto de Macri de 2015 ablacionó todos los órganos vitales de la Ley; “el funcionamiento de la Defensoría de alguna manera recuperaba este espíritu original que tenía la Ley Audiovisual, que tenía que ver con incluir a mayor cantidad de actores como protagonistas del sector de las comunicaciones y se hizo a través de capacitaciones en distintas provincias, de informes sobre distintas temáticas. Uno de los últimos que se presentó fue uso de fuentes informativas en los noticieros, cuando todavía estaba Santiago Marino al frente de la Dirección de Análisis, Investigación y Monitoreo que también fue forzado a irse por el actual interventor. En el caso de Santiago, no lo echaron, pero lo forzaron a irse, lo ha dicho públicamente por eso lo digo. Era el director del área de Análisis, Investigación y Monitoreo y a partir de la intervención de este abogado Alonso, que por otra parte se desconoce su currículum o cualquier antecedente vinculado a la comunicación; fue nombrado medio de un día para el otro y apareció este personaje desconocido para el mundo de la comunicación que intervino el organismo sin haber concursado, sin haber seguido los pasos que están establecidos por la propia ley para designar al titular de ese organismo”, manifestó.

Al ser consultado en relación a si podrían saldarse las deudas pendientes en el terreno de lo audiovisual o si dejaría de ser prioridad ante la tremenda debacle que hay en el país, el especialista en Industrias Culturales respondió: “a mí me genera dudas eso, me parece que hay que analizarlo en cada coyuntura y hacerlo cada vez, porque si vos te fijas cada gobierno que ingresó al poder en la Argentina en los últimos años, no es que tomó a la comunicación como la última materia de la clase tampoco. Menem entró con la hiperinflación y una de las primeras cosas que hizo fue privatizar Canal 13 y regularizar la situación de Radio Mitre a favor del Grupo Clarín. El propio Kirchner entró en medio de la explosión del 2002-2003 y una de las primeras cosas que tuvo que hacer fue reglamentar la Ley de Bienes Culturales, la llamada ‘Ley Clarín’, para que el Grupo Clarín no quedara en manos de sus acreedores. Macri entró, aparentemente, con una ‘herencia espantosa’ que le había dejado el kirchnerismo y en dos días lo resolvió y también atendió el tema de las comunicaciones. Yo no sé si una cosa excluye a la otra, si la situación social y económica del país tan deteriorada como está va a hacer que el gobierno necesariamente no se ocupe de los temas de la comunicación. El tema es que en este caso el actor más fuerte, más preponderante de la comunicación ya ha obtenido de este gobierno prácticamente todo lo que quiso a través de estos ‘decretos delivery’ que consiguió del gobierno de Macri, entonces cuesta pensar qué más puede llegar a querer Clarín, pero bueno estos grupos son insaciables y nunca se sabe. Lo que sí sabemos a esta altura es que va a ser muy difícil retroceder el estado de situación actual”.

De este modo, cuando se habla de los derechos adquiridos, es muy difícil volver atrás, estamos frente a “un estado de una situación muy consolidada sobre todo a partir de la fusión de Cablevisión Holding con Telecom y el candidato con más posibilidades de ser el futuro presidente ya habla en esos términos; digamos de derechos adquiridos y que no hay ninguna voluntad política de revisar nada en ese sentido. Va a ser difícil desconcentrar el mercado de las comunicaciones con una Ley tan lastimada, con un actor ya tan consolidado y lo que queda me parece, porque la ley todavía lo permite, es engordar o fortalecer un poco las periferias del sistema. En ese sentido, se inscribe un poco lo que lograron en La Pampa, por ejemplo, con la creación de la empresa provincial EMPATEL”, observó. La semana pasada se aprobó por ley la creación de una empresa estatal de telecomunicaciones para brindar telefonía celular y en donde son accionistas las cooperativas. Este hecho que se vislumbra como un ejemplo a nivel país no tuvo trascendencia en los grandes medios de comunicación, pero con voluntad política para acceder a frecuencia y licencia los pampeanos podrán tener telefonía celular estatal cooperativa.  

El investigador planteó: “me parece que por ahí puede a conformarse un escenario que robustezca actores que están en la periferia, pero es muy difícil desconcentrar el mercado de las telecomunicaciones sin tocar a Clarín. Clarín es muy intocable en este momento, entonces iniciativas como EMPATEL u otras cosas que la ley audiovisual conserva, que no fueron tocadas como los Fondos de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA) para espacios audiovisuales y radiales más pequeños, digamos la normalización del funcionamiento de los medios públicos, también puede ser una forma de acá de cara a futuro de contrapesar un poco el mercado tan concentrado de lo audiovisual por lo menos. Hay algunas partes de la Ley, (si bien el tratamiento que hizo el macrismo fue quirúrgico, apuntó al corazón de la ley) hay ochenta y pico de artículos, y buena parte de ese articulado todavía está vigente y me parece que en algunos aspectos siempre se trata de hacer cumplir la ley digamos. Por lo menos, en el caso de Fernández haciendo ambos una exhibición de conocimiento mayúsculo de cómo funcionan los medios públicos en la Argentina y qué dice la ley sobre los medios públicos. En realidad, no hay mucho que inventar en ese tema, simplemente hay que respetar el artículo séptimo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales tal como está escrito y respetar eso que está vigente, solo que el actual gobierno le vetó toda la institucionalidad vinculada a los medios del Estado; pero volviendo a respetar lo que queda en pie de la ley creo que tenemos algo por lo menos para mirar de cara al futuro”.

Rivero informó que la semana pasada se realizó en Buenos Aires un encuentro de la Multisectorial Audiovisual, que es una organización creada hace ya unos años que reúne a distintos actores vinculados al mundo de la industria audiovisual (directores, actores, intérpretes, gente vinculada con la ficción y con el cine) y que revelaron un diagnóstico bastante sombrío sobre la industria en general. “Una industria que representa nada más y nada menos que el 2,5 del PBI nacional, el 2,5 de la riqueza que produce la Argentina, más que la industria pesquera o la del calzado, por ejemplo. Y se encuentra en una crisis crónica desde hace ya muchos años, que representa concretamente pérdidas de trabajo para toda la gente que está vinculada a ese sector (autores, guionistas, directores, técnicos). Por ejemplo, la Asociación Argentina de Actores marcaba que en el año 2018 se celebraron 319 contratos y que en lo que va de este año- ya prácticamente ha transcurrido el 80% del año- se celebraron 162 contratos, es casi la mitad. Ahí hay una crisis gravísima en la producción audiovisual de ficción y ante esto están los que se alarman cuando se habla de la intervención del Estado. ¿El Estado qué tiene que hacer acá cuando hay una crisis en un sector industrial? Si uno viera lo que pasa en otros países, los estados están muy presentes a través de distintas modalidades. En Europa uno puede encontrar políticas fiscales o de reducción del IVA destinado a lo audiovisual (en España, Francia, Italia), incluso en Estados Unidos hay incentivos fiscales o incluso aportes directos de dinero o rebajas de impuestos o esquemas diferenciados en cargas laborales para que una producción audiovisual se instale en un determinado estado o en otro. Es emblemático el caso de Corea del Sur donde el Estado de manera muy activa ha intervenido en la distribución a través del ministerio de cultura de series de ficción. Así llegó la ficción coreana a la Argentina, porque el ministerio de cultura de Corea del Sur a través de su embajada en Buenos Aires le regaló directamente una ficción a un canal de televisión local, de acá de Buenos Aires. Eso es una política pública, política de expansión de la cultura, en este caso coreana al resto del mundo. Entonces uno observa que, en todos los lugares, una industria como la audiovisual que tiene costos tan altos y riesgos tan altos para que funcione necesita una política atrás y para que esas políticas de incentivo a la industria funcionen, tienen que darse décadas, tienen que darse tiempos. Y acá tuvimos una muy breve política de fomento a la producción audiovisual que duró entre 2010 y 2015 y luego se cortó y pasamos a otro período donde el Estado se retiró absolutamente de la producción audiovisual y la dejó en manos de los actores privados”, lamentó.

Finalmente, Rivero profundizó en la crisis audiovisual y razonó: “si uno observa en distintos momentos puede ver como que cada momento político tiene una propuesta cultural. El momento político anterior al kirchnerismo con sus errores, con sus defectos, tenía una propuesta cultural que era la de un Estado presente, un Estado que intentaba generar capacidad, que intentó de alguna manera generar una industria, generar capacidad de producción audiovisual en distintos lugares del país, eso se desmontó rápidamente a partir de 2016. El Estado se empezó a retirar y yo hace poco publicaba un artículo donde mostraba que incluso los contenidos que se produjeron, aquéllos contenidos que se produjeron durante el gobierno kirchnerista (durante su último gobierno), muchos de esos contenidos con más de 2200 horas de contenidos ni siquiera están disponibles para el acceso público, ni siquiera se pueden ver, contenidos que ya están en todo caso hechos, ya fueron financiados, la plata ya se puso”.