En un revés judicial para el gobierno macrista y su protocolo antipiquete, la justicia dictó la falta de mérito a los seis manifestantes que fueron detenidos en la represión del 6 de abril en la autopista Panamericana, a la altura de Pacheco, durante el paro nacional. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich había justificado la represión en que los manifestantes estaban cometiendo un delito y sin orden judicial desalojó y reprimió una manifestación pacífica, anunciando que se actuaría con dureza frente a los piquetes. 

La resolución fue firmada por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que  dijo que hasta que no termine de realizar una serie de medidas corresponde dictar la falta de mérito, porque a priori no consideró al corte como suficiente para procesar a los manifestantes, aunque todavía no dicto su sobreseimiento. Los abogados de los manifestantes señalaron que “con esta resolución el protocolo queda mal herido porque considera a las manifestaciones un delito al que las fuerzas de seguridad deben desalojar, con aviso previo”.

Aquella jornada había amanecido con varios piquetes que la izquierda hizo en los accesos y algunos puntos de la Ciudad de Buenos Aires para darle un carácter activo al paro nacional convocado por las centrales sindicales. En Puente Pueyrredón varias maestras había sido atacadas por los gendarmes que les tiraron gas pimienta en los ojos. En la Panamericana el registro de los reporteros gráficos mostró a de dos manifestantes en el momento en que varios gendarmes los “reducían” con saña, torciendo sus brazos en la espalda en el caso de Cristian Cola, becario del Conicet en la Facultad de Arquitectura de la UNLP, y pisando su cabeza sobre el asfalto en el caso de Ezequiel Fernández, miembro del Centro de Estudiantes del terciario 88 de San Justo. Varios de los detenidos fueron golpeados en los vehículos de Gendarmería y llegaron así a la indagatoria que les tomaron ese mismo día.

“Sobre la base de que las detenciones fueron realizadas por la Gendarmeria mientras se realizaba el corte de Panamericana con carriles libres, es claro que la resolución no consideró a priori que dicha manifestación era un delito y por eso no encontró elementos suficientes para procesar a los manifestantes, pese a las declaraciones de la Ministra de Seguridad Bullrich y el Secretario Burzaco que habían justificado la represión en que se estaba cometiendo un ‘delito’”, dijo a PáginaI12 Edgardo Moyano, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), quien junto a Luz Santos Morón representa a los manifestantes. “De esta manera queda seriamente cuestionado el Protocolo Antipiquetes que considera toda manifestación en la vía pública como un delito al que se debe hacer cesar incluso con desalojo”, agregó. La jueza ahora tiene que resolver la denuncia presentada por la abogada Myriam Bregman, del FIT, contra los agentes de Gendarmería y los funcionarios políticos responsables de la represión del 6 de abril.