Una oficial de la Bonaerense fue acusada de adulterar el libro de guardia del destacamento de Laguna de Lobos para encubrir a sus compañeros de esa dependencia en el crimen del ecologista Carlos Alberto Castello, cometido en 2008, en esa ciudad bonaerense, informaron fuentes judiciales. Se trata de María Adela Escobar, a quien el fiscal de Instrucción platense Jorge Paolini le imputó el delito de “falso testimonio” luego de acreditar que ella fue quien anotó en dicho documento público que la causa de la muerte de Castello (62) había sido “suicidio”.

Fuentes judiciales informaron que el fiscal comprobó que el mencionado libro de guardia fue modificado “con tachaduras, enmiendas y falsificaciones” para encubrir que se había tratado de un homicidio. Tras quedar formalmente imputada, la oficial Escobar deberá ahora prestar declaración indagatoria por el caso en el que ya hay tres médicos forenses de la fuerza acusados.

Estos son los comisarios Jorge Alvarez Ceballos, Karina Sabules y Pablo Carlos Miceli, para quienes el fiscal que instruyó la primera etapa de la causa, Daniel Ichazo, pidió en abril de 2016 que sean sometidos a juicio por los delitos de “falso testimonio” y “encubrimiento”.

Al primero de los acusados, Ichazo le imputó el delito de “falso testimonio con encubrimiento agravado” por haber adulterado el escenario del hallazgo del cuerpo y protegido a los probables asesinos.

Mientras que Sabules y Miceli están procesados por “falso testimonio” porque si bien no estuvieron presentes en la autopsia al cuerpo de la víctima, “consignaron falsamente en un informe que las características del orificio de entrada de bala en la cabeza de Castello y ausencia de lesiones en el cuerpo eran compatibles con signos observados en casos de autoagresión (suicidios)”, precisó el fiscal Ichazo al pedir el juzgamiento de los tres peritos.

Por su parte, el particular damnificado y hermano de la víctima, Eduardo Castello, dijo que confía en que la declaración indagatoria de Escobar “tal vez sirva para aclarar una maraña de complicidades policiales que se activaron permanentemente desde el crimen” del ecologista.

En diciembre pasado, la Procuración General bonaerense comenzó a investigar a la primera fiscal de la causa, Patricia Hortel, a raíz de las denuncias por presuntas irregularidades en la investigación del crimen.

Entre las irregularidades que se le imputan a Hortel –actualmente en la fiscalía de Saladillo– está el no haber tomado las medidas necesarias para preservar pruebas y el no actuar con la debida objetividad y diligencia que su cargo amerita.

La investigación judicial se inició el 20 de octubre de 2008, cuando Castello fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza dentro de su casa, ubicada a 100 metros del destacamento policial Laguna de Lobos, a unos 115 kilómetros al sudoeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si bien en un primer momento la hipótesis del caso fue el suicidio, la Justicia determinó luego que el ecologista había sido secuestrado, golpeado y finalmente asesinado.

Al momento del crimen, Castello estaba enfrentado con las autoridades del Club de Pesca de Lobos y de la Municipalidad local a partir de una denuncia suya por la usurpación de una calle que permitía el libre acceso del público a la ribera de la laguna.

En el marco de esa disputa, la víctima también había organizado y encabezado varias movilizaciones de vecinos de la zona que se oponían a dicha medida.