El gobernador Miguel Lifschitz y el presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, Daniel Erbetta, firmaron un convenio para la puesta en funcionamiento del nuevo edificio de Justicia Penal, en octubre. Se trata del espacio que albergará a fiscales, defensores públicos y jueces de primera instancia del nuevo sistema penal. Hoy esos actores están distribuidos en diferentes espacios: los magistrados tienen sus boxes en Tribunales, donde además se realizan las audiencias; mientras que el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de Defensa Penal alquilan espacios para su personal. En tanto, la Cámara Penal se quedará en el edificio de calle Balcarce al 1600, donde se realizarán las audiencias orales y públicas de apelación. Sistema informático y amoblamiento es lo que resta para la puesta en marcha.

Con la rúbrica, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se comprometieron a poner en funcionamiento el nuevo espacio a fines de octubre; y acordaron que "a más tardar el viernes 7 de julio próximo, la obra deberá ser entregada al Poder Judicial". A partir de esa toma de poder del espacio, correrán 120 días para finalizar los trabajos de equipamiento indispensables para el normal funcionamiento de la Justicia penal. Para cumplir con esos plazos, ambos poderes pusieron a disposición los equipos técnicos y las instalaciones necesarias para desarrollar las tareas convenidas que permitan la mudanza.

El nuevo edificio está ubicado en la manzana delimitada por las calles Virasoro, Sarmiento, Rueda y Mitre. Allí, recordaron desde la Corte, se trasladarán los magistrados penales de primera instancia, la Oficina de Gestión Judicial y las delegaciones rosarinas del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. La idea es que todos los actores de un proceso estén en un mismo lugar físico.

Lifschitz y Erbetta acordaron, también, la constitución de un comité de implementación coordinado de forma conjunta por Erbetta y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein. El órgano estará integrado además por representantes del gobierno, de la Corte, del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal.

En cuanto al plazo de 120 días, Erbetta indicó que tiene que ver con el tiempo necesario para la instalación del sistema informático indispensable para grabar las audiencias. También debe realizarse el enlace de la base de datos de la Oficina de Gestión Judicial, amoblamiento y doble tendido de fibra óptica, entre otras cuestiones y detalles.

Para el presidente de la Corte, es "positivo" que entre fines de este mes y principio del otro ya se entregue el edificio, aunque aún no esté en condiciones de ser ocupado. "Hay un compromiso y un interés común en el traslado. Es importante que este año ya podamos ocupar las instalaciones porque tenemos muchos trabajos de refuncionalización del edificio de calle Balcarce, en cuanto a otras áreas críticas como los juzgados laborales y las defensorías civiles, que ganarán espacio", dijo Erbetta.

Al mismo tiempo, señaló que el hecho de la que la Cámara se quede en el edificio histórico tiene que ver con cuestiones de espacio. "En su momento el edificio nuevo fue pensado como un espacio apropiado para el funcionamiento de un sistema acusatorio; pero probablemente, no se tuvo en cuenta la dimensión que esto iba a ir adquiriendo, la carga de trabajo y el nivel de conflictividad, que en Rosario es muy alto", estimó.

Si bien se trata de un edificio que no se puede ampliar, el presidente de la Corte habló de otras posibilidades. "Lo que se previó es que en la propia superficie de la plaza cívica pueda levantarse una estructura a partir de las necesidades que pueda haber, pensando de acá a unos años".